27 de enero de 2009, 7:55
Hemos asistido a una insólita jornada de huelga en los juzgados, o mejor dicho, a una huelga de secretarios y funcionarios y a un paro vergonzante de los jueces. La causa, noble, aducida ha sido denunciar la precaria situación de los juzgados. Bienvenido sea ese celo por mejorar la administración de la justica, que hace tiempo y en otras circunstancias se debería haber manifestado con el mismo ahínco, pero los verdaderos motivos son otros y señalan la dudosa afinidad entre los objetivos de ambos colectivos.
Los secretarios judiciales han protestado por la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a su compañera Juana Gálvez, por su responsabilidad en no ejecutar la sentencia que permitió a Santiago del Valle seguir en libertad y, presuntamente, secuestrar y asesinar a la niña Mary Luz Cortés. Sanción excesiva a todas luces, si se compara con la multa de 1.500 euros impuesta al principal responsable, el juez Tirado, de no hacer cumplir la sentencia que él mismo había dictado. Sanción que por su lenidad ha levantado un coro de voces críticas, salvo en los medios periodísticos de la derecha, tan prestos como siempre a defender los privilegios de los viejos estamentos. A pesar de la desproporción, a ambos colectivos las sanciones les parecen excesivas. Aún por liviana, Tirado ha recurrido la suya, y magistrados del Tribunal Supremo han firmado un escrito en el que presionan al Consejo General del Poder Judicial para que no atienda la petición del Gobierno, y de gran parte de la sociedad, de sancionar con mayor dureza al poco diligente juez.
Dado el atraso existente en todos los niveles de la administración de la justicia, la mejor manera de hacer compatible la legítima protesta de los funcionarios con el servicio a los ciudadanos hubiera sido hacer una huelga a la japonesa, es decir, trabajar más y mejor. Pero es sólo una modesta sugerencia sobre la forma, porque lo interesante y preocupante es el fondo del asunto, que no es sólo la pretensión de los jueces de evitar que se opine sobre sus actos, sino la de que no tengan consecuencias o, al menos, consecuencias graves. Y en este sentido acusan al Gobierno, que percibe alarma social, de injerencia por pretender que el Consejo General imponga al juez Tirado una sanción más acorde con la falta cometida, y no hablamos de cualquier cosa, sino de una negligencia que ha costado la vida a una niña.
La airada reacción de los jueces es una muestra del ilimitado poder de que disponen, cuando lo democrático y lo sensato hubiera sido pedir disculpas e instar a sus órganos de gobierno a sancionar más duramente a un magistrado que dejaba en muy mal lugar a los demás profesionales, pero han preferido actuar como un bloque. Con el paro de hace unos días, el espíritu corporativo ha desdibujado el trabajo de los jueces que cumplen con eficacia, de los que no lo cumplen. Y los méritos o deméritos de los individuos han quedado diluidos por la actuación del estamento.
A la vista de lo sucedido, que es grave, cabe albergar no pocas dudas sobre la idoneidad de quienes componen los órganos superiores de la administración de justicia en España.
Francisco Javier Vivas
Escritor
Los secretarios judiciales han protestado por la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a su compañera Juana Gálvez, por su responsabilidad en no ejecutar la sentencia que permitió a Santiago del Valle seguir en libertad y, presuntamente, secuestrar y asesinar a la niña Mary Luz Cortés. Sanción excesiva a todas luces, si se compara con la multa de 1.500 euros impuesta al principal responsable, el juez Tirado, de no hacer cumplir la sentencia que él mismo había dictado. Sanción que por su lenidad ha levantado un coro de voces críticas, salvo en los medios periodísticos de la derecha, tan prestos como siempre a defender los privilegios de los viejos estamentos. A pesar de la desproporción, a ambos colectivos las sanciones les parecen excesivas. Aún por liviana, Tirado ha recurrido la suya, y magistrados del Tribunal Supremo han firmado un escrito en el que presionan al Consejo General del Poder Judicial para que no atienda la petición del Gobierno, y de gran parte de la sociedad, de sancionar con mayor dureza al poco diligente juez.
Dado el atraso existente en todos los niveles de la administración de la justicia, la mejor manera de hacer compatible la legítima protesta de los funcionarios con el servicio a los ciudadanos hubiera sido hacer una huelga a la japonesa, es decir, trabajar más y mejor. Pero es sólo una modesta sugerencia sobre la forma, porque lo interesante y preocupante es el fondo del asunto, que no es sólo la pretensión de los jueces de evitar que se opine sobre sus actos, sino la de que no tengan consecuencias o, al menos, consecuencias graves. Y en este sentido acusan al Gobierno, que percibe alarma social, de injerencia por pretender que el Consejo General imponga al juez Tirado una sanción más acorde con la falta cometida, y no hablamos de cualquier cosa, sino de una negligencia que ha costado la vida a una niña.
La airada reacción de los jueces es una muestra del ilimitado poder de que disponen, cuando lo democrático y lo sensato hubiera sido pedir disculpas e instar a sus órganos de gobierno a sancionar más duramente a un magistrado que dejaba en muy mal lugar a los demás profesionales, pero han preferido actuar como un bloque. Con el paro de hace unos días, el espíritu corporativo ha desdibujado el trabajo de los jueces que cumplen con eficacia, de los que no lo cumplen. Y los méritos o deméritos de los individuos han quedado diluidos por la actuación del estamento.
A la vista de lo sucedido, que es grave, cabe albergar no pocas dudas sobre la idoneidad de quienes componen los órganos superiores de la administración de justicia en España.
Francisco Javier Vivas
Escritor