Sabemos cuales son algunas de las razones y otras nos las imaginamos, por las que el Presidente del Gobierno ha propuesto una reforma constitucional para imponer un techo de gasto que garantice de cara al exterior el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y para dar confianza a los inversores.
Formamos parte de la Unión Monetaria de la UE, hay que salvar el euro y dar confianza a los mercados pero al mismo tiempo, tenemos un ordenamiento jurídico y un modelo de Estado, un Estado social y democrático de derecho sobre el que está vertebrada nuestra Constitución.
En nuestra Constitución, no podemos separar lo social y lo económico. El crecimiento económico, la productividad y el presupuesto y gasto público, va íntimamente ligado al Estado del Bienestar, a los servicios y políticas públicas como la educación, la sanidad, los servicios sociales y la protección social. Solo garantizando desde los distintos Poderes Públicos y las Administraciones los servicios y la protección tendremos una sociedad avanzada socialmente y competitiva económicamente.
La estabilidad y el equilibrio económico es crucial para el desarrollo y el bienestar, pero el Estado, los gobiernos, los parlamentos y en definitiva, todos los ciudadanos y ciudadanas y nuestro futuro no puede depender de las necesidades del sistema financiero, de operaciones bursátiles de los bancos y las agencias de calificación norteamericanas.
La solución a medio y largo plazo, no pasa por reformar constituciones y obligarnos a nivel constitucional, poniendo un techo de gasto en nuestra Carta Magna. No estamos más comprometidos, ni es la solución mágica al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, es la portada, el escaparate para que nos compren deuda pública, pero los objetivos, los requisitos y las cuestiones técnicas son la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Por el contrario, con una reforma en cinco minutos, sin revisar a qué aspectos de la Constitución afecta, sí estaríamos quebrantando el propio Modelo de Estado, el Estado Social.
Si se lleva a cabo la reforma, es necesaria una reforma más amplia que arbitre instrumentos que garanticen el Estado del Bienestar para que no se adultere el espíritu de la Constitución, la que refrendamos la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con nuestro voto por sufragio universal. Lo que nos piden no es solo una solución técnica, introduciendo un artículo, lo que nos piden es que renunciemos a lo conseguimos y decidimos todos los españoles en 1978, a cambiar lo social por lo neoliberal.
Esa es la razón por la que el PP no se pone de acuerdo con el PSOE en el contenido y en los términos en los que ha de regularse el techo de gasto y el cumplimiento del objetivo del déficit cero, quiere eliminar por la puerta de atrás y amparándose en la crisis económica, el Estado del Bienestar.
No es un problema de porcentajes de crecimiento al 2, 3 ó 4 % con déficit cero y superávit con un pequeño déficit. El problema es que instalamos en nuestra Norma Fundamental un modelo neoliberal, si no garantizamos el Estado Social en el articulado. Lo vinculante será lo económico y lo programático y las declaraciones de intenciones serán para lo social.
Establecer la rigidez que quiere Rajoy, es lo mismo que pedirnos a todos los españoles que nos suicidemos socialmente hablando, y nos convirtamos en súbditos de los caprichos y vaivenes de las agencias de calificación y de los que especulan a través de los mercados financiaros.
Los socialistas tenemos claro, que hay que controlar el gasto, conseguir estabilidad económica y eficiencia en la gestión pública de todas las Administraciones, pero la solución, no es la que nos piden, la solución pasa por regular y controlar las operaciones financieras especuladoras a corto plazo, por crear una agencia de calificación europea y gravar las transacciones pasando por un impuesto a los bancos.
La solución está en arbitrar los mecanismos e instrumentos necesarios a nivel europeo para regular y controlar el sistema financiero y no supeditar los Estados y los gobiernos a la economía y a intereses económicos que no son los de los ciudadanos y ciudadanas. Ni generan riqueza, ni mejoran el sistema productivo y ni la competitividad. Solo obedecen a intereses egoístas que nos están hundiendo a todos y están arruinando España. Esa es la reforma que quiere el PP.
El déficit, su control, los presupuestos y todos los instrumentos económicos deben ser eso, instrumentos al servicio del Estado y nunca el Estado debe ser un instrumento al servicio de las necesidades del sistema financiero. Por eso creo que la reforma servirá para poco. La Constitución ya dice en el art. 40.1 que “Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica (…)”.
Entiendo que el art. 40 avala mi argumentación, lo que deben promover los poderes públicos es el progreso social y económico, para conseguir una sociedad más igualitaria, con igualdad de oportunidades y el instrumento para ello, es el marco de una política de estabilidad económica, no al revés.
Aún estando en contra de una reforma para esto, cualquier modificación que pretenda introducir un techo de gasto y déficit cero, pasa por reforzar y garantizar los aspectos sociales que recoge el Capítulo III del Título I de la Constitución, dedicado a los “Principios rectores de la Política Social y Económica” y mantener el Título VIII sobre “Economía y Hacienda”, si queremos garantizar como dice su Preámbulo “(…) un orden económico y social justo” “(…) promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”.
Si no es así, no sé si llegaremos al déficit cero, pero lo que es seguro es que tendremos grandes desigualdades sociales y con una calidad de vida y servicios públicos deteriorados que es a lo que aspira el neoliberalismo de Rajoy y Esperanza Aguirre y los mercados.
¿Estamos a tiempo?