20 de septiembre de 2010, 17:19
NUEVATRIBUNA.ES - 22.10.2009
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Flexibilizar el despido. Facilitar el despido. Abaratar el despido. Estas son todas las “reformas estructurales para salir de la crisis” que reclama la patronal como condición para llegar a acuerdos en el marco del diálogo social. Son las mismas “reformas” que se ocultan tras el discurso crítico del PP, en el que jamás se explicitan alternativas concretas a la política económica del Gobierno. Y son exactamente las “reformas” que recitan los seguidores irredentos del catecismo liberal, del Banco de España al FMI, a pesar de que la crisis que dicen combatir tiene su origen precisamente en los postulados de ese mismo dogma.
En este país estamos acostumbrados a los pescadores de río revuelto, a los ventajistas que no pierden oportunidad para procurar el provecho propio a costa del mal global, a los “tacticistas” incapaces de sacrificar el pequeño beneficio inmediato para favorecer el gran beneficio general a medio plazo. Pero aún así sorprende la insistencia pública e impúdica en una reivindicación que no se sostiene ante el análisis más somero. Porque si algo ha demostrado el mercado laboral español durante el último año y medio es que aquí se despide con facilidad: 1.600.000 nuevos parados constituyen la mejor prueba. Porque aún están pendientes de afrontarse otras reformas laborales, para facilitar la creación de empleo en lugar de su destrucción. Y porque puestos a reformar, las auténticas reformas urgentes en nuestra economía debieran tener su objetivo prioritario en el ejercicio eficiente, competitivo y responsable del empresariado.
Para que todo el mundo se aclare: la “reforma” propuesta por la CEOE consiste en “descausalizar” el despido y en fijar un sistema de indemnizaciones “a la carta”. Es decir, se trata de eliminar las causas objetivas que la legislación vigente establece para que un empresario pueda despedir a sus trabajadores, al tiempo que se acaba con las garantías del empleado para percibir una indemnización digna en función de los años trabajados. Bajo la coartada de que “vamos a acabar con la diferenciación injusta entre trabajadores fijos y temporales”, la patronal busca “igualar” a todos por debajo, haciendo a todos los trabajadores “fijos”, pero con facilidad total para el despido y con una indemnización ridícula, de entre 8 y 13 días por año trabajado. Esta fórmula llevaría a la precarización general del mercado de trabajo.
La realidad es que en este país ningún empresario que necesite objetivamente desprenderse de un trabajador está imposibilitado para hacerlo, a pesar de toda la demagogia. Insisto: cada día, por desgracia, contamos con miles de pruebas dolorosas en la carne de hombres y mujeres que pierden su empleo. Es más, buena parte del aumento del desempleo que denuncian PP y CEOE, en torno a 700.000 parados, son consecuencia directa de la aplicación de la última reforma “flexibilizadora” del despido que aprobó el Gobierno Aznar con la aquiescencia de la patronal. Efectivamente, la desaparición de los llamados “salarios de tramitación”, además de dejar indefensos a muchos trabajadores en los procedimientos de despido, ha acelerado la destrucción de empleo.
¿Hacen falta reformas en el mercado laboral? Claro que sí. 1) La estructura vigente de la Formación Profesional aún no facilita debidamente el tránsito del estudio al trabajo para nuestros jóvenes. 2) Está por regular un contrato fijo a tiempo parcial que nos equipare a Europa (estamos diez puntos por debajo de la media de la UE) y que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar. 3) Tenemos una solución pendiente para los parados de larga duración mayores de 45 años. 4) Las bonificaciones (más de 2.400 millones de euros en 2010) que reciben los empresarios “para transformar puestos de trabajo precarios en puestos de trabajo fijos” debieran emplearse ahora simplemente en crear puestos de trabajo. 5) La negociación colectiva para adecuar las condiciones de trabajo a las mejoras de la productividad están atascadas en la mayoría de las grandes empresas, y se mantienen inéditas en las menos grandes…. ¡Claro que hay reformas por emprender! ¡Para facilitar el empleo! ¡No para facilitar su destrucción!
¿Y qué hay de las reformas en el empresariado? ¿Hay alguien que crea aún que las dificultades de nuestro tejido productivo para ganar productividad y competitividad tienen que ver en exclusiva (o sobre todo) con la regulación del despido? ¿No estará más ajustado a la realidad el análisis que relaciona tales limitaciones con el apego de nuestro empresariado por las estrategias especulativas? ¿O con la deficiente apuesta empresarial por la investigación, la innovación y la formación de su personal? Obama acaba de señalar un camino interesante: el recorte drástico por vía legal en las retribuciones de los directivos en empresas que reciben ayudas públicas. Quizás otro camino a explorar tenga que ver con la garantía en la fluidez del crédito al emprendimiento. Y puede que las empresas deban afrontar definitivamente su incorporación a la era del conocimiento, a la tecnología digital, a la producción y el comercio en la red…
Cada vez somos más los que pensamos que es la clase empresarial de este país la que necesita una “reforma” profunda, en sus valores, en sus actitudes, en su formación, en su comportamiento, en su responsabilidad social, en su compromiso con el interés general, en su eficiencia… Ahora bien, mientras todas las propuestas de sus representantes en la CEOE sigan resumiéndose en la de siempre, en abaratar el despido, obtendrán una respuesta clara. No. Y punto.
Rafael Simancas - Diputado del PSOE en el Congreso.
PARA FUNDACIÓN SISTEMA
Flexibilizar el despido. Facilitar el despido. Abaratar el despido. Estas son todas las “reformas estructurales para salir de la crisis” que reclama la patronal como condición para llegar a acuerdos en el marco del diálogo social. Son las mismas “reformas” que se ocultan tras el discurso crítico del PP, en el que jamás se explicitan alternativas concretas a la política económica del Gobierno. Y son exactamente las “reformas” que recitan los seguidores irredentos del catecismo liberal, del Banco de España al FMI, a pesar de que la crisis que dicen combatir tiene su origen precisamente en los postulados de ese mismo dogma.
En este país estamos acostumbrados a los pescadores de río revuelto, a los ventajistas que no pierden oportunidad para procurar el provecho propio a costa del mal global, a los “tacticistas” incapaces de sacrificar el pequeño beneficio inmediato para favorecer el gran beneficio general a medio plazo. Pero aún así sorprende la insistencia pública e impúdica en una reivindicación que no se sostiene ante el análisis más somero. Porque si algo ha demostrado el mercado laboral español durante el último año y medio es que aquí se despide con facilidad: 1.600.000 nuevos parados constituyen la mejor prueba. Porque aún están pendientes de afrontarse otras reformas laborales, para facilitar la creación de empleo en lugar de su destrucción. Y porque puestos a reformar, las auténticas reformas urgentes en nuestra economía debieran tener su objetivo prioritario en el ejercicio eficiente, competitivo y responsable del empresariado.
Para que todo el mundo se aclare: la “reforma” propuesta por la CEOE consiste en “descausalizar” el despido y en fijar un sistema de indemnizaciones “a la carta”. Es decir, se trata de eliminar las causas objetivas que la legislación vigente establece para que un empresario pueda despedir a sus trabajadores, al tiempo que se acaba con las garantías del empleado para percibir una indemnización digna en función de los años trabajados. Bajo la coartada de que “vamos a acabar con la diferenciación injusta entre trabajadores fijos y temporales”, la patronal busca “igualar” a todos por debajo, haciendo a todos los trabajadores “fijos”, pero con facilidad total para el despido y con una indemnización ridícula, de entre 8 y 13 días por año trabajado. Esta fórmula llevaría a la precarización general del mercado de trabajo.
La realidad es que en este país ningún empresario que necesite objetivamente desprenderse de un trabajador está imposibilitado para hacerlo, a pesar de toda la demagogia. Insisto: cada día, por desgracia, contamos con miles de pruebas dolorosas en la carne de hombres y mujeres que pierden su empleo. Es más, buena parte del aumento del desempleo que denuncian PP y CEOE, en torno a 700.000 parados, son consecuencia directa de la aplicación de la última reforma “flexibilizadora” del despido que aprobó el Gobierno Aznar con la aquiescencia de la patronal. Efectivamente, la desaparición de los llamados “salarios de tramitación”, además de dejar indefensos a muchos trabajadores en los procedimientos de despido, ha acelerado la destrucción de empleo.
¿Hacen falta reformas en el mercado laboral? Claro que sí. 1) La estructura vigente de la Formación Profesional aún no facilita debidamente el tránsito del estudio al trabajo para nuestros jóvenes. 2) Está por regular un contrato fijo a tiempo parcial que nos equipare a Europa (estamos diez puntos por debajo de la media de la UE) y que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar. 3) Tenemos una solución pendiente para los parados de larga duración mayores de 45 años. 4) Las bonificaciones (más de 2.400 millones de euros en 2010) que reciben los empresarios “para transformar puestos de trabajo precarios en puestos de trabajo fijos” debieran emplearse ahora simplemente en crear puestos de trabajo. 5) La negociación colectiva para adecuar las condiciones de trabajo a las mejoras de la productividad están atascadas en la mayoría de las grandes empresas, y se mantienen inéditas en las menos grandes…. ¡Claro que hay reformas por emprender! ¡Para facilitar el empleo! ¡No para facilitar su destrucción!
¿Y qué hay de las reformas en el empresariado? ¿Hay alguien que crea aún que las dificultades de nuestro tejido productivo para ganar productividad y competitividad tienen que ver en exclusiva (o sobre todo) con la regulación del despido? ¿No estará más ajustado a la realidad el análisis que relaciona tales limitaciones con el apego de nuestro empresariado por las estrategias especulativas? ¿O con la deficiente apuesta empresarial por la investigación, la innovación y la formación de su personal? Obama acaba de señalar un camino interesante: el recorte drástico por vía legal en las retribuciones de los directivos en empresas que reciben ayudas públicas. Quizás otro camino a explorar tenga que ver con la garantía en la fluidez del crédito al emprendimiento. Y puede que las empresas deban afrontar definitivamente su incorporación a la era del conocimiento, a la tecnología digital, a la producción y el comercio en la red…
Cada vez somos más los que pensamos que es la clase empresarial de este país la que necesita una “reforma” profunda, en sus valores, en sus actitudes, en su formación, en su comportamiento, en su responsabilidad social, en su compromiso con el interés general, en su eficiencia… Ahora bien, mientras todas las propuestas de sus representantes en la CEOE sigan resumiéndose en la de siempre, en abaratar el despido, obtendrán una respuesta clara. No. Y punto.
Rafael Simancas - Diputado del PSOE en el Congreso.