Nadie oculta la verdad tan bien como la auditoría, sea privada o supuesta pública, ambas son como un estanque, presentan una realidad de la superficie pero la profunda queda sin revelar. Por esto, las firmas de auditoría continúan haciendo más dinero y los consejeros del Tribunal de Cuentas acumulan, caso tras caso, más poder, derivado de una práctica que permanece en el misterio y la oscuridad.
No obstante el alud de escándalos de fraude y corrupción tanto en el sector privado como en el público, todavía hoy permanece escondida, determinar la responsabilidad de la auditoría; no diremos que ha sido responsable de todo ello, pero no ha evitado que prevalezca el interés privado sobre el público, y que la incertidumbre en la economía sea en parte por la desconfianza en la auditoría. Luego, hoy por hoy no basta arrullarse en la ilusión de la seguridad de que la auditoría sea una práctica objetiva e imparcial. Entonces, ¿resulta aceptable que la auditoría siga prometiendo lo que no puede cumplir?
Por ejemplo, el caso Gürtel “este mes se cumplen ya 50 (meses) del final del ejercicio de 2007 y el Tribunal de Cuentas aún no ha entregado su estudio. ‘Se presentará pronto, porque ya está casi acabado’, explica un portavoz, que ya se expresó en términos idénticos el pasado septiembre” (www.Público.es, El bloqueo del Tribunal de Cuentas frena la fiscalización de los partidos, Pere Rusínol, 13 febrero 2012). Y recientemente, “Las auditorías a la banca española, que debían concluir a finales de julio, se retrasarán hasta septiembre con el objetivo de conseguir un examen más exhaustivo” (www.nuevatribuna.es, El agujero de la banca española no se conocerá hasta septiembre, 19 junio 2012). Lo anterior muestra como se ha apropiado lo privado de lo público, con su secuela de gestión autoritaria y ocultamiento de la verdad. Dado que no ha resurgido “un nuevo Tribunal de Cuentas independiente, eficaz, moderno y ágil sería una pieza esencial para devolver la confianza en las instituciones públicas a la sociedad española actual” tal como se ilusionaba, Pilar Jiménez Rius, Letrada del Tribunal de Cuentas en su artículo, ¿Confían los ciudadanos en las entidades fiscalizadoras superiores? (II), www.expansion.com, 11 abril 2008. Sin embargo, continua la tardanza en la elaboración de los informes; se sospecha de la independencia de los consejeros “La última vez que se erigieron consejeros para el Tribunal de Cuentas fue en 2001, con mayoría absoluta del PP, lo que se reflejó en una composición favorable a la formación conservadora” (Ídem, Público.es); y, se contrata a las mismas firmas, a la misma auditoría que se ha convertido en cómplice.
Pero, sí la auditoría aspira a garantizar que sea realmente independiente y cumpla con el interés público, y “todo esto, adquiere una especial relevancia en el momento social y económico tan delicado como el presente” manifestaba Pilar Jiménez, hace cuatro años, cuando la situación no era tan peor. Ahora en el presente, cómo devolver la confianza a los ciudadanos del Tribunal de Cuentas, y en general, de toda entidad de fiscalización superior (EFS), sí lo privado determina lo público, y en consecuencia se privilegia la secrecía y evade establecer en la agenda pública y en el centro de su debate, ¿Por qué no es pública la auditoría que tiene como objeto el interés público?
Porque la auditoría no rinde cuentas, no se obliga a abrirse al escrutinio e inspección pública, tanto en su práctica como en su normatividad. Dado que se ha establecido que las normas de auditoría garantizan su desarrollo eficaz. Pero, la eficacia depende no solamente de la correspondencia entre la conducta real (efectiva) de los auditores y su norma, sino también en la relación de ésta con su validez. Y desde su origen hasta la actualidad, la normativa ha prescrito al auditor, cómo debe ser, decir, pensar, o razonar, al grado de imponerse más como un saber supeditado al poder (y falacia) de la autoridad, que al examen y debate riguroso de su fundamento, derivado de una concepción que ha asumido tácitamente su certeza o verdad. Atribuyendo su falta de eficacia, a los políticos, los parlamentos que impiden la fiscalización, la insuficiencia presupuestal, la falta de ética y capacitación en los auditores, y ciudadanos que carecen de la maduración.
Por ejemplo: Leandro Despouy, Presidente de la Auditoría General de la Nación en Argentina, señaló “Es importante que la gente advierta que quien audita defiende sus intereses y que el resultado de esa tarea lo beneficia” (www.agn.gov.ar, Una economía sana no puede funcionar sin controles); la Letrada Pilar Jiménez es reiterativa “en la actualidad estas instituciones (EFS) se encuentran con serias dificultades y obstáculos (…)para hacer entender a los ciudadanos que su existencia dentro de la organización constitucional española está plena y democráticamente justificada” (serie de artículo referido, I) y apoyándose en cita del ex Contralor de la Entidad fiscalizadora de Canadá “resulta muy importante que los principales actores que participan en una gestión de gobierno –legisladores, gobiernos, funcionarios públicos, la sociedad civil y el público- comprendan, reconozcan, acepten y apoyen los principios fundamentales a los que deben ajustarse las EFS en el cumplimiento de sus mandatos, así como la forma en que deban rendir cuentas al hacerlo”; José Antonio Gonzalo, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de España “todavía mucha gente no comprende que se trata de una labor (auditoría) de interés social” (www.20minutos.es, Presidente del ICAC alerta de que la auditoría corre el riesgo de desaparecer si no demuestra su interés social, 9 septiembre 2010); y, el antiguo Auditor General del Banco Mundial, afirmó que la EFS “Con su perspectiva y autoridad peculiares, tiene poder para convocar, convencer y comunicar. Si no ejerce plenamente sus derechos de acceso, el público podría acusar a la EFS de abandonar sus deberes. Dada la carencia de líderes públicos confiables, una EFS pasiva, aunque claramente calificada, podría considerarse como cómplice del mal manejo de los fondos públicos” (J. Graham Joscelyne, revista Internacional de Auditoría Gubernamental, octubre 2003, p.18).
Pero, el examen de los fondos públicos es asunto de interés público, por ello, la auditoría no es un acto ni tampoco un pensamiento que los ciudadanos deben aceptar unilateralmente callados y agradecidos. Porque la auditoría no ha facilitado su transparencia ni la rendición de cuentas sino que las ha entorpecido al convertirlas en ideal. Y. ¿cómo las entidades de fiscalización y los despachos externos podrán limpiar los trapos sucios sí su auditoría no se ha limpiado del desacierto?