11 de enero de 2011, 4:01
nuevatribuna.es | 104.01.2011
Sin embargo, la Ley de Cajas madrileña ni reduce el peso de la política partidista en la Caja, ni profesionaliza su gestión, y siembra incertidumbres, inseguridades y dudas legales, en un momento muy delicado para las entidades financieras.
Cajamadrid vivió recientemente un conflicto muy importante por el intento de controlar la Caja desde el Gobierno Regional. Tras un año de conflicto, un acuerdo político y social permitió la designación de Rodrigo Rato como Presidente. Sin embargo, la nueva Ley no respeta el Acuerdo.
El Gobierno Aguirre incumple el límite legal del 40% de presencia pública en la Asamblea General de la Caja, reservándose el nombramiento del 51% de los miembros de las entidades representativas. La elección de los mismos no tiene otro criterio que no sea la decisión del Consejero de Economía y Hacienda.
Por otro lado, los representantes de sectores productivos y de servicios serán exclusivamente empresarios, olvidando a los trabajadores o a los consumidores.
En cuanto a las Universidades, no podrán elegir autónomamente sus representantes, sino que serán elegidos por los Presidentes de los Consejos Sociales de las Universidades, nombrados por la Presidenta del Gobierno Regional.
Las incompatibilidades entre ser cargo político y miembro de un órgano de dirección de la Caja se posponen hasta 2012.
Con mecanismos como estos el Gobierno Regional se asegura el control político de la Caja, sorteando y escabullendo el cumplimiento de la normativa básica del Estado y mantiene abierto el foco que originó el conflicto en Cajamadrid. Los fines sociales de la Caja quedan desnaturalizados facilitando la instrumentalización de los recursos sociales de la Caja para los fines políticos de turno.
Las entidades financieras españolas tienen una gran responsabilidad en el tremendo impacto de la crisis sobre España. Una crisis que no ha pasado de largo, sino que se ha instalado de lleno en nuestro país. Bancos y Cajas van a tener que acometer retos y reformas de mucho calado para limpiar sus cuentas y buscar fuentes de negocio menos dependientes de los créditos al suelo y el ladrillo.
Sin embargo, normativas como la madrileña, dificultan la necesaria autonomía para acometer esos retos. Las Cajas como instrumentos financieros con fines sociales, al servicio de las sociedades donde se encuentran implantadas, no pueden ni deben vivir de espaldas al devenir económico y a la realidad social, pendientes tan sólo de la política.
No creemos que el futuro de las Cajas sea convertirse en bancos privados. Creemos en su papel económico y social. Pero eso exige que la participación política en las Cajas, no impida la participación social, convirtiéndose en un monopolio de la política partidista.
Francisco Javier López Martín. | Secretario General de CCOO de Madrid