27 de enero de 2009, 8:05
La Sanidad Pública es un instrumento esencial para la seguridad y confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado de garantizar la cohesión de nuestra sociedad.
Cuando hablamos de Estado no nos referimos exclusivamente a la Administración Central. Vivimos en un Estado Autonómico y la Administración Autonómica juega un papel esencial, porque la prestación de servicios como el sanitario ha sido transferida a las comunidades autónomas.
En su día Madrid recibió unas transferencias sanitarias infradotadas. La estimación más prudente habla de 1.200 millones de euros por debajo de las necesidades reales. Los ciudadanos siguen confiando en la Sanidad pública y la prefieren, pero ello no evita que opinen que desde el momento de la transferencia se ha ido produciendo un deterioro progresivo.
Varios factores avalan esta sensación ciudadana. Recibimos menos recursos de los necesarios cuando el Gobierno de Aznar nos transfirió el sistema sanitario. En muy pocos años hemos visto crecer en más de un millón el número de cartillas sanitarias. Los recursos materiales y de personal no han crecido al mismo ritmo. Lejos de ordenar el sistema sanitario, la Ley de Ordenación Sanitaria (LOSCAM) de la Comunidad de Madrid, la reordenación de Áreas Sanitarias, la diversificación de modelos experimentales de gestión, la entrega de cada vez más recursos a la iniciativa privada que, además, participa activamente en los nuevos modelos hospitalarios y centros de especialidades y la carencia de diálogo y voluntad de acuerdo político y social en torno a un tema tan sensible como la Sanidad, han producido un desorden tal que las inauguraciones no bastan para encubrir el precipicio junto al cual discurre la gestión de la sanidad en Madrid.
El punto de inflexión, más allá del cual el malestar se generaliza, se ha producido ante la aprobación por ley de la discrecionalidad y manos libres del gobierno Aguirre para privatizar cualquier servicio sanitario y la incapacidad política para restablecer la confianza de los profesionales tras la sentencia del caso Severo Ochoa, en el cual el anterior responsable de la Consejería, el Señor Lamela ha actuado más como fiscal y acusación particular, que como defensor de la honestidad y el buen trabajo de sus profesionales.
La situación se puede afrontar y corregir si hay voluntad de dialogar y, aún en un escenario económicamente más complicado, vocación de destinar los recursos necesarios para fortalecer el sistema necesario.
Sin embargo en lugar de ello el nuevo Consejero, Sr, Güemes responde al malestar con insultos a las centrales sindicales, olvidando que sólo somos los portavoces de una situación y quienes vertebramos democráticamente ese maleta. En lugar de acometer los retos de la sanidad, Güemes quiere matar al mensajero. No hay nada mejor, a tenor de sus resultados electorales, que buscar culpables externos: la culpa es de Zapatero. O de la oposición. O de Gallardón. O de los sindicatos de clase. O de los propios sindicatos amarillos y corporativos que han alimentado a sus pechos. O de Rajoy.
Sólo porque los sindicatos decimos que cuando la economía va mal y el empleo se debilita, el Gobierno tiene que buscar recursos, apostar por el diálogo para fortalecer el sistema sanitario público y los servicios públicos en general, en lugar de seguir empeñados en convertir la sanidad en una oportunidad de negocio para constructoras, entidades financieras, consultoras de confianza y otros socios atentos siempre a la información privilegiada y el negocio fácil y seguro.
Cuando hablamos de Estado no nos referimos exclusivamente a la Administración Central. Vivimos en un Estado Autonómico y la Administración Autonómica juega un papel esencial, porque la prestación de servicios como el sanitario ha sido transferida a las comunidades autónomas.
En su día Madrid recibió unas transferencias sanitarias infradotadas. La estimación más prudente habla de 1.200 millones de euros por debajo de las necesidades reales. Los ciudadanos siguen confiando en la Sanidad pública y la prefieren, pero ello no evita que opinen que desde el momento de la transferencia se ha ido produciendo un deterioro progresivo.
Varios factores avalan esta sensación ciudadana. Recibimos menos recursos de los necesarios cuando el Gobierno de Aznar nos transfirió el sistema sanitario. En muy pocos años hemos visto crecer en más de un millón el número de cartillas sanitarias. Los recursos materiales y de personal no han crecido al mismo ritmo. Lejos de ordenar el sistema sanitario, la Ley de Ordenación Sanitaria (LOSCAM) de la Comunidad de Madrid, la reordenación de Áreas Sanitarias, la diversificación de modelos experimentales de gestión, la entrega de cada vez más recursos a la iniciativa privada que, además, participa activamente en los nuevos modelos hospitalarios y centros de especialidades y la carencia de diálogo y voluntad de acuerdo político y social en torno a un tema tan sensible como la Sanidad, han producido un desorden tal que las inauguraciones no bastan para encubrir el precipicio junto al cual discurre la gestión de la sanidad en Madrid.
El punto de inflexión, más allá del cual el malestar se generaliza, se ha producido ante la aprobación por ley de la discrecionalidad y manos libres del gobierno Aguirre para privatizar cualquier servicio sanitario y la incapacidad política para restablecer la confianza de los profesionales tras la sentencia del caso Severo Ochoa, en el cual el anterior responsable de la Consejería, el Señor Lamela ha actuado más como fiscal y acusación particular, que como defensor de la honestidad y el buen trabajo de sus profesionales.
La situación se puede afrontar y corregir si hay voluntad de dialogar y, aún en un escenario económicamente más complicado, vocación de destinar los recursos necesarios para fortalecer el sistema necesario.
Sin embargo en lugar de ello el nuevo Consejero, Sr, Güemes responde al malestar con insultos a las centrales sindicales, olvidando que sólo somos los portavoces de una situación y quienes vertebramos democráticamente ese maleta. En lugar de acometer los retos de la sanidad, Güemes quiere matar al mensajero. No hay nada mejor, a tenor de sus resultados electorales, que buscar culpables externos: la culpa es de Zapatero. O de la oposición. O de Gallardón. O de los sindicatos de clase. O de los propios sindicatos amarillos y corporativos que han alimentado a sus pechos. O de Rajoy.
Sólo porque los sindicatos decimos que cuando la economía va mal y el empleo se debilita, el Gobierno tiene que buscar recursos, apostar por el diálogo para fortalecer el sistema sanitario público y los servicios públicos en general, en lugar de seguir empeñados en convertir la sanidad en una oportunidad de negocio para constructoras, entidades financieras, consultoras de confianza y otros socios atentos siempre a la información privilegiada y el negocio fácil y seguro.