Esta es la cruda realidad, por más que el Gobierno que preside trate de negarlo reiteradamente recurriendo a eufemismos que atentan contra la inteligencia de los ciudadanos. En un país como el nuestro, donde la cultura de la desmemoria sigue presente, es necesario recordar que hace poco menos de un año, el entonces candidato Sr. Rajoy, se presentaba ante los españoles cuán Superman capaz de solucionar los graves problemas que la economía española tenía, pidiendo la confianza para realizarlo; contaba para ello con un programa electoral que prometía la no subida de impuestos, la ausencia de recortes en sanidad y educación y el freno de la destrucción de puestos de trabajo con la consiguiente creación de empleo. El Sr. Rajoy recibió la confianza mayoritaria de los españoles y hoy, más de seis meses ya Presidente del Gobierno, hemos constatado que el programa electoral presentado era falso de origen y sólo era un instrumento de engaño para conseguir el poder de cualquier manera; su verdadero programa político es el que está llevando a cabo desde el Gobierno y que está significando un desmantelamiento acelerado de las estructuras esenciales del Estado del Bienestar, una máxima desprotección de los trabajadores como consecuencia de una reforma laboral salvaje que anula casi la totalidad de sus derechos, un sufrimiento intenso para una mayoría social, una agresión sin precedentes a los empleados públicos y un aumento de los niveles de paro y desprotección que ponen en peligro la cohesión social. Se ha confirmado así la enorme estafa política política que el PP ha realizado para conseguir el Gobierno del país; la permanente alusión a la herencia recibida para tratar de justificar esa estafa no deja de ser una excusa infantil que no resiste una argumentación seria y rigurosa.
Estos días el Presidente, campeón de la firmeza en España (con los débiles) y sumiso ante las autoridades europeas y del Fondo Monetario Internacional, se ha visto obligado a ejecutar las condiciones que esas autoridades le han impuesto y ello ha supuesto la mayor agresión a las condiciones de vida de los españoles en todo el periodo democrático. Las mentiras reiteradas del Gobierno negando la existencia de condicionalidad, han quedado al descubierto y hoy es una evidencia incuestionable que nuestra política económica es dirigida desde fuera de nuestras fronteras; si uno fuese un forofo de la austeridad salvaje como lo es el PP y su Gobierno, diría que podríamos eliminar en el organigrama las figuras de Ministro de Economía y de Hacienda pues sus funciones más importantes ya las realizan y determinan fuera de nuestro país.
Ha sido en la presentación de ese salvaje plan de ajuste en el Congreso (sin comparecer ante la opinión pública), donde hemos comprobado de forma más descarnada el talante de gobernante del Sr. Rajoy; su frialdad extrema al comunicar medidas tan duras como, la reducción de protección al desempleo entre las risas insultos y aplausos de sus correligionarios que parecen desconocer el mandato constitucional recogida en el artículo 41 CE (se exige a los poderes públicos garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad especialmente en caso de desempleo), los recortes salariales brutales a los empleados públicos a los que previamente numerosos miembros de su partido han tratado de desprestigiar acusándolos de trabajar poco y mal, la subida brutal del IVA (castiga más a los más desfavorecidos), retratan de manera nítida su forma de entender el ejercicio del poder: imponer las decisiones, no comparecer ante los ciudadanos que dejan de ser considerados como tales para otorgarles el papel de súbditos.
Al unísono de estas medidas que empobrecen a una mayoría de ciudadanos, el Sr. Rajoy y su Gobierno conceden una amnistía fiscal que no sólo es inmoral y éticamente reprobable, exonerando de responsabilidad penal a quienes han cometido delitos contra la Hacienda Pública, sino que además colisiona con el mandato constitucional recogido en el artículo 31 CE (todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad). ¿Es la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno Rajoy compatible con este precepto constitucional? En mi opinión lisa y llanamente no; es significativo al respecto que los inspectores fiscales se hayan manifestado en contra de esta amnistía.
Asimismo el PP se opone a la creación de una comisión de investigación en relación al caso Bankia y el Gobierno se muestra preocupado porque la Audiencia Nacional abre investigación e imputa a numerosos responsables de esa entidad (mayoritariamente miembros y ex-altos cargos del PP incluido D. Rodrigo Rato ). ¿No es esta actitud escandalosa y reprobable? Sin lugar a dudas si.
El Jefe del Estado, su Majestad el Rey, presidió la primera parte del Consejo de Ministros que ha aprobado los mayores recortes sociales de la democracia y según recogen los medios reclamó del Gobierno no quede nadie excluido de la recuperación cuando ella se produzca; absolutamente de acuerdo con esas palabras, más con todo respeto al Rey, es imperativo también que nadie quede excluido de la asunción de responsabilidades y sacrificios que ahora se exigen a quienes no son responsables de la crisis; los defraudadores tienen que pagar lo defraudado, los banqueros irresponsables que han engañado y estafado a sus clientes tienen que pagar sus irregularidades, en las tramas de corrupción que están siendo investigadas deben acelerarse los procesos judiciales para que los corruptos devuelvan lo sustraído y cumplan sus penas si son condenados; ello es lo propio en un Estado de Derecho.
Una estafa política de tal magnitud, unas medidas durísimas de ajuste que sólo los medios españoles consideran acertadas para salir de la recesión, en contra de la opinión mayoritaria de diarios de relieve internacional y analistas cualificados que entienden sólo servirán para exigir sacrificios innecesarios a la sociedad española y no servirán para reactivar nuestra economía; es inevitable conduzcan a una contestación social importante y esto es lo que está ocurriendo estos últimos días. Mineros, empleados públicos (incluidos policías y bomberos), ciudadanos que han visto recortados sus prestaciones sanitarias y además se les impone copagos con un único afán recaudatorio, la comunidad educativa en su conjunto (profesores, padres y alumnos) que ve como se está destruyendo la educación pública, la comunidad universitaria que ve como los recortes brutales de recursos a las universidades públicas pone en serio peligro su actividad, estudiantes de secundaria que ven como el enorme incremento de las tasas pone en peligro su acceso a la universidad si provienen de las clases más débiles económicamente, ciudadanos de a pie, todos salen a la calle de forma pacífica para manifestar su indignación a pesar de la intimidación que supone una presencia policial desproporcionada.
El conflicto social está servido, el Gobierno lo ha provocado con una política que nos hunde en la recesión, es profundamente antisocial, genera mayores niveles de desigualdad cargando las consecuencias de la crisis sobre las clases media y trabajadora y no eliminando ningún privilegio de los sectores sociales más poderosos económicamente.
De no producirse rectificación gubernamental, la situación se agravará y difícilmente podrá legitimarse políticamente su permanencia en el poder.