14 de abril de 2009, 8:41
NUEVATRIBUNA.ES - 27.3.2009
Una de las cosas que están quedando más claras en el juicio por el accidente del Yak-42 son las prisas del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, por enterrar el asunto.
Las instrucciones para repatriar cuanto antes los cadáveres de los 62 militares españoles, con unas autopsias light, según indicó el general Navarro en el Congreso, a cuyos diputados se intentó engañar con un informe del CISET (Servicio de Inteligencia del Ejército de Tierra) en el que faltaba un párrafo sobre el mal estado del aparato, los obstáculos para que las familias se entrevistaran con las autoridades turcas, las dilaciones, la falta de información veraz y la desatención que sufrieron los familiares de los fallecidos, que incluso recibieron amenazas y fueron espiadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuando trataban de formar una asociación, tenían como objetivo enterrar la investigación sobre el estado del aparato enterrando deprisa y corriendo los cadáveres, con independencia de cuales fueran sus identidades.
Lo que se ha sabido luego sobre el accidente de Trabzon es que ni el avión (con la caja negra estropeada) ni la tripulación, que trabajaba a destajo (llevaba 23 horas de servicio), reunían las condiciones de seguridad adecuadas para efectuar tales vuelos, que el Ministerio de Defensa ignoró sistemáticamente las quejas de los militares y los avisos del CISET y del CNI, sobre el deterioro de los aviones procedentes de la extinta URSS, que ya habían sufrido accidentes anteriormente, y que, a pesar de tales advertencias, contrató los aviones más baratos que encontró pagando por ellos sumas como si fuesen buenos.
El procedimiento no fue claro, porque intervinieron hasta seis compañías, de las cuales tres corresponden a países que no pertenecen a la OTAN, cuya contratación requiere una autorización expresa que no se solicitó. El Ministerio de Defensa contrató con NAMSA, una agencia de la OTAN en Luxemburgo, los servicios del Yakolev por un importe de 171.350 dólares, ésta contrató con la alemana Champman Freeborn (el nombre se las trae), la cual pagó 148.000 dólares a Volga DNEPR (Irlanda), que subcontrató a Adriyatik LTD (Turquía), la cual pagó 53.000 dólares a la JTR Company SAL (Líbano), la cual finalmente desembolsó 45.000 dólares a UNAIR (Ucrania) que finalmente prestó el servicio. Como se puede observar, parte del dinero pagado por el ministerio español se fue quedando por el camino en sucesivas comisiones, en vez de ser invertido en fletar mejores aviones.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa desconocía las condiciones de los servicios contratados, porque, según informó NAMSA, renunció a su derecho de inspeccionar el aparato, dando por bueno lo que afirmaron las compañías subcontratadas. Esta es la monumental chapuza que el Gobierno de Aznar, fiel a su carácter opaco, trató de ocultar, en la cual los cadáveres de los militares españoles eran testigos molestos, de ahí la prisa por enterrarlos. Pero gracias al tesón de los familiares el caso no acabó allí.
Trillo, que, siguiendo el libro de estilo del PP, se negó a admitir error alguno y descargó la responsabilidad en sus subordinados, fue reprobado por el Congreso en 2005, pero se resistió a entregar el acta de diputado. Y ahí sigue: debiera ser un justiciable pero anda metido a justiciero.
Francisco Javier Vivas es escritor
Una de las cosas que están quedando más claras en el juicio por el accidente del Yak-42 son las prisas del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, por enterrar el asunto.
Las instrucciones para repatriar cuanto antes los cadáveres de los 62 militares españoles, con unas autopsias light, según indicó el general Navarro en el Congreso, a cuyos diputados se intentó engañar con un informe del CISET (Servicio de Inteligencia del Ejército de Tierra) en el que faltaba un párrafo sobre el mal estado del aparato, los obstáculos para que las familias se entrevistaran con las autoridades turcas, las dilaciones, la falta de información veraz y la desatención que sufrieron los familiares de los fallecidos, que incluso recibieron amenazas y fueron espiadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuando trataban de formar una asociación, tenían como objetivo enterrar la investigación sobre el estado del aparato enterrando deprisa y corriendo los cadáveres, con independencia de cuales fueran sus identidades.
Lo que se ha sabido luego sobre el accidente de Trabzon es que ni el avión (con la caja negra estropeada) ni la tripulación, que trabajaba a destajo (llevaba 23 horas de servicio), reunían las condiciones de seguridad adecuadas para efectuar tales vuelos, que el Ministerio de Defensa ignoró sistemáticamente las quejas de los militares y los avisos del CISET y del CNI, sobre el deterioro de los aviones procedentes de la extinta URSS, que ya habían sufrido accidentes anteriormente, y que, a pesar de tales advertencias, contrató los aviones más baratos que encontró pagando por ellos sumas como si fuesen buenos.
El procedimiento no fue claro, porque intervinieron hasta seis compañías, de las cuales tres corresponden a países que no pertenecen a la OTAN, cuya contratación requiere una autorización expresa que no se solicitó. El Ministerio de Defensa contrató con NAMSA, una agencia de la OTAN en Luxemburgo, los servicios del Yakolev por un importe de 171.350 dólares, ésta contrató con la alemana Champman Freeborn (el nombre se las trae), la cual pagó 148.000 dólares a Volga DNEPR (Irlanda), que subcontrató a Adriyatik LTD (Turquía), la cual pagó 53.000 dólares a la JTR Company SAL (Líbano), la cual finalmente desembolsó 45.000 dólares a UNAIR (Ucrania) que finalmente prestó el servicio. Como se puede observar, parte del dinero pagado por el ministerio español se fue quedando por el camino en sucesivas comisiones, en vez de ser invertido en fletar mejores aviones.
Por otra parte, el Ministerio de Defensa desconocía las condiciones de los servicios contratados, porque, según informó NAMSA, renunció a su derecho de inspeccionar el aparato, dando por bueno lo que afirmaron las compañías subcontratadas. Esta es la monumental chapuza que el Gobierno de Aznar, fiel a su carácter opaco, trató de ocultar, en la cual los cadáveres de los militares españoles eran testigos molestos, de ahí la prisa por enterrarlos. Pero gracias al tesón de los familiares el caso no acabó allí.
Trillo, que, siguiendo el libro de estilo del PP, se negó a admitir error alguno y descargó la responsabilidad en sus subordinados, fue reprobado por el Congreso en 2005, pero se resistió a entregar el acta de diputado. Y ahí sigue: debiera ser un justiciable pero anda metido a justiciero.
Francisco Javier Vivas es escritor