29 de julio de 2010, 13:33
NUEVATRIBUNA.ES - 29.7.2010
Nos acercamos a un período preelectoral que viene dado por las citas electorales más próximas en el tiempo: las catalanas de este mismo año y las municipales de mayo del que viene.
Es por eso predecible que en el futuro próximo, y en relación a la “inmigración”, abunden dos tipos de mensajes desconcertantes, tanto entre los opinadores y creadores de opinión publicada, como en los líderes políticos y partidarios, y en los medios de comunicación.
De una parte son previsibles mensajes de signo “alarmista”, encaminados a afianzar un voto (“favorable” o “contrario”) que tiene muy en cuenta la inmigración, haciendo de ésta un uso populista y un arma arrojadiza.
De la otra, mensajes de simpatía, encaminados a atraer a un potencial electorado inmigrante que en los próximos comicios tendrá derecho al voto (según una extrapolación del censo que hemos realizado desde AESCO, en torno a 700.000 personas residentes de los países a quienes se autoriza este derecho, más el importante núcleo de ciudadanos comunitarios europeos con análogo derecho y con una proporción tal vez superior a las 400.000 personas).
No voy a entrar en la primera de las cuestiones, la del uso clientelar y alarmista de la inmigración, sino para decir que sería más que deseable que los distintos actores sociales “ajenos” a la tentación electoralista y a la contienda que se fragua, hiciéramos el firme compromiso y la declaración conjunta de manifestar nuestro contundente y militante rechazo de este uso, venga de donde venga, y de combatirlo con la deslegitimación y la llamada a la sociedad a no votar a formaciones o personajes que promuevan o insinúen tales planteamientos. Si el conjunto de las ONG´s, organizaciones sociales, de los llamados “Agentes Sociales”, entidades cívicas, medios de comunicación creíbles y un largo etcétera, nos pusiéramos de acuerdo y suscribiéramos un compromiso de este calado, mucho ganaría nuestra democracia, precisamente en un momento en que la opinión mayoritaria de nuestra sociedad sitúa como el tercer problema más sentido entre nosotros a los políticos y no la inmigración, como algunos de ellos pretenden.
Pero nos enfrentamos al segundo de los problemas, sobre el que, con toda precaución, quiero alertar.
Conforme a los tratados que España ha suscrito en los últimos tiempos con “terceros países”, los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en España con más de cinco años de residencia legal y sean originarios de Colombia, Ecuador Nueva Zelanda, Chile, Perú o Paraguay, alrededor de 700000 personas, tendrán derecho formal al voto en las próximas elecciones locales de mayo de 2011. A ellos deben unirse los ciudadanos pertenecientes a cualquiera de los países de la UE, lo que incorpora, amén de ingleses, alemanes, franceses y otros países de la primera división europea que residen en España, a un contingente muy amplio de rumanos, polacos, búlgaros y personas que hasta hace bien poco eran considerados “inmigrantes” y que aún hoy siguen siendo objeto de discriminación y de tal categorización por parte de la sociedad española.
Ahora bien, este derecho “otorgado” y que ha sido una de las reivindicaciones nucleares de las organizaciones de inmigrantes y del resto de organizaciones sociales como un elemento necesario (aunque no suficiente) para la plena integración y no discriminación entre españoles y nuevos ciudadanos, puede quedarse en agua de borrajas si no se habilitan de forma adecuada y “proactiva” los mecanismos necesarios para que la experiencia sea un éxito.
Efectivamente, conforme a la legislación vigente, el censo electoral se configura de forma permanente y los alcaldes de los más de ocho mil pueblos que hay en España tienen la obligación de remitir al censo electoral los listados de sus empadronados con carácter mensual para dicho fin. Los españoles no necesitan “solicitar” su inclusión en el censo electoral.
Pero, por lo que respecta a estos “nuevos votantes” las cosas no ocurren así: Salvo el convenio de Noruega, que permite la inclusión permanente de los noruegos residenciados en España, los restantes más de 700000 “electores potenciales” de “terceros países” no son incluidos de forma automática en el censo electoral, sino que se necesita que el Gobierno de la Nación establezca una norma específica que señale el plazo en el que , de forma personal, deben ir a inscribirse a su ayuntamiento a estos efectos.
En la actualidad, y según información extraoficial cuyo alcance realmente no es fácil medir, la opción que parece probable es que se abra un plazo de inscripción personal de los afectados desde el uno de diciembre del presente año al quince de enero del que viene, en el cual deberán ir a su ayuntamiento de empadronamiento a rellenar una instancia pidiendo su inclusión en el censo electoral.
La triste realidad es que, de no mediar acciones adecuadas, podría ser que un derecho que está llamado a ser tan trascendente, se quede en agua de borrajas por una gestión ineficiente, porque es obvio que un plazo tan corto, acompañado del desconocimiento generalizado de la población (por no hablar de las propias oficinas municipales) de los cauces y requisitos previos para su ejercicio, puede dar lugar a un bajo número de votantes efectivos y, de rondón, a un argumento torticero de que este derecho no es tan importante porque en realidad la gente no lo ejerce.
Es en estas circunstancias es necesario que a la mayor urgencia se aclare el trámite y plazos para la inscripción previa, que sería deseable que fuera lo más amplio posible y en la medida de lo posible lo más aproximado al régimen general de confección del padrón electoral para los españoles de “inscripción permanente”. Según parece estamos a la espera de la publicación “inminente” de un decreto del Gobierno que no acaba de publicarse. Pero tan urgente o más que esto es que las instituciones públicas, tanto estatal como de las comunidades autónomas y municipales, emprendieran desde ya campañas de sensibilización e información encaminadas a que los afectados por este nuevo planteamiento puedan ejercer sin cortapisas el derecho de voto en las elecciones locales. Si en estas campañas se cuenta como un actor privilegiado con las entidades de la sociedad civil y de inmigrantes, más posibilidades de éxito tendremos. Item más, si es que se homologa una solicitud de inscripción de los potenciales votantes, desde ya podríamos comenzar a difundirlo en las organizaciones con el objetivo de que el número de solicitantes sea el que se espera.
Una última consideración al respecto. Ciertamente los más de setecientos mil nuevos votantes, junto con otras identidades como la de joven o no joven, de derechas o de izquierdas, creyente o no creyente, del Madrid o del Barça, hombre o mujer y un largo etcétera, incorporan también la de “inmigrante”. Estas miles de personas están distribuidas de forma desigual por el territorio. Pero una mirada más fina sobre su potencial respecto a la configuración de las corporaciones locales que salgan de las elecciones de mayo del 2011, nos hace ver que en un significativo número de pueblos pequeños y medianos, el hecho de que éstos voten o lo hagan de una manera determinada puede perfectamente decantar el signo de esos ayuntamientos.
Y, lógicamente, las agendas no pueden ser las mismas cuando los migrantes son simplemente objeto de las políticas, que cuando pueden llegar a ser sujetos activos de las mismas, lo cual, amén de la previsible presión desmedida que en los meses que nos esperan recaerá sobre la inmigración y sobre las organizaciones de inmigrantes (que esperemos sepan mantener la independencia suficiente para resistir el envite), puede muy bien mejorar los niveles de interculturalidad y de cohesión social que nuestra sociedad exige.
Juan Carlos Rois - Presidente de AESCO y Vicepresidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
Nos acercamos a un período preelectoral que viene dado por las citas electorales más próximas en el tiempo: las catalanas de este mismo año y las municipales de mayo del que viene.
Es por eso predecible que en el futuro próximo, y en relación a la “inmigración”, abunden dos tipos de mensajes desconcertantes, tanto entre los opinadores y creadores de opinión publicada, como en los líderes políticos y partidarios, y en los medios de comunicación.
De una parte son previsibles mensajes de signo “alarmista”, encaminados a afianzar un voto (“favorable” o “contrario”) que tiene muy en cuenta la inmigración, haciendo de ésta un uso populista y un arma arrojadiza.
De la otra, mensajes de simpatía, encaminados a atraer a un potencial electorado inmigrante que en los próximos comicios tendrá derecho al voto (según una extrapolación del censo que hemos realizado desde AESCO, en torno a 700.000 personas residentes de los países a quienes se autoriza este derecho, más el importante núcleo de ciudadanos comunitarios europeos con análogo derecho y con una proporción tal vez superior a las 400.000 personas).
No voy a entrar en la primera de las cuestiones, la del uso clientelar y alarmista de la inmigración, sino para decir que sería más que deseable que los distintos actores sociales “ajenos” a la tentación electoralista y a la contienda que se fragua, hiciéramos el firme compromiso y la declaración conjunta de manifestar nuestro contundente y militante rechazo de este uso, venga de donde venga, y de combatirlo con la deslegitimación y la llamada a la sociedad a no votar a formaciones o personajes que promuevan o insinúen tales planteamientos. Si el conjunto de las ONG´s, organizaciones sociales, de los llamados “Agentes Sociales”, entidades cívicas, medios de comunicación creíbles y un largo etcétera, nos pusiéramos de acuerdo y suscribiéramos un compromiso de este calado, mucho ganaría nuestra democracia, precisamente en un momento en que la opinión mayoritaria de nuestra sociedad sitúa como el tercer problema más sentido entre nosotros a los políticos y no la inmigración, como algunos de ellos pretenden.
Pero nos enfrentamos al segundo de los problemas, sobre el que, con toda precaución, quiero alertar.
Conforme a los tratados que España ha suscrito en los últimos tiempos con “terceros países”, los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en España con más de cinco años de residencia legal y sean originarios de Colombia, Ecuador Nueva Zelanda, Chile, Perú o Paraguay, alrededor de 700000 personas, tendrán derecho formal al voto en las próximas elecciones locales de mayo de 2011. A ellos deben unirse los ciudadanos pertenecientes a cualquiera de los países de la UE, lo que incorpora, amén de ingleses, alemanes, franceses y otros países de la primera división europea que residen en España, a un contingente muy amplio de rumanos, polacos, búlgaros y personas que hasta hace bien poco eran considerados “inmigrantes” y que aún hoy siguen siendo objeto de discriminación y de tal categorización por parte de la sociedad española.
Ahora bien, este derecho “otorgado” y que ha sido una de las reivindicaciones nucleares de las organizaciones de inmigrantes y del resto de organizaciones sociales como un elemento necesario (aunque no suficiente) para la plena integración y no discriminación entre españoles y nuevos ciudadanos, puede quedarse en agua de borrajas si no se habilitan de forma adecuada y “proactiva” los mecanismos necesarios para que la experiencia sea un éxito.
Efectivamente, conforme a la legislación vigente, el censo electoral se configura de forma permanente y los alcaldes de los más de ocho mil pueblos que hay en España tienen la obligación de remitir al censo electoral los listados de sus empadronados con carácter mensual para dicho fin. Los españoles no necesitan “solicitar” su inclusión en el censo electoral.
Pero, por lo que respecta a estos “nuevos votantes” las cosas no ocurren así: Salvo el convenio de Noruega, que permite la inclusión permanente de los noruegos residenciados en España, los restantes más de 700000 “electores potenciales” de “terceros países” no son incluidos de forma automática en el censo electoral, sino que se necesita que el Gobierno de la Nación establezca una norma específica que señale el plazo en el que , de forma personal, deben ir a inscribirse a su ayuntamiento a estos efectos.
En la actualidad, y según información extraoficial cuyo alcance realmente no es fácil medir, la opción que parece probable es que se abra un plazo de inscripción personal de los afectados desde el uno de diciembre del presente año al quince de enero del que viene, en el cual deberán ir a su ayuntamiento de empadronamiento a rellenar una instancia pidiendo su inclusión en el censo electoral.
La triste realidad es que, de no mediar acciones adecuadas, podría ser que un derecho que está llamado a ser tan trascendente, se quede en agua de borrajas por una gestión ineficiente, porque es obvio que un plazo tan corto, acompañado del desconocimiento generalizado de la población (por no hablar de las propias oficinas municipales) de los cauces y requisitos previos para su ejercicio, puede dar lugar a un bajo número de votantes efectivos y, de rondón, a un argumento torticero de que este derecho no es tan importante porque en realidad la gente no lo ejerce.
Es en estas circunstancias es necesario que a la mayor urgencia se aclare el trámite y plazos para la inscripción previa, que sería deseable que fuera lo más amplio posible y en la medida de lo posible lo más aproximado al régimen general de confección del padrón electoral para los españoles de “inscripción permanente”. Según parece estamos a la espera de la publicación “inminente” de un decreto del Gobierno que no acaba de publicarse. Pero tan urgente o más que esto es que las instituciones públicas, tanto estatal como de las comunidades autónomas y municipales, emprendieran desde ya campañas de sensibilización e información encaminadas a que los afectados por este nuevo planteamiento puedan ejercer sin cortapisas el derecho de voto en las elecciones locales. Si en estas campañas se cuenta como un actor privilegiado con las entidades de la sociedad civil y de inmigrantes, más posibilidades de éxito tendremos. Item más, si es que se homologa una solicitud de inscripción de los potenciales votantes, desde ya podríamos comenzar a difundirlo en las organizaciones con el objetivo de que el número de solicitantes sea el que se espera.
Una última consideración al respecto. Ciertamente los más de setecientos mil nuevos votantes, junto con otras identidades como la de joven o no joven, de derechas o de izquierdas, creyente o no creyente, del Madrid o del Barça, hombre o mujer y un largo etcétera, incorporan también la de “inmigrante”. Estas miles de personas están distribuidas de forma desigual por el territorio. Pero una mirada más fina sobre su potencial respecto a la configuración de las corporaciones locales que salgan de las elecciones de mayo del 2011, nos hace ver que en un significativo número de pueblos pequeños y medianos, el hecho de que éstos voten o lo hagan de una manera determinada puede perfectamente decantar el signo de esos ayuntamientos.
Y, lógicamente, las agendas no pueden ser las mismas cuando los migrantes son simplemente objeto de las políticas, que cuando pueden llegar a ser sujetos activos de las mismas, lo cual, amén de la previsible presión desmedida que en los meses que nos esperan recaerá sobre la inmigración y sobre las organizaciones de inmigrantes (que esperemos sepan mantener la independencia suficiente para resistir el envite), puede muy bien mejorar los niveles de interculturalidad y de cohesión social que nuestra sociedad exige.
Juan Carlos Rois - Presidente de AESCO y Vicepresidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes