3 de septiembre de 2009, 4:37
NUEVATRIBUNA.ES - 28.6.2009
Las encuestas y los resultados de las recientes elecciones europeas permiten extraer algunas deducciones de la situación de un Partido Popular que en Madrid sigue estando por delante de las fuerzas políticas de izquierdas, aunque ello no se corresponda con la realidad del desgobierno, los desafueros y las imputaciones de “corrupción” a cargos públicos "populares". Aunque la verdadera encuesta será la que tenga lugar en el 2011, cabe hacer una reflexión previa más profunda.
A muchos alarma que tal deterioro democrático no se traduzca en una reprobación de la ciudadanía y que haya un juicio político de los madrileños bastante tolerante con la corrupción, lo que explicaría en parte los resultados. Claro que para hablar de juicio político hay que remontarse a la antigüedad, rescatando este concepto al que la teoría política ha dedicado poca atención. Ya no hay sofistas que le den el sentido que le otorgó Eurípides como "el arte práctico del buen gobierno". Muy al contrario, la idea sofista invertida ha servido como argumento para procurar la exclusión y el cierre de la esfera pública.
Las exclusiones que hemos vivido y las que aún padecen colectivos como los inmigrantes en el ejercicio de derechos políticos siempre se han justificado con argumentos como que esos grupos sociales carecían y carecen de capacidad de juicio político. Incluso entre liberales partidarios de la autonomía individual se ha dudado de que la igualdad de juicio político existiese y, si así fuese, se ha cuestionado que su uso generalizado fuera conveniente, de donde proviene la idea de restringir el sufragio. Este pensamiento avanza y, por ejemplo, Giovanni Sartori cree que, debido a la complejidad de los asuntos políticos y al tipo de conocimiento especializado que requieren, un cierto grado de apatía entre los ciudadanos debe ser bienvenido en cualquier democracia representativa y que las decisiones cruciales deben ser dejadas en manos de los “elegidos”.
La idea de implicación política siempre ha levantado sospechas entre los conservadores, que creían -y creen- que la participación real de la ciudadanía divide profundamente a la sociedad en demandas, ambiciones y necesidades excluyentes. En este caso, los índices de participación señalarían no a la fortaleza sino, precisamente, a la debilidad del régimen democrático. La alta participación sería, pues, señal de insatisfacción o de deslegitimación del sistema e impactaría negativamente en la gobernabilidad. Esto en realidad es lo que sucede en Madrid desde el 26 de Octubre de 2003 con Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad pero es sólo ahora, en que nos encontramos con una crisis de proporciones desconocidas, cuando la ciudadanía desconcertada y agobiada por problemas de desempleo y sobreendeudamiento no atina en el quehacer político, no hay juicio político, no sabe del valor de participar y se percibe abandonada.
Hemos llegado muy lejos sin ejercer de ciudadanos porque la gobernabilidad que hemos tenido en nuestra comunidad durante este período, acompañada de un crecimiento económico insostenible, ha hecho sólo uso de la representación, es decir, de los políticos profesionales. Los expertos han procurado las salidas a las dificultades mediante la interposición de unas elites encargadas de agregar y articular intereses y demandas. Después de todo, lo importante para los ultraliberales es garantizar el ejercicio de la libertad individual, no la participación o el juicio político ciudadano, y en fase de consumismo exagerado no hay ciudadanos, hay clientes y consumidores. La preferencia es el individualismo.
El ciudadano que se promueve desde esta visión está alejado del ideal participativo y por eso la participación ciudadana durante estos años ha sido mínima. El ciudadano que describo comprende los propios intereses no el bien común, los incentivos para participar se hallan más ligados al egoísmo de promocionar lo propio y no al logro del interés general, la promoción del interés personal asegura el incentivo para los mínimos de participación requeridos en una democracia. Esta es una categoría de ciudadano que se explica en términos ligados a los intereses de los individuos y la libertad individual tan aclamada por el PP. Como consecuencia, la actividad política y la participación pública se desincentivan al tiempo que se profesionalizan en una forma de vida. Para esta ideología lo que resulta importante para la autorrealización no tiene conexión con la participación política, sino con el autodesarrollo en la esfera privada y con el control de los mecanismos de agregación de intereses. Los individuos en elecciones eligen entre productos políticos en competición y los sujetan a su control en la elección siguiente. Esta forma de hacer política se desgasta y para funcionar debe entrar en la deriva que vivimos en Madrid, pues en última instancia se trata no de gobernar sino de mantener el poder a costa de lo que sea.
Madrid ha vivido bajo este ideal en los últimos años y ello ha sido demoledor para el ideal participativo: los ciudadanos son profundamente apáticos, ignoran los temas políticos de debate más importantes. Dicho de otro modo: los ciudadanos de nuestra ciudad no poseen juicio político ni aspiran a desarrollarlo y para procurar gobernabilidad, estabilidad y democracia, se ejerce la tolerancia política y se espera la responsabilidad entre las elites. En ningún caso se considera conveniente impulsar o incentivar excesivamente la participación directa de los ciudadanos en los asuntos políticos, lo que no es sino el resultado de un proceso para vaciar el tejido asociativo de contenido.
Ante esta experiencia hemos de preguntarnos: ¿no estaremos creando alienación política en la mayoría de los ciudadanos? ¿No es el alejamiento de la ciudadanía respecto de la participación política más peligrosa, a la larga, para la gobernabilidad? La realidad nos demuestra que esto último precisamente es lo peligroso y lo que quita valor a la democracia. Lo demuestra palmariamente la corrupción política y sus tramas, pero lo doloroso es que la ciudadanía no lo vea como un problema que le concierne. No porque la dureza de la crisis no le deje ver o atender a su juicio político, sino porque los apuros de las familias madrileñas tienen su causa en la implementación económica de la ideología neocon y por ello ha de importarles. Lo triste es que les han impuesto esa idea de delegación y por ello no hay juicio político en los ciudadanos que castigue sus desmanes.
¿Qué podemos hacer entonces? Reforzar la sociedad civil y los lazos cívicos que ésta crea. En las circunstancias actuales, los ciudadanos reaccionan y se movilizan en defensa de su trabajo, contra la pérdida de sus viviendas. Algunos creen justo y necesario recuperar la acción colectiva, participando pero no siempre resulta evidente que este es el camino a seguir, El paradigma de “yo a lo mío” ha de quedar atrás. Así pues, despertar la ilusión y las expectativas de que la implicación política es responsabilidad ciudadana y que cuanto mayor sea la participación mejor será para la sociedad es bueno para la democracia. A ellos debemos dedicar lo mejor de nuestros esfuerzos como cargos públicos. Porque el mal de muchos no puede ser consuelo de tontos.
Los socialistas aspiramos a elevar el tono de la ciudadanía, necesitamos participación y creación, categorías superiores a la tolerancia, una exigencia que nos llevó a la “educación para la ciudadanía” para incentivar valores de deliberación conjunta, mutuo respeto y solidaridad, objetivos que se recogen en el programa educativo tan denostado y combatido por el PP.
Requerimos ciudadanos reactivos, buenos jueces, críticos/as que utilicen su reflexión sobre los valores públicos, intérpretes de la realidad política que les rodea. Pero no es ese el ciudadano mayoritario con el que contamos. Para realizar esas funciones críticas, se requiere aumentar la capacidad cognitiva del ciudadano, se trata de que sea capaz de juzgar directamente (deliberativamente) las más diversas realidades. Requiere autonomía, esto es, juzgar con juicio político y juzgar mediante empatía, algo aún lejos de conseguir para reinventar Madrid.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.
Las encuestas y los resultados de las recientes elecciones europeas permiten extraer algunas deducciones de la situación de un Partido Popular que en Madrid sigue estando por delante de las fuerzas políticas de izquierdas, aunque ello no se corresponda con la realidad del desgobierno, los desafueros y las imputaciones de “corrupción” a cargos públicos "populares". Aunque la verdadera encuesta será la que tenga lugar en el 2011, cabe hacer una reflexión previa más profunda.
A muchos alarma que tal deterioro democrático no se traduzca en una reprobación de la ciudadanía y que haya un juicio político de los madrileños bastante tolerante con la corrupción, lo que explicaría en parte los resultados. Claro que para hablar de juicio político hay que remontarse a la antigüedad, rescatando este concepto al que la teoría política ha dedicado poca atención. Ya no hay sofistas que le den el sentido que le otorgó Eurípides como "el arte práctico del buen gobierno". Muy al contrario, la idea sofista invertida ha servido como argumento para procurar la exclusión y el cierre de la esfera pública.
Las exclusiones que hemos vivido y las que aún padecen colectivos como los inmigrantes en el ejercicio de derechos políticos siempre se han justificado con argumentos como que esos grupos sociales carecían y carecen de capacidad de juicio político. Incluso entre liberales partidarios de la autonomía individual se ha dudado de que la igualdad de juicio político existiese y, si así fuese, se ha cuestionado que su uso generalizado fuera conveniente, de donde proviene la idea de restringir el sufragio. Este pensamiento avanza y, por ejemplo, Giovanni Sartori cree que, debido a la complejidad de los asuntos políticos y al tipo de conocimiento especializado que requieren, un cierto grado de apatía entre los ciudadanos debe ser bienvenido en cualquier democracia representativa y que las decisiones cruciales deben ser dejadas en manos de los “elegidos”.
La idea de implicación política siempre ha levantado sospechas entre los conservadores, que creían -y creen- que la participación real de la ciudadanía divide profundamente a la sociedad en demandas, ambiciones y necesidades excluyentes. En este caso, los índices de participación señalarían no a la fortaleza sino, precisamente, a la debilidad del régimen democrático. La alta participación sería, pues, señal de insatisfacción o de deslegitimación del sistema e impactaría negativamente en la gobernabilidad. Esto en realidad es lo que sucede en Madrid desde el 26 de Octubre de 2003 con Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad pero es sólo ahora, en que nos encontramos con una crisis de proporciones desconocidas, cuando la ciudadanía desconcertada y agobiada por problemas de desempleo y sobreendeudamiento no atina en el quehacer político, no hay juicio político, no sabe del valor de participar y se percibe abandonada.
Hemos llegado muy lejos sin ejercer de ciudadanos porque la gobernabilidad que hemos tenido en nuestra comunidad durante este período, acompañada de un crecimiento económico insostenible, ha hecho sólo uso de la representación, es decir, de los políticos profesionales. Los expertos han procurado las salidas a las dificultades mediante la interposición de unas elites encargadas de agregar y articular intereses y demandas. Después de todo, lo importante para los ultraliberales es garantizar el ejercicio de la libertad individual, no la participación o el juicio político ciudadano, y en fase de consumismo exagerado no hay ciudadanos, hay clientes y consumidores. La preferencia es el individualismo.
El ciudadano que se promueve desde esta visión está alejado del ideal participativo y por eso la participación ciudadana durante estos años ha sido mínima. El ciudadano que describo comprende los propios intereses no el bien común, los incentivos para participar se hallan más ligados al egoísmo de promocionar lo propio y no al logro del interés general, la promoción del interés personal asegura el incentivo para los mínimos de participación requeridos en una democracia. Esta es una categoría de ciudadano que se explica en términos ligados a los intereses de los individuos y la libertad individual tan aclamada por el PP. Como consecuencia, la actividad política y la participación pública se desincentivan al tiempo que se profesionalizan en una forma de vida. Para esta ideología lo que resulta importante para la autorrealización no tiene conexión con la participación política, sino con el autodesarrollo en la esfera privada y con el control de los mecanismos de agregación de intereses. Los individuos en elecciones eligen entre productos políticos en competición y los sujetan a su control en la elección siguiente. Esta forma de hacer política se desgasta y para funcionar debe entrar en la deriva que vivimos en Madrid, pues en última instancia se trata no de gobernar sino de mantener el poder a costa de lo que sea.
Madrid ha vivido bajo este ideal en los últimos años y ello ha sido demoledor para el ideal participativo: los ciudadanos son profundamente apáticos, ignoran los temas políticos de debate más importantes. Dicho de otro modo: los ciudadanos de nuestra ciudad no poseen juicio político ni aspiran a desarrollarlo y para procurar gobernabilidad, estabilidad y democracia, se ejerce la tolerancia política y se espera la responsabilidad entre las elites. En ningún caso se considera conveniente impulsar o incentivar excesivamente la participación directa de los ciudadanos en los asuntos políticos, lo que no es sino el resultado de un proceso para vaciar el tejido asociativo de contenido.
Ante esta experiencia hemos de preguntarnos: ¿no estaremos creando alienación política en la mayoría de los ciudadanos? ¿No es el alejamiento de la ciudadanía respecto de la participación política más peligrosa, a la larga, para la gobernabilidad? La realidad nos demuestra que esto último precisamente es lo peligroso y lo que quita valor a la democracia. Lo demuestra palmariamente la corrupción política y sus tramas, pero lo doloroso es que la ciudadanía no lo vea como un problema que le concierne. No porque la dureza de la crisis no le deje ver o atender a su juicio político, sino porque los apuros de las familias madrileñas tienen su causa en la implementación económica de la ideología neocon y por ello ha de importarles. Lo triste es que les han impuesto esa idea de delegación y por ello no hay juicio político en los ciudadanos que castigue sus desmanes.
¿Qué podemos hacer entonces? Reforzar la sociedad civil y los lazos cívicos que ésta crea. En las circunstancias actuales, los ciudadanos reaccionan y se movilizan en defensa de su trabajo, contra la pérdida de sus viviendas. Algunos creen justo y necesario recuperar la acción colectiva, participando pero no siempre resulta evidente que este es el camino a seguir, El paradigma de “yo a lo mío” ha de quedar atrás. Así pues, despertar la ilusión y las expectativas de que la implicación política es responsabilidad ciudadana y que cuanto mayor sea la participación mejor será para la sociedad es bueno para la democracia. A ellos debemos dedicar lo mejor de nuestros esfuerzos como cargos públicos. Porque el mal de muchos no puede ser consuelo de tontos.
Los socialistas aspiramos a elevar el tono de la ciudadanía, necesitamos participación y creación, categorías superiores a la tolerancia, una exigencia que nos llevó a la “educación para la ciudadanía” para incentivar valores de deliberación conjunta, mutuo respeto y solidaridad, objetivos que se recogen en el programa educativo tan denostado y combatido por el PP.
Requerimos ciudadanos reactivos, buenos jueces, críticos/as que utilicen su reflexión sobre los valores públicos, intérpretes de la realidad política que les rodea. Pero no es ese el ciudadano mayoritario con el que contamos. Para realizar esas funciones críticas, se requiere aumentar la capacidad cognitiva del ciudadano, se trata de que sea capaz de juzgar directamente (deliberativamente) las más diversas realidades. Requiere autonomía, esto es, juzgar con juicio político y juzgar mediante empatía, algo aún lejos de conseguir para reinventar Madrid.
Yolanda Villavicencio M. es diputada Socialista Asamblea de Madrid. Es licenciada en Económicas y Ciencias Empresariales, especialista en Cooperación Internacional al Desarrollo, especialista en Mujer y Desarrollo, máster en Migraciones y Relaciones Intracomunitarias y en los últimos ocho años ha dirigido la entidad AESCO, especializada en migraciones, cooperación al desarrollo y codesarrollo.