8 de julio de 2010, 12:01
NUEVATRIBUNA.ES - 7.7.2010
Es cierto que hoy, gracias a las nuevas tecnologías, podemos estar informados en cuestión de segundos de lo que pasa en cualquier parte del planeta. Sin embargo, mucho nos tememos que -tanto por el exceso de información que recibimos como por la etiología de los centros generadores de la misma, normalmente grandes medios y agencias ligadas a explícitos intereses políticos y económicos-, tener una información más extensa y rápida no quiere decir que estemos mejor informados, que sepamos de verdad no sólo lo que ocurre en Filipinas, sino tampoco lo que se cuece en el pueblo de al lado. En este sentido, el caso de la comunidad Valenciana puede ser paradigmático.
Ayer, martes 6 de julio de 2010, mientras el constructor Enrique Ortiz disfrutaba del chupinazo en Pamplona, la policía se presentó en su vivienda, en las oficinas de sus empresas, en la Diputación de Alicante y en el domicilio de su Presidente, José Joaquín Ripoll, principal representante del ala zaplanista del PP valenciano y antiguo vicepresidente del Consell. Las órdenes de registro y detención procedían de la Fiscalía Anticorrupción y no se basaban en pruebas de última hora sino en las investigaciones que la policía lleva efectuando desde que en 2006 se destapó el caso de las basuras de la Vega Baja alicantina. Hace cuatro años que el asunto colea -¡¡¡cuatro años!!!- pero aquí ni dimite nadie ni pasa nada, y cuando pasa se le echa la culpa al principal enemigo de la democracia según los demócratas populares: El Sr. Rubalcaba, quien al frente de un grupo de policías, fiscales y jueces marxistas pretende convertir España en una nueva unión de soviets. Esta mañana, día 7 de julio, San Fermín, la Alcaldesa de Alicante, siguiendo la estrategia del calamar que normalmente monta el PP ante casos similares, ha dicho que esto es una vergüenza, que no se puede detener así a una persona del rango del Sr. Ripoll, que esto hace mucho daño a las instituciones y a la imagen de la ciudad, que la avisen para prepararse por si se les ocurre entrar en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Tiene que entrar alguien en el Ayuntamiento de Alicante? ¿Para qué? ¿Y si entra la policía por alguna ilegalidad, montará una barricada la señora Castedo o llamará a los trabajadores de todo el mundo para que comiencen la lucha final? Señora Castedo, Sr. Ripoll, Sr. Camps, Sr. Zaplana, Sr. Rajoy, lo que hunde el prestigio de una Comunidad, lo que es una vergüenza, lo que daña irremediablemente la imagen de Alicante y de Valencia, es que haya estado gobernada por personas que declaraban estar en política sólo para enriquecerse, lo que es vergonzoso es meter las manos en los dineros públicos, lo que no tiene nombre es actuar en nombre del pueblo soberano para buscar el medro personal. Eso sí que produce indignación, alarma y escándalo.
No entraremos a valorar hechos que están bajo la tutela judicial y de los que desconocemos detalles veraces. No nos cabe la menor duda de que la presunción de inocencia es un logro de debemos a los viejos luchadores por la libertad, aunque si no tienes nombre “respetable” y pasas por la puerta de una farmacia unos segundos después de que haya sido robada, es posible que te lleven directamente a la cárcel sin preguntarte muchas cosas, es decir que ese derecho vital no se aplica por igual a todas las personas porque evidentemente sigue habiéndolas de primera, segunda y tercera clase. Lo que si haremos es narrar lo más sintéticamente posible cual es la política llevada a cabo en esta Comunidad desde hace 15 años, una política que indudablemente ha propiciado que se multipliquen exponencialmente los casos de corrupción y el desmantelamiento del tejido industrial de la región, especialmente de Alicante.
Hasta la década de los noventa, con las consabidas crisis cíclicas propias del capitalismo, el sector industrial alicantino era uno de los más diversificados y dinámicos de España. De los ciento cuarenta y un municipios de la provincia, era raro encontrar a uno sólo que no tuviese una especialidad. En unos se fabricaban juguetes, en otros turrones y helados, en otros bolsos, zapatos, alfombras, toallas, chocolates, ladrillos, mármoles, vinos y un sinfín de productos que hacían de la provincia un foco de atracción permanente para los trabajadores de otras comunidades. Nadie va a negar que a mediados de los noventa, los distintos sectores productivos de la provincia necesitasen una renovación que les permitiese estar en primera línea para seguir siendo competitivos. Pero como esa era una apuesta a largo plazo, la Generalitat valenciana optó por el camino más fácil y en vez de invertir grandes cantidades en I+D+i para innovar su tejido industrial, prefirió dar comienzo al periodo de mayor especulación constructiva de toda su historia: Todo era edificable. De la noche a la mañana, cientos de empresarios abandonaron sus industrias y, protegidos por planes urbanísticos elaborados ad hoc, se dedicaron a levantar montañas de pisos que hoy, pasada esa tremenda y descabellada vorágine, son muestra de hasta dónde puede llegar la estupidez y la estulticia humana cuando el único motor de su acción es la codicia y la ambición sin límites, cuando quienes ostentan los poderes públicos por mandato de los ciudadanos se empecinan en destruir cuanto tocan para enriquecimiento de propios y extraños.
Eduardo Zaplana y Hernández Soro y Francisco Camps, hoy distanciados no se sabe bien por qué, representan el neofranquismo constructivo. Cuando ya muchos creíamos que con las atrocidades urbanísticas cometidas durante la tiranía franquista teníamos bastante, que no se volverían a producir dislates de esa envergadura en la costa levantina para enriquecer a cuatro gatos hipotecando el futuro de la Comunidad, estos dos señores, al calor de la ley Aznar del suelo, se cargaron la mayor parte de la costa valenciana poniendo en grave peligro la viabilidad a medio plazo del sector turístico regional. Al mismo tiempo que desaparecían industrias –el dinero suele ir, es una costumbre, dónde más beneficios hay sin mirar que pasará mañana- fueron surgiendo “grandes hombres” de negocios, entre los que, sin duda, Enrique Ortiz es uno de los más egregios. No para ahí la cosa, de haberse realizado todos los planes urbanísticos aprobados en Alicante por las distintas Administraciones, hoy la provincia tendría el doble de los habitantes que tiene y habría llegado a un colapso económico y financiero mucho mayor que el actual por la insostenibilidad ambiental del modelo. En ese contexto, es preciso aclarar que la ciudanía, salvo excepciones muy meritorias como las acciones promovidas por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), se vio muy cómoda con el sistema montado por los dos Molt honorables: Era imposible encontrar un fontanero, un alicatador, un electricista y si por casualidad lo encontrabas, el atraco era inevitable. Todos se iban a hacer ricos de la noche a la mañana, y la verdad es que muchos se hicieron. Ahora las cosas van por otros derroteros y nadie parece tener un euro porque el dinero, como el agua, se lo beben los rojos.
Al mismo tiempo que todo esto ocurría, es necesario decir que mientras Alicante se convertía en la provincia con mayor número de niños escolarizados en barracones -que no son otra cosa que contenedores de hierro con pequeñas ventanas montados unos sobre otros-, las Generalitat concedía subvenciones multimillonarias a los colegios confesionales de lujo regidos por frailes y monjas, se embarcaba en locuras megalómanas como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Terra Mítica, el Palau o la Ciudad de la Luz, obras ruinosas, con sobrecostes impresionantes, carísimas de mantener que han servido para el lucro de personas como el arquitecto Santiago Calatrava –que agradecido por sus honorarios, regaló a Valencia el diseño de un monolito para conmemorar la llegada del dueño del Vaticano a la capital- y de otros muchos que pasaban por allí.
No sé si alguien puede creer que con esos mimbres podía salir algo diferente a lo que hoy podemos contemplar desde las más altas cimas de la nada. Pero cuando se degrada intencionadamente la enseñanza pública, se destruye la economía productiva, se utiliza a la tercera caja de ahorros del país para proyectos faraónicos, se privatizan los servicios públicos esenciales a costa de su eficacia y la línea que separa lo público de lo privado apenas se ve, todas las concupiscencias son posibles sin que nadie se extrañe de nada. El cuerpo social está inmunizado porque la corrupción se ha convertido en un modo de vida para muchas personas.
Pedro L. Angosto
Es cierto que hoy, gracias a las nuevas tecnologías, podemos estar informados en cuestión de segundos de lo que pasa en cualquier parte del planeta. Sin embargo, mucho nos tememos que -tanto por el exceso de información que recibimos como por la etiología de los centros generadores de la misma, normalmente grandes medios y agencias ligadas a explícitos intereses políticos y económicos-, tener una información más extensa y rápida no quiere decir que estemos mejor informados, que sepamos de verdad no sólo lo que ocurre en Filipinas, sino tampoco lo que se cuece en el pueblo de al lado. En este sentido, el caso de la comunidad Valenciana puede ser paradigmático.
Ayer, martes 6 de julio de 2010, mientras el constructor Enrique Ortiz disfrutaba del chupinazo en Pamplona, la policía se presentó en su vivienda, en las oficinas de sus empresas, en la Diputación de Alicante y en el domicilio de su Presidente, José Joaquín Ripoll, principal representante del ala zaplanista del PP valenciano y antiguo vicepresidente del Consell. Las órdenes de registro y detención procedían de la Fiscalía Anticorrupción y no se basaban en pruebas de última hora sino en las investigaciones que la policía lleva efectuando desde que en 2006 se destapó el caso de las basuras de la Vega Baja alicantina. Hace cuatro años que el asunto colea -¡¡¡cuatro años!!!- pero aquí ni dimite nadie ni pasa nada, y cuando pasa se le echa la culpa al principal enemigo de la democracia según los demócratas populares: El Sr. Rubalcaba, quien al frente de un grupo de policías, fiscales y jueces marxistas pretende convertir España en una nueva unión de soviets. Esta mañana, día 7 de julio, San Fermín, la Alcaldesa de Alicante, siguiendo la estrategia del calamar que normalmente monta el PP ante casos similares, ha dicho que esto es una vergüenza, que no se puede detener así a una persona del rango del Sr. Ripoll, que esto hace mucho daño a las instituciones y a la imagen de la ciudad, que la avisen para prepararse por si se les ocurre entrar en el Ayuntamiento de Alicante. ¿Tiene que entrar alguien en el Ayuntamiento de Alicante? ¿Para qué? ¿Y si entra la policía por alguna ilegalidad, montará una barricada la señora Castedo o llamará a los trabajadores de todo el mundo para que comiencen la lucha final? Señora Castedo, Sr. Ripoll, Sr. Camps, Sr. Zaplana, Sr. Rajoy, lo que hunde el prestigio de una Comunidad, lo que es una vergüenza, lo que daña irremediablemente la imagen de Alicante y de Valencia, es que haya estado gobernada por personas que declaraban estar en política sólo para enriquecerse, lo que es vergonzoso es meter las manos en los dineros públicos, lo que no tiene nombre es actuar en nombre del pueblo soberano para buscar el medro personal. Eso sí que produce indignación, alarma y escándalo.
No entraremos a valorar hechos que están bajo la tutela judicial y de los que desconocemos detalles veraces. No nos cabe la menor duda de que la presunción de inocencia es un logro de debemos a los viejos luchadores por la libertad, aunque si no tienes nombre “respetable” y pasas por la puerta de una farmacia unos segundos después de que haya sido robada, es posible que te lleven directamente a la cárcel sin preguntarte muchas cosas, es decir que ese derecho vital no se aplica por igual a todas las personas porque evidentemente sigue habiéndolas de primera, segunda y tercera clase. Lo que si haremos es narrar lo más sintéticamente posible cual es la política llevada a cabo en esta Comunidad desde hace 15 años, una política que indudablemente ha propiciado que se multipliquen exponencialmente los casos de corrupción y el desmantelamiento del tejido industrial de la región, especialmente de Alicante.
Hasta la década de los noventa, con las consabidas crisis cíclicas propias del capitalismo, el sector industrial alicantino era uno de los más diversificados y dinámicos de España. De los ciento cuarenta y un municipios de la provincia, era raro encontrar a uno sólo que no tuviese una especialidad. En unos se fabricaban juguetes, en otros turrones y helados, en otros bolsos, zapatos, alfombras, toallas, chocolates, ladrillos, mármoles, vinos y un sinfín de productos que hacían de la provincia un foco de atracción permanente para los trabajadores de otras comunidades. Nadie va a negar que a mediados de los noventa, los distintos sectores productivos de la provincia necesitasen una renovación que les permitiese estar en primera línea para seguir siendo competitivos. Pero como esa era una apuesta a largo plazo, la Generalitat valenciana optó por el camino más fácil y en vez de invertir grandes cantidades en I+D+i para innovar su tejido industrial, prefirió dar comienzo al periodo de mayor especulación constructiva de toda su historia: Todo era edificable. De la noche a la mañana, cientos de empresarios abandonaron sus industrias y, protegidos por planes urbanísticos elaborados ad hoc, se dedicaron a levantar montañas de pisos que hoy, pasada esa tremenda y descabellada vorágine, son muestra de hasta dónde puede llegar la estupidez y la estulticia humana cuando el único motor de su acción es la codicia y la ambición sin límites, cuando quienes ostentan los poderes públicos por mandato de los ciudadanos se empecinan en destruir cuanto tocan para enriquecimiento de propios y extraños.
Eduardo Zaplana y Hernández Soro y Francisco Camps, hoy distanciados no se sabe bien por qué, representan el neofranquismo constructivo. Cuando ya muchos creíamos que con las atrocidades urbanísticas cometidas durante la tiranía franquista teníamos bastante, que no se volverían a producir dislates de esa envergadura en la costa levantina para enriquecer a cuatro gatos hipotecando el futuro de la Comunidad, estos dos señores, al calor de la ley Aznar del suelo, se cargaron la mayor parte de la costa valenciana poniendo en grave peligro la viabilidad a medio plazo del sector turístico regional. Al mismo tiempo que desaparecían industrias –el dinero suele ir, es una costumbre, dónde más beneficios hay sin mirar que pasará mañana- fueron surgiendo “grandes hombres” de negocios, entre los que, sin duda, Enrique Ortiz es uno de los más egregios. No para ahí la cosa, de haberse realizado todos los planes urbanísticos aprobados en Alicante por las distintas Administraciones, hoy la provincia tendría el doble de los habitantes que tiene y habría llegado a un colapso económico y financiero mucho mayor que el actual por la insostenibilidad ambiental del modelo. En ese contexto, es preciso aclarar que la ciudanía, salvo excepciones muy meritorias como las acciones promovidas por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC), se vio muy cómoda con el sistema montado por los dos Molt honorables: Era imposible encontrar un fontanero, un alicatador, un electricista y si por casualidad lo encontrabas, el atraco era inevitable. Todos se iban a hacer ricos de la noche a la mañana, y la verdad es que muchos se hicieron. Ahora las cosas van por otros derroteros y nadie parece tener un euro porque el dinero, como el agua, se lo beben los rojos.
Al mismo tiempo que todo esto ocurría, es necesario decir que mientras Alicante se convertía en la provincia con mayor número de niños escolarizados en barracones -que no son otra cosa que contenedores de hierro con pequeñas ventanas montados unos sobre otros-, las Generalitat concedía subvenciones multimillonarias a los colegios confesionales de lujo regidos por frailes y monjas, se embarcaba en locuras megalómanas como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Terra Mítica, el Palau o la Ciudad de la Luz, obras ruinosas, con sobrecostes impresionantes, carísimas de mantener que han servido para el lucro de personas como el arquitecto Santiago Calatrava –que agradecido por sus honorarios, regaló a Valencia el diseño de un monolito para conmemorar la llegada del dueño del Vaticano a la capital- y de otros muchos que pasaban por allí.
No sé si alguien puede creer que con esos mimbres podía salir algo diferente a lo que hoy podemos contemplar desde las más altas cimas de la nada. Pero cuando se degrada intencionadamente la enseñanza pública, se destruye la economía productiva, se utiliza a la tercera caja de ahorros del país para proyectos faraónicos, se privatizan los servicios públicos esenciales a costa de su eficacia y la línea que separa lo público de lo privado apenas se ve, todas las concupiscencias son posibles sin que nadie se extrañe de nada. El cuerpo social está inmunizado porque la corrupción se ha convertido en un modo de vida para muchas personas.
Pedro L. Angosto