Antes de cumplirse el primer año de gobierno del Partido Popular algunas cosas ya están muy claras, otras no tanto. La incapacidad para dominar un complejo escenario económico nos confirma algo que se intuía en una oposición que hacía del no su único programa y que presumía de resolver los problemas de España con un mero relevo de caras. Por ahí estábamos advertidos.
Ocurre en cambio que lo que se desvela, lo que no resultaba tan evidente aunque va abriéndose paso de manera inequívoca, es el currículo oculto del partido que gobierna. Que no es otro sino la representación de las clases retrógradas que han hecho que en este país, como señala el profesor Josep Fontana, los saltos atrás sean su seña de identidad.
El partido Popular de Rajoy es con mucho la mejor representación de las clases tradicionalistas y clericales. Si Zumalacárregui levantara la cabeza sabría de inmediato que iba a “chupar banquillo” pues el equipo de gala está jugando … y ganando de momento.
Si en España ha ido conformándose, de manera lenta y con cierto retraso histórico, el concepto de ciudadano como elemento base de una sociedad regida por los derechos de origen humano y de las instituciones para su defensa, no es menos cierto que este devenir ha sufrido fuertes retrocesos y neutralizaciones, de las que el franquismo es su última expresión. ¿He dicho última? Pues no, rectifico, es la penúltima, pues la última afrenta a la evolución de una sociedad basada en la ciudadanía hay que adjudicársela al PP de Rajoy, Gallardon y Wert.
Las clases tradicionalistas de nuestro país, las elites marcadamente aristocráticas o plutócratas han preferido cabildear para obtener beneficios estamentales (justicia incluida, véase caso Urdangarín) antes que realizar los esfuerzos innovadores en materia política, industrial y social que las clases hegemónicas impulsaron en el resto de los países occidentales.
El espíritu de ciudadanía y el cuadro de derechos que conlleva, rompió con un modo de entender la vida como una delegación perpetua de potestad y soberanía. El vasallo cede a su amo todo acto responsable sobre su vida y a cambio obtiene una cierta clemencia, que el amo puede modular a discreción.
El tercer milenio se inicia en España con un momento histórico en el que los derechos de ciudadanía están presentes en la organización social del país, no solo en su modalidad de gobierno. Pero no parece definitivo y una vez más la ciudadanía, el motor del progreso de occidente, se ve amenazada por las facciones políticas que acostumbran a dominar un espacio exento de individuos armados de derechos y ser sustituidos por una caterva de sujetos inermes, desprotegidos, en la medida de lo posible ignorantes y afanándose por su supervivencia material. Si la reforma social nacida del rechazo a la dictadura tuvo como correlato, además de un modelo institucional formalmente democrático, la generalización de los derechos del ciudadano como sostén social, la contrarreforma puesta en marcha por el partido popular se ocupa, por un lado en mantener la fachada que da cobertura legal a sus actos, pero sobre todo se afana en la devolución del sujeto de su condición de ciudadano a la de vasallo
Hay una lista de actos de gobierno que no pueden explicarse de otro modo. Sólo así, en este contexto de afrenta y deconstrucción de la ciudadanía, puede interpretarse el conjunto de medidas que tienen por fin el convertir ciudadanos libres, responsables y armados de derechos en sujetos dependientes, expuestos al capricho del poder, desnudos frente al renovado y bronco código penal y a unas fuerzas de seguridad amedrentadoras.
Esta es la lista incompleta por no abrumar, pero animamos a los lectores a terminarla con sus propias argumentaciones:
• Enjuagar la representación colectiva de la ciudadanía en los parlamentos disolviendo los mecanismos de autonomía y potestad. Minusvalorar el papel y estatus de los representantes de la ciudadanía es un modo sofisticado de ir contra ella.
• Legislar por decreto ley de forma abusiva es una forma de puentear el control gubernamental por parte de la ciudadanía a través de sus representantes. Esta modalidad de gobierno, la favorita del partido popular, más que eficacia administrativa busca dejar en obsolescencia derechos del ciudadano y deslegitimar el órgano de debate y control.
• Hurtar información o degradar la importancia de determinados eventos es un intento de interpretación de las cosas que pasa del ciudadano con derecho a la información a la visión mistificada que de dichas cosas hace el gobernante.
• La aparición de medidas regresivas, como la revisión de las modalidades para interrumpir el embarazo o la incógnita sobre el matrimonio homosexual, es un intento de cercenar los derechos de ciudadano de origen humano por la acción constrictiva del derecho divino.
• La oposición del PP a la asignación de cuotas de mujeres en las instituciones publicas y privadas responde a un modelo de extracción de la mujer del ámbito de la ciudadanía activa para dirigirla a la más “santa” dedicación a la reproducción de nuevos vasallos
• Desregular el mercado de trabajo eliminando todo contrapeso al reparto asimétrico del poder en la economía, es una forma de debilitar la fuente del derecho de ciudadanía, convirtiendo la vida del sujeto en una odisea por la mera supervivencia, alejado de la posibilidad de reivindicar su vida como ser humano.
• Apartar de los órganos colegiales de dirección de ciertas instituciones como se pretende con el desalojo de los padres de los consejos escolares, es una forma de extender la merma de la ciudadanía hasta sus últimas consecuencias. La educación expropiada a los padres, docentes y alumnos es el mejor modo de garantizarse el vasallaje de futuro
Podríamos seguir, pero lo dejamos en tus manos lector. No olvides que un siervo de la gleba era vasallo unos cuarenta años, el total de su expectativa de vida. Pero si firmas una hipoteca de cuarenta o cincuenta años, el vasallaje está garantizado por el mismo periodo de tiempo, o más. Seiscientos años de civilización nos contemplan.