7 de febrero de 2011, 4:22
nuevatribuna.es | 03.02.2011
El esfuerzo que hemos hecho desde los sindicatos ha estado a la altura del desafío que teníamos delante, y que no era otro que justamente ese, el de la seguridad de la permanencia en el tiempo de un sistema de pensiones cuyo carácter público es la base de un modelo social de Estado de Bienestar que entendemos que es consustancial y, por tanto, inseparable, de nuestro propio Estado democrático y de derecho.
Pero es que, además, se ha conseguido hacer rectificar, corregir y equilibrar los primeros posicionamientos, injustos y abusivos, del Gobierno al respecto, que no tenían en cuenta la realidad laboral de ahora mismo, tan problemática, difícil y atravesada por esta crisis que no se va a superar con la reforma laboral aprobada el pasado mes de junio, que dio lugar a la huelga general del 29 de septiembre, y que a estas alturas ya podemos afirmar con rotundidad, tal y como ya habíamos advertido, que está siendo inútil tanto en la creación de empleo como en el combate contra la temporalidad.
Aquí están las cifras de desempleo y de temporalidad de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, para corroborar una cosa y otra. Después de medio año de la entrada en vigor de dicha reforma laboral, hemos acabado 2010 con 4.696.600 trabajadores en paro en toda España, de ellos 542.000 en la Comunidad de Madrid. A nivel nacional la tasa de temporalidad, aun teniendo un ligero descenso, se mantiene en cifras alrededor del 25%, un 24,8% para ser exactos.
Y lo más alarmante de todo cara a ese futuro al que me he referido al hablar del acuerdo sobre las pensiones, es que la tasa de paro juvenil, la de los menores de 25 años, se ha situado ya en el 42,80%, más del doble de la que era hace solamente cuatro años, en 2006, tiempo en el que no ha dejado de crecer. Los jóvenes, como vemos, tienen cada vez mayores dificultades para encontrar un empleo, nada digamos de un empleo estable, seguro y con derechos, es decir, de un trabajo decente, el único en verdad digno de este nombre.
Pues bien, a la vista de estos datos, resulta evidente que es aquí, en el mercado de trabajo, donde se concentran los problemas que tenemos planteados en las circunstancias presentes y, en consecuencia, donde radican las dificultades que se pueden tener en el futuro, ya en el medio plazo, en cuanto a la disponibilidad de unas pensiones dignas por parte de los que hoy apenas se pueden incorporar a un empleo y menos aún con la necesaria continuidad estabilidad, fijeza y seguridad como para ir consolidando los correspondientes derechos económicos que le garanticen una justa jubilación.
Porque, al fin y al cabo, afirmada la viabilidad del sistema público con unos requisitos de cotización ajustados y equilibrados, de poco servirán éstos si el mercado de trabajo no facilita ni encuentra esa estabilidad y permanencia en los puestos de trabajo, y ni siquiera abre la posibilidad de la incorporación al mismo a una edad tan razonable para empezar a trabajar como son los veinticinco años, precisamente los de una juventud que, sin lugar a dudas, es la mejor preparada de siempre, como se viene repitiendo con insistencia, y con toda la razón, desde hace ya mucho tiempo, pero sin que se terminen de sacar las conclusiones lógicas de esta afirmación.
De la actitud que frente al mercado trabajo tengan, en primer lugar, los empresarios, y a continuación los Ejecutivos, el Gobierno central y, luego, los autonómicos, también el nuestro de la Comunidad de Madrid, dependerá, en grandísima medida, la corrección de unos desajustes y disfunciones que vienen lastrando la vida laboral de las trabajadoras y trabajadores españoles y que, de continuar así, dificultarán enormemente el disfrute de aquellas pensiones y, por consiguiente, la funcionalidad del propio sistema.
Los empresarios y los Gobiernos deben entender que la estabilidad en los puestos de trabajo es la mejor garantía de la viabilidad de todo el sistema, de que la salida de la crisis se acelere y se evite su repetición, de que se mejore la productividad y la solvencia de las empresas y, sobre todo, y es lo que quiero subrayar ahora, de que los trabajadores tengan esas pensiones dignas y suficientes para cuya viabilidad se ha alcanzado el acuerdo citado en el inicio de estas líneas.
Si no ponemos el foco en la imprescindible estabilización del mercado de trabajo y no conseguimos esa continuidad de la vida laboral de los trabajadores de hoy y la de los que se vayan incorporando a aquel, de poco servirán los cálculos que tengamos que hacer sobre un número u otro de años cotizados —38,5, 37 o 35— para disponer de una determinada pensión, porque será muy difícil completar esos u otros periodos cotizables.
Esta es la batalla que tenemos que seguir dando y para ello no podemos entrar en contradicciones. Por ello, el Gobierno y los empresarios tienen que reflexionar acerca de una reforma laboral que, además de la ineficacia que ya ha demostrado, podría entrar en contradicción y entorpecer, o arruinar, las posibilidades abiertas por el pacto social y de las pensiones.
José Ricardo Martínez Castro | Secretario General de UGT-Madrid