17 de septiembre de 2010, 13:53
NUEVATRIBUNA.ES - 17.9.2010
...comités de empresa, juntas de funcionarios, delegados sindicales- lo que da idea del nulo interés que el mundo del trabajo tiene para los voceros que jalean a la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esa imagen de lucha corporativa pretende hacer de los conflictos sociales un problema personal o de grupo -consumidores contra trabajadores, socialistas contra peperos, ciudadanos contra funcionarios, padres contra maestros, mayores contra jóvenes, todos contra los políticos- y así sucesivamente, en un intento de hacer de esos conflictos un problema individual con una imagen más cercana al mundo del espectáculo que al rigor y la profundidad imprescindibles en el análisis político y social.
Un ejemplo de lo anterior es la permanente utilización del término “clase política” para referirse sin distinción a todos aquellos que se dedican a esta actividad, especialmente en cargos institucionales, pues sospechosamente sólo su desempeño se considera actividad política, obviando a miles de personas que realizan política desde ámbito personal y laboral, sobre todo desde la izquierda, y que son las que realmente contribuyen a la extensión de la democracia.
En el campo institucional, y fundamentalmente en el parlamentario, los partidos políticos se proclaman representantes de diferentes intereses ciudadanos que en un sentido amplio podríamos asimilar con las diferentes clases sociales, aunque cuando les corresponde estar en el gobierno esa defensa se difumina mucho en aras del llamado “interés general”.
Podemos aceptar que los diversos partidos políticos tienen la intención de defender intereses diversos, que la izquierda tiene una mayor tendencia a defender a los trabajadores (cuestión claramente en suspenso en estos momentos) y a cumplir las demandas de sus votantes, en general pertenecientes a diferentes clases sociales con intereses contrapuestos.
Pero si analizamos la composición del Parlamento -lo podemos extender a los Parlamentos Autonómicos- observamos que su composición viene dada en un 96% por personas procedentes de las diferentes administraciones públicas, por funcionarios de la enseñanza y por profesionales liberales. Sólo un 3% se puede entender proveniente de los trabajadores por cuenta ajena, autónomos o pertenecientes a otros sectores del mundo laboral.
También en el gobierno y en los diversos ejecutivos autonómicos se ha venido generando una selección en este sentido, acompañada de la idea de que es necesario pertenecer a estos sectores o como mínimo poseer títulos universitarios para ejercer funciones de representación y de gobierno, esto es, la tecnocracia por delante de la política.
Dejando aparte los llamados privilegios, salarios, viajes, dietas, pensiones…, la realidad es que los parlamentarios procedentes de los diversos sectores de las administraciones públicas adquieren un estatus laboral superior al reintegrarse a su empleo tras haber ejercido su función de representantes y sólo por el mero hecho de haberla ejercido. Por otra parte, es de sobra conocida la facilidad con la que abogados y otros profesionales liberales amplían sus carteras siendo o habiendo sido parlamentarios, normalmente con un bajísimo nivel de incompatibilidades.
No ocurre lo mismo con los trabajadores por cuenta ajena y otros sectores laborales. Más bien al contrario. Su participación en la vida parlamentaria -también en la sindical y en otras actividades de carácter colectivo- no lleva aparejado ningún premio, sino que habitualmente supone una pérdida en la cualificación, en la mejora profesional y en los posibles ascensos, cuando no del propio puesto de trabajo, encontrándose en peor situación al abandonar su función de representación que al haberla comenzado.
De esta forma, más allá de los filtros propios establecidos por los partidos políticos al elaborar las listas electorales cerradas, se produce una discriminación objetiva pues frente al interés por participar de las personas del primer grupo que solamente obtienen ventajas, para los demás ese interés es nulo, más allá de la propia voluntad y de la asunción de las dificultades que ello les supone en la vida laboral, lo que les aleja cada vez más de asumir un papel de representación en la vida política en general.
La extracción social de la inmensa mayoría de los parlamentarios, su alejamiento personal y vital de las clases trabajadoras, explica la laxitud que en sus preocupaciones muestran habitualmente los temas laborales y sociales. Cuando, como ocurre en la actualidad, lo que se plantean son recortes salariales y de pensiones y la disminución de los derechos de los trabajadores, su coincidencia en la aplicación de estas medidas es abrumadora pues su origen común, su extracción de la misma casta social les lleva a coincidir en sus intereses personales y de grupo independientemente de su pertenencia a distintos partidos políticos, que cuando expresan divergencias sobre estos temas lo hacen más con el carácter de pelea partidista y electoral que de fondo.
Así, aún cuando el Parlamento es plural y fruto de la diversidad de opciones políticas expresadas por los ciudadanos en las urnas, hay una clase social escasamente representada en sus intereses y así seguirá siendo mientras los partidos políticos, muy especialmente los de izquierda, no asuman -también por propia supervivencia- la inclusión en el Parlamento de trabajadores y miembros de las clases populares, desbrozando los obstáculos que la impiden y estableciendo mecanismos que la favorezcan, a pesar de que ello les suponga enfrentamientos con intereses contrarios a ese fin tanto dentro como fuera de sus propias filas.
A remover este tipo de situaciones, a situar a determinados grupos parlamentarios frente a sus propias contradicciones y a abrir caminos para los trabajadores más allá de imágenes corporativas en las que se les quiere encasillar también va dirigida la Huelga General del 29 de Septiembre.
Javier Fernández - Sindicalista
...comités de empresa, juntas de funcionarios, delegados sindicales- lo que da idea del nulo interés que el mundo del trabajo tiene para los voceros que jalean a la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esa imagen de lucha corporativa pretende hacer de los conflictos sociales un problema personal o de grupo -consumidores contra trabajadores, socialistas contra peperos, ciudadanos contra funcionarios, padres contra maestros, mayores contra jóvenes, todos contra los políticos- y así sucesivamente, en un intento de hacer de esos conflictos un problema individual con una imagen más cercana al mundo del espectáculo que al rigor y la profundidad imprescindibles en el análisis político y social.
Un ejemplo de lo anterior es la permanente utilización del término “clase política” para referirse sin distinción a todos aquellos que se dedican a esta actividad, especialmente en cargos institucionales, pues sospechosamente sólo su desempeño se considera actividad política, obviando a miles de personas que realizan política desde ámbito personal y laboral, sobre todo desde la izquierda, y que son las que realmente contribuyen a la extensión de la democracia.
En el campo institucional, y fundamentalmente en el parlamentario, los partidos políticos se proclaman representantes de diferentes intereses ciudadanos que en un sentido amplio podríamos asimilar con las diferentes clases sociales, aunque cuando les corresponde estar en el gobierno esa defensa se difumina mucho en aras del llamado “interés general”.
Podemos aceptar que los diversos partidos políticos tienen la intención de defender intereses diversos, que la izquierda tiene una mayor tendencia a defender a los trabajadores (cuestión claramente en suspenso en estos momentos) y a cumplir las demandas de sus votantes, en general pertenecientes a diferentes clases sociales con intereses contrapuestos.
Pero si analizamos la composición del Parlamento -lo podemos extender a los Parlamentos Autonómicos- observamos que su composición viene dada en un 96% por personas procedentes de las diferentes administraciones públicas, por funcionarios de la enseñanza y por profesionales liberales. Sólo un 3% se puede entender proveniente de los trabajadores por cuenta ajena, autónomos o pertenecientes a otros sectores del mundo laboral.
También en el gobierno y en los diversos ejecutivos autonómicos se ha venido generando una selección en este sentido, acompañada de la idea de que es necesario pertenecer a estos sectores o como mínimo poseer títulos universitarios para ejercer funciones de representación y de gobierno, esto es, la tecnocracia por delante de la política.
Dejando aparte los llamados privilegios, salarios, viajes, dietas, pensiones…, la realidad es que los parlamentarios procedentes de los diversos sectores de las administraciones públicas adquieren un estatus laboral superior al reintegrarse a su empleo tras haber ejercido su función de representantes y sólo por el mero hecho de haberla ejercido. Por otra parte, es de sobra conocida la facilidad con la que abogados y otros profesionales liberales amplían sus carteras siendo o habiendo sido parlamentarios, normalmente con un bajísimo nivel de incompatibilidades.
No ocurre lo mismo con los trabajadores por cuenta ajena y otros sectores laborales. Más bien al contrario. Su participación en la vida parlamentaria -también en la sindical y en otras actividades de carácter colectivo- no lleva aparejado ningún premio, sino que habitualmente supone una pérdida en la cualificación, en la mejora profesional y en los posibles ascensos, cuando no del propio puesto de trabajo, encontrándose en peor situación al abandonar su función de representación que al haberla comenzado.
De esta forma, más allá de los filtros propios establecidos por los partidos políticos al elaborar las listas electorales cerradas, se produce una discriminación objetiva pues frente al interés por participar de las personas del primer grupo que solamente obtienen ventajas, para los demás ese interés es nulo, más allá de la propia voluntad y de la asunción de las dificultades que ello les supone en la vida laboral, lo que les aleja cada vez más de asumir un papel de representación en la vida política en general.
La extracción social de la inmensa mayoría de los parlamentarios, su alejamiento personal y vital de las clases trabajadoras, explica la laxitud que en sus preocupaciones muestran habitualmente los temas laborales y sociales. Cuando, como ocurre en la actualidad, lo que se plantean son recortes salariales y de pensiones y la disminución de los derechos de los trabajadores, su coincidencia en la aplicación de estas medidas es abrumadora pues su origen común, su extracción de la misma casta social les lleva a coincidir en sus intereses personales y de grupo independientemente de su pertenencia a distintos partidos políticos, que cuando expresan divergencias sobre estos temas lo hacen más con el carácter de pelea partidista y electoral que de fondo.
Así, aún cuando el Parlamento es plural y fruto de la diversidad de opciones políticas expresadas por los ciudadanos en las urnas, hay una clase social escasamente representada en sus intereses y así seguirá siendo mientras los partidos políticos, muy especialmente los de izquierda, no asuman -también por propia supervivencia- la inclusión en el Parlamento de trabajadores y miembros de las clases populares, desbrozando los obstáculos que la impiden y estableciendo mecanismos que la favorezcan, a pesar de que ello les suponga enfrentamientos con intereses contrarios a ese fin tanto dentro como fuera de sus propias filas.
A remover este tipo de situaciones, a situar a determinados grupos parlamentarios frente a sus propias contradicciones y a abrir caminos para los trabajadores más allá de imágenes corporativas en las que se les quiere encasillar también va dirigida la Huelga General del 29 de Septiembre.
Javier Fernández - Sindicalista