27 de enero de 2009, 8:53
Vamos a ver: ¿Por qué el comité de expertos citado por la ministra Aído para dar las primeras impresiones sobre la futura ley del aborto, son, en su mayoría, médicos ginecólogos? La ley del aborto no es un problema de ginecología, me parece a mí. Y otra cosa más: ¿Hace falta un comité de expertos? Sólo como recordatorio: hay unas instituciones (el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social) a las que el Gobierno envía, o debería enviar, el texto de ley antes de su presentación en el Parlamento.
Desde hace un tiempo al Gobierno le ha dado por los expertos: gentes a las que se les encarga que estudien la oportunidad de una actuación del Ejecutivo. El problema es que ya existen mecanismos al uso y se utilizan poco. Yo no sé qué tiene que decir un catedrático �con todos los respetos hacia su sabiduría- sobre la oportunidad de una ley como la que comentamos que, en la mayoría de los casos, no es una cuestión médica, sino social y moral.
En buena lid, la opinión de un catedrático no va más allá de la opinión de otra gente con menos títulos y con igual o mayor criterio. La ley del aborto está bien. Y quienes deben opinar sobre ella son los afectados: mujeres y hombres (seamos realistas, sobre todo mujeres) que, por determinadas circunstancias, deciden intervenir en una situación o no deseada o, cuando menos, dudosa.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero busca expertos para todo. Es como un intento de diluir responsabilidades en torno a un tema que, se diga lo que se diga, no tiene el suficiente consenso social. Si el gobierno cree que hay una demanda social sólida para hacer esta ley, debe sacarla adelante, arrostrando su posible impopularidad en algunos sectores y llevándose, a cambio, el beneficio del aplauso de otros sectores más proclives a esta medida.
Se gobierna desde el riesgo. Y �repito- el Ejecutivo tiene sus mecanismos constitucionales para analizar una normativa que teme y no tiene clara. Porque, además � y dicho sea de paso-, las comisiones de expertos no dejan de ser un sistema antidemocrático y poco efectivo. ¿Quién los elige y con qué criterios? No sólo hurtan la opinión de las instituciones del Estado, sino que, además, con ello se corre el riesgo de influir en lo que no se debe: la libertad de decidir de los representantes populares.
Hágase la ley del aborto, si es que el Gobierno tiene claro que se trata de una demanda social, pero no es de recibo que busque la resolución de sus dudas en un colectivo, nombrado arbitrariamente, y que, en teoría y práctica, no está más facultado que nadie para opinar.
Buscar esas salidas tiene, por otro lado, sus riesgos: Si se crea una comisión de expertos para estudiar la redacción y posterior desarrollo de la ley sobre el aborto, ¿qué justifica que otras leyes, de igual o mayor calado, se pongan en marcha sin que se haya cumplido tal trámite?
Carmen Conde escribió:
Escuchadme una vez: ya no me importan
los caminos de aquí, que tanto valen.
Porque anduve una vez, ya me he parado
para ahincarme en la tierra que es de nadie.
Escuchemos, pues, a quien se ahinca en la tierra. No a otros.
Desde hace un tiempo al Gobierno le ha dado por los expertos: gentes a las que se les encarga que estudien la oportunidad de una actuación del Ejecutivo. El problema es que ya existen mecanismos al uso y se utilizan poco. Yo no sé qué tiene que decir un catedrático �con todos los respetos hacia su sabiduría- sobre la oportunidad de una ley como la que comentamos que, en la mayoría de los casos, no es una cuestión médica, sino social y moral.
En buena lid, la opinión de un catedrático no va más allá de la opinión de otra gente con menos títulos y con igual o mayor criterio. La ley del aborto está bien. Y quienes deben opinar sobre ella son los afectados: mujeres y hombres (seamos realistas, sobre todo mujeres) que, por determinadas circunstancias, deciden intervenir en una situación o no deseada o, cuando menos, dudosa.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero busca expertos para todo. Es como un intento de diluir responsabilidades en torno a un tema que, se diga lo que se diga, no tiene el suficiente consenso social. Si el gobierno cree que hay una demanda social sólida para hacer esta ley, debe sacarla adelante, arrostrando su posible impopularidad en algunos sectores y llevándose, a cambio, el beneficio del aplauso de otros sectores más proclives a esta medida.
Se gobierna desde el riesgo. Y �repito- el Ejecutivo tiene sus mecanismos constitucionales para analizar una normativa que teme y no tiene clara. Porque, además � y dicho sea de paso-, las comisiones de expertos no dejan de ser un sistema antidemocrático y poco efectivo. ¿Quién los elige y con qué criterios? No sólo hurtan la opinión de las instituciones del Estado, sino que, además, con ello se corre el riesgo de influir en lo que no se debe: la libertad de decidir de los representantes populares.
Hágase la ley del aborto, si es que el Gobierno tiene claro que se trata de una demanda social, pero no es de recibo que busque la resolución de sus dudas en un colectivo, nombrado arbitrariamente, y que, en teoría y práctica, no está más facultado que nadie para opinar.
Buscar esas salidas tiene, por otro lado, sus riesgos: Si se crea una comisión de expertos para estudiar la redacción y posterior desarrollo de la ley sobre el aborto, ¿qué justifica que otras leyes, de igual o mayor calado, se pongan en marcha sin que se haya cumplido tal trámite?
Carmen Conde escribió:
Escuchadme una vez: ya no me importan
los caminos de aquí, que tanto valen.
Porque anduve una vez, ya me he parado
para ahincarme en la tierra que es de nadie.
Escuchemos, pues, a quien se ahinca en la tierra. No a otros.