Según el derecho constitucional vigente, esto es, de acuerdo con la Constitución de 1978, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que se compone de una nación indivisible que contiene naciones y regiones.
No es mala literatura, los padres de la Constitución hicieron un ejercicio de equilibrio y mesura para tratar de integrar a todas las sensibilidades políticas que existen en el Estado español y que ya existían antes de la Constitución. El origen del Estado constitucional en España comienza en 1812, y, desde entonces, su pervivencia es incuestionable. Con el franquismo, existió una ruptura puesto que España, se constituyó solo como un Estado con derecho, pero no de derecho.
Esta es una diferencia substancial para entender el alcance de nuestra nación y, también, los límites políticos de las naciones que componen el Estado nacional. La nación, es, en mi opinión, una comunidad política con conciencia de sí misma, esto es, con identidad. ¿Qué implica una identidad? El derecho de ser: uno puede ser del Madrid o del Barça, puede preferir estar solo o casado, puede querer ser español, catalán o tan catalán como español. Lo que añade realmente el estatus político de nación, o nacionalidad, es lo que puso de manifiesto con gran inteligencia Javier Tusell al referir que España, como tal, debe ser una nación de naciones en la medida en que ésta se fundamenta en la aceptación ordenada de las identidades: “las naciones son una pluralidad identidades electivas”, esto por supuesto, no supone la división de la división de la soberanía que es nacional. Tiene que ver con el estatus legal de una parte del territorio del Estado, y, es evidente, que no se puede alcanzar con un Estado con derecho como el franquista sino como un Estado de derecho. El resultado político de la nacionalidad es la síntesis de esa pluralidad de identidades que la constituyen políticamente. El alcance social, por supuesto, es muy evidente: existen personas que creen vivir en una comunidad de alcance nacional, pero, por supuesto, comunidad nacional, no significa lo mismo para todos, aunque todos afirmen ser nación: para los socialistas catalanes, por ejemplo, la nación catalana se fundamenta en la existencia de la Constitución que le da un marco legal y, la razón política de ser, es el fortalecimiento de Cataluña, dentro de un Estado federal, el español.
Sabemos que, esto no es totalmente así, puesto que, en el País Vasco y en Navarra existe un sistema de tributación propio y el Estado negocia la cantidad que recaudan las Juntas Generales y las Diputaciones que, es quien tiene la soberanía financiera en Euskadi (el cupo). En cualquier caso, este modelo de nación federada, es distinto al de otros modelos nacionales. Para CiU, Cataluña es una nación que tiene que alcanzar cuotas de poder político, es decir, su vinculación con el Estado, por supuesto es vinculante, aunque continuamente negociable y, la novedad de ahora, es que los ciudadanos de Cataluña deben tomar la palabra en esa decisión. El Partido Popular, acepta la existencia de la nación española pero entiende a Cataluña como una Comunidad Autónoma con características diferenciadas.
En Cataluña, la solución pasa por un pacto tras una negociación con CiU. Por esta razón y, partiendo de las experiencias de cultura constitucional forjadas en más de 30 años, hay que negociar el estatus de las naciones de España. Y esto solo se puede hacer reconociendo que eso obedece a una financiación específica (política de ingresos, no solo de gasto) y, también, una mayor capacidad de participación política en el Estado central como por ejemplo, la presencia de alguna manera en sus instituciones, es decir, un poder más cuantitativo, en vez de nominal.
Por lo tanto, es precisamente el límite del alcance nacional lo que genera problemas políticos. Aunque la Constitución no lo explicita, es evidente que ese rango diferencial se da en aquellas comunidades (nombre con el que se constituyen políticamente las partes en que está compuesto el Estado), con una experiencia de autogobierno previa (Cataluña, País Vasco y Galicia). El problema que existe en España, es que, a duras penas, los políticos entienden el alcance de los términos nación y Estado, siendo muchas veces sinónimos, otras muchas negados, otras tantas equiparados y así sucesivamente.
Que en la nación española existan naciones, no es ningún problema si se entienden bien los modelos políticos de cada cual, y que, ambas, son comprendidas bajo el Estado de derecho constitucional que es lo que da razón legal a la existencia de esas naciones en permanente transformación política.