El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Galardón, ya no es el verso suelto del Partido Popular. Al menos no un verso situado en el ala menos reaccionaria de la derecha española, pues en cuanto ha tenido oportunidad se ha colocado en la vanguardia de la revolución conservadora emprendida por el PP.
Alguna de sus iniciativas, como el endurecimiento del código penal, venia recogida en el programa electoral de su partido pero en otras, siguiendo la estela del Gobierno, nos sorprende con propuestas nunca anunciadas que suponen un retroceso de décadas y muestran a las claras el talante del titular de Justicia.
El proyecto de reforma de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial es un buen ejemplo. Pretende dejar el órgano de gobierno de los jueces en su mínima expresión, lo que obligara a suprimir o trasladar (¿a Justicia?) parte de las competencias que ahora tiene, y para evitar su politización propone que sus vocales jueces sean elegidos por sus colegas (como si estos fueran espíritus puros), algo ya ensayado al principio de la etapa democrática y que tuvo que ser modificado por el componente corporativo (también político) que presidia las decisiones del Consejo.
Además de que volver a una situación que la experiencia ya había rechazado, Galardón hace gala de un espíritu trasnochado, casi preconstitucional. Porque el ministro nos propone que uno de los poderes en los que se asienta el Estado Democrático sea elegido parcialmente de forma corporativa, al margen de la voluntad popular.
Aunque donde más claramente se ve el carácter ultraconservador del ministro es en el nuevo proyecto para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, por el que Gallardón pretende eliminar el caso de graves malformaciones del feto como uno de los supuestos que permiten la mujer interrumpir el embarazo. Un proyecto que nos retrotrae a épocas anteriores a 1985.
El ministro no respeta el derecho de la mujer a ser madre cuando quiera, ni parece importarle mucho el futuro de quienes van a nacer con unas malformaciones que implican grandes sufrimientos (también para las familias, incapaces de hacer nada por remediarlos) y total dependencia el tiempo que vivan. Eso sí, lo hace porque quienes están “en proceso de nacer” con graves malformaciones tienen el mismo derecho que los demás a la vida. Aunque no a no sufrir.
Muy progresista Gallardón defendiendo la igualdad a pesar de las malformaciones. Claro que ¿por qué tiene menos derecho quien esté “en proceso de nacer” si el embarazo es consecuencia de una violación? ¿Y si corre riesgo la salud de la madre?
Argumentando como lo hace, Gallardón se ha metido en un jardín del que le va a ser difícil salir. Si parte, como parece que hace, de que el feto es un ente con derechos desde el momento de la concepción, lo único coherente, como defiende la Conferencia Episcopal y las asociaciones provida, es la prohibición total del aborto.
Ese es el quid de la cuestión, pero la premisa del ministro carece de soporte científico, responde a criterios ideológicos con los que muchas personas no estamos de acuerdo. Por eso, por respeto a quienes tenemos otro criterio y sobre todo a las mujeres (ninguna aborta por gusto), a quienes al nacer solo esperan sufrimientos, a sus familias, porque el PSOE cambiara la norma cuando gobierne y ya vale de tejer y destejer leyes, lo más lógico es mantener una ley de plazos como la aprobada la legislatura pasada.
Como no creo que Gallardón sea sensible a estos argumentos me temo que vamos a tener que añadir otro objetivo más a la larga lista de reivindicaciones por las que nos movilizamos.