sábado 14.12.2019

La gran estafa

Es el precio del rescate. El que nos impone Bruselas. El que servilmente acepta Rajoy. Y eso que no fuimos nosotros los presionados sino los que presionamos a los dirigentes comunitarios para que se activara “un rescate sin condiciones”.

Es el precio del rescate. El que nos impone Bruselas. El que servilmente acepta Rajoy. Y eso que no fuimos nosotros los presionados sino los que presionamos a los dirigentes comunitarios para que se activara “un rescate sin condiciones”. Sea como fuere, asistimos a la mayor estafa política desde la transición democrática, porque no solo se recortan derechos y prestaciones hasta límites desconocidos; estamos ante un nuevo proyecto de sociedad desarticulada, insolidaria, atenazada por el miedo, asentada en principios y valores hostiles con la democracia, incompatibles con la Constitución. Es un programa de gobierno que surge de una agenda oculta que no se sometió al veredicto de las urnas.

Cuando el presidente del Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados, su enésimo plan de recortes, sorprendió su radical contenido antisocial (menos prestaciones para las personas en paro, drástico recorte salarial y más jornada para los empleados públicos, que se quedarán sin paga de Navidad, nuevo golpe a las pensiones, confirmación del recorte a la dependencia, imprudente subida del IVA, irresponsable bajada a los empresarios de las cotizaciones sociales), su renuncia a generar actividad económica y empleo; la fuerte vocación centralizadora y antidemocrática frente a ayuntamientos y comunidades autónomas; la privatización de las empresas públicas; y el desmantelamiento del Estado; pero no menos grave fue la puesta en escena del plan: un presidente sonriente anunciando recortes por doquier mientras la bancada popular aplaudía con entusiasmo.

El tono de su intervención se vuelve irritante cuando para justificar el plan de recortes se acuerda de las personas en paro “lo único que realmente me preocupa”. El dramaturgo británico y amigo de Tomas Moro, John Heywood, ya advirtió que “es más fácil elogiar la pobreza que soportarla”, una reflexión muy oportuna para tanto proveedor de ideología conservadora dispuestos a elevar la impostura a categoría política.

Fraude a la ciudadanía

El 20 de noviembre de 2011 el Partido Popular ganó las elecciones.  Las ganó por mayoría absoluta. Poco después formó gobierno, echando mano de mujeres y hombres sabios, con largo expediente académico y dilatada experiencia. Transcurridos siete meses, cabe decir aquello de que no sabían tanto. Su curriculum apenas sirve para tapar su abrupta ineptitud, y su capitán de barco navega a la deriva haciendo honor a su pasión por la pereza. Eso sí, fieles escuderos del liberalismo rampante, no han dudado en poner el país patas arriba, quebrando la convivencia, arruinando el Estado de bienestar, subvirtiendo la democracia. Como paradigma del nuevo discurso corporativo, sustentado en el decreto, ajeno a la participación de la ciudadanía, y hostil con la democracia, el ejecutivo conservador está consumando un espectacular fraude de ley, sacándose de la manga un programa de gobierno que negó tres veces en el proceso electoral. No es que se sienta incómodo con el ideario que inspira la obsesión por el déficit o el adelgazamiento del Estado;  pero anda perdido por no poder administrar a su antojo los tiempos de ejecución.

El Ejecutivo de Rajoy se burla de la democracia, y en esto no conviene frivolizar. Lleva siete meses gobernando mediante decretos. Ha arruinado el diálogo social y político –salvo algunos pinitos con Rubalcaba-. Huye como de la peste del debate de ideas. Acrecienta el poder coercitivo del Estado para tratar de neutralizar la respuesta social. Impulsa la subalternidad de las instituciones democráticas. Agranda su figura de marioneta del lobby conservador europeo. Hace añicos su contrato electoral con la ciudadanía. Levanta un muro entre la sociedad y la política. Acaricia el elitismo corporativo en su relación con los grandes empresarios y banqueros del país. Exhibe un contumaz desprecio por el mundo del trabajo y los sindicatos. Consolida un modelo discriminatorio de relaciones sociales. Estimula la comunicación sectárea frente al pluralismo y la reflexión crítica. Y todo ello va minando el crédito de la política y la democracia en beneficio de populistas y ultraconservadores a los que la cultura democrática les sobra.

En este contexto, adquiere una dimensión singular la propuesta del movimiento sindical de celebrar una consulta el próximo otoño para que trabajadores y ciudadanas se pronuncien sobre los sucesivos paquetes de recortes sociales y laborales que está aplicando el Gobierno. Los sindicatos están cargados de razón al explicar esta consulta como consecuencia de la estafa que supone solicitar el voto para un programa y gobernar con otro. Insisto, no estamos ante una quiebra de su ideario, porque sería tanto como decir que el PP en el fondo no cree en la desregulación de los derechos y la inutilidad del Estado. Lo que sucede es que ya no gobierna los tiempos y entonces precipita la acción ilegítima de gobierno.

Después del verano, por tanto, nos espera un calendario de intensa actividad. De movilización y reivindicación para hacer frente a un plan de agresiones sin precedentes. De movilización y propuesta para pedir a la ciudadanía el pronunciamiento sobre la política del Gobierno. Del resultado podría desprenderse la posibilidad de exigir nuevas elecciones porque este Gobierno ya no estaría en condiciones de seguir engañando a la gente.

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