28 de enero de 2009, 6:09
La Directiva sobre jornada máxima legal de 65 horas semanales, aprobada por la mayoría de los Ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, supondría, de no conseguir su retirada, un retroceso histórico para los trabajadores y un durísimo zarpazo a unas relaciones sociolaborales e industriales sólidas y democráticas, imprescindibles para garantizar el desarrollo económico y la cohesión social.
Pero esta Directiva no es un hecho aislado, y no está al margen de la hegemonía conservadora existente en la mayoría de los países de la Unión, reforzada a partir de los cambios políticos habidos en Francia e Italia, y la deriva antisocial que desde estos dos Gobiernos se viene impulsando.
Fue la Directiva Bolkestein, son las sentencias sobre Viking y Laval, es el proyecto europeo sobre flexiseguridad, es la idea, defendida por los sectores neoliberales, muy bien definida por cierto por el profesor Baylos, en el recientemente celebrado ciclo de reflexión y debate “diálogos sobre política sindical” organizado por la Fundación Sindical de Estudios, donde sostenía que “frente al Constitucionalismo democrático, se intenta imponer un constitucionalismo de mercado”.
Por tanto la propuesta de directiva de ampliación de la jornada laboral semanal, es un paso más en la culpabilización del derecho laboral de los males de la economía, es el intento de descolectivización del derecho del trabajo como punto de partida.
Para los sectores conservadores y neoliberales, el sistema de derechos y garantías en que consiste el modelo de protección de los trabajadores en la mayoría de los países europeos occidentales resulta en líneas generales responsable de la incapacidad del sistema económico de generar empleo suficiente, de donde se desprende la necesidad de reducir y desregular buena parte de los elementos básicos que configuran el derecho laboral y su sistema de derechos y garantías.
¿Pero qué Europa queremos, una zona de libre cambio sin más, o la de la integración política extendiendo y ampliando los derechos sociolaborales?
El no de Irlanda a la ratificación del Tratado, y desde el análisis que se viene realizando sobre el comportamiento electoral de los distintos sectores y zonas de la población, ¿está o no al margen de esa deriva antisocial que recorre una parte de los Estados de la Unión? Sin duda, todo parece indicar que existe, no en toda su amplitud, pero si en una parte importante, una cierta relación.
Y es que la Europa política será la Europa de la ciudadanía social, de los derechos sociales, la de la cooperación y la democracia o no será.
Esta es la cuestión de fondo. Habrá Europa en toda su dimensión si ésta se fortalece en lo social además de cohesionarse políticamente.
Al igual que hay que subrayar que la libertad económica no debe interferir en los derechos sociales, en el necesario desarrollo del modelo social europeo; y es que sin derechos sociales no es posible el desarrollo económico.
El sindicalismo europeo y también la izquierda europea han de iniciar una fuerte ofensiva, cada uno en el campo de actuación que le corresponde, adoptando medidas e iniciativas tendentes a conseguir en primer lugar la retirada del proyecto de Directiva Europea sobre la jornada máxima legal, mediante la promoción también de la Europa Social, restaurando la confianza, evitando que ésta inicie una senda de agrietamiento, restituyendo la idea de que el modelo social europeo es uno de los rasgos fundamentales de la Unión Europea.
El sindicalismo europeo, y dentro de él, el español, debe adoptar iniciativas muy firmes y contundentes, desde el rechazo a medidas que no persiguen otra cosa que dinamitar las distintas fuentes del Derecho del Trabajo, que persiguen retrocesos históricos en los terrenos social y laboral, favoreciendo todo tipo de propuestas y de iniciativas, también desde la movilización social, destinadas a reforzar el papel de una Europa con fuertes contenidos sociales, a favor del pleno empleo y de la equidad social; porque, además, no hay otra alternativa.
Pero esta Directiva no es un hecho aislado, y no está al margen de la hegemonía conservadora existente en la mayoría de los países de la Unión, reforzada a partir de los cambios políticos habidos en Francia e Italia, y la deriva antisocial que desde estos dos Gobiernos se viene impulsando.
Fue la Directiva Bolkestein, son las sentencias sobre Viking y Laval, es el proyecto europeo sobre flexiseguridad, es la idea, defendida por los sectores neoliberales, muy bien definida por cierto por el profesor Baylos, en el recientemente celebrado ciclo de reflexión y debate “diálogos sobre política sindical” organizado por la Fundación Sindical de Estudios, donde sostenía que “frente al Constitucionalismo democrático, se intenta imponer un constitucionalismo de mercado”.
Por tanto la propuesta de directiva de ampliación de la jornada laboral semanal, es un paso más en la culpabilización del derecho laboral de los males de la economía, es el intento de descolectivización del derecho del trabajo como punto de partida.
Para los sectores conservadores y neoliberales, el sistema de derechos y garantías en que consiste el modelo de protección de los trabajadores en la mayoría de los países europeos occidentales resulta en líneas generales responsable de la incapacidad del sistema económico de generar empleo suficiente, de donde se desprende la necesidad de reducir y desregular buena parte de los elementos básicos que configuran el derecho laboral y su sistema de derechos y garantías.
¿Pero qué Europa queremos, una zona de libre cambio sin más, o la de la integración política extendiendo y ampliando los derechos sociolaborales?
El no de Irlanda a la ratificación del Tratado, y desde el análisis que se viene realizando sobre el comportamiento electoral de los distintos sectores y zonas de la población, ¿está o no al margen de esa deriva antisocial que recorre una parte de los Estados de la Unión? Sin duda, todo parece indicar que existe, no en toda su amplitud, pero si en una parte importante, una cierta relación.
Y es que la Europa política será la Europa de la ciudadanía social, de los derechos sociales, la de la cooperación y la democracia o no será.
Esta es la cuestión de fondo. Habrá Europa en toda su dimensión si ésta se fortalece en lo social además de cohesionarse políticamente.
Al igual que hay que subrayar que la libertad económica no debe interferir en los derechos sociales, en el necesario desarrollo del modelo social europeo; y es que sin derechos sociales no es posible el desarrollo económico.
El sindicalismo europeo y también la izquierda europea han de iniciar una fuerte ofensiva, cada uno en el campo de actuación que le corresponde, adoptando medidas e iniciativas tendentes a conseguir en primer lugar la retirada del proyecto de Directiva Europea sobre la jornada máxima legal, mediante la promoción también de la Europa Social, restaurando la confianza, evitando que ésta inicie una senda de agrietamiento, restituyendo la idea de que el modelo social europeo es uno de los rasgos fundamentales de la Unión Europea.
El sindicalismo europeo, y dentro de él, el español, debe adoptar iniciativas muy firmes y contundentes, desde el rechazo a medidas que no persiguen otra cosa que dinamitar las distintas fuentes del Derecho del Trabajo, que persiguen retrocesos históricos en los terrenos social y laboral, favoreciendo todo tipo de propuestas y de iniciativas, también desde la movilización social, destinadas a reforzar el papel de una Europa con fuertes contenidos sociales, a favor del pleno empleo y de la equidad social; porque, además, no hay otra alternativa.