Esa es la magnitud de la pobreza en México según los datos disponibles más recientes: casi la mitad de la población. Una pobreza que no ha dejado de crecer desde el inicio de la actual administración federal, en 2006.
No hay manera de escurrir el bulto: lo dicen el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), un organismo diseñado específicamente para calibrar el éxito o fracaso de la política social del gobierno y el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), encargado de elaborar los censos en nuestro país.
¿Qué hay detrás de estas cifras terribles? Se dedican a analizarlo Jorge Vera García y Rosalío Rangel Granados, investigadores del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), en un documento que titulan “Las Finanzas Públicas de la Pobreza”, disponible en la página de dicho organismo, perteneciente a la Cámara de Diputados mexicana.
La pobreza aumenta, y no por la crisis
En dicha nota queda patente que la pobreza, que venía reduciéndose entre 1996 y 2005 (especialmente de 1996 a 2000), comenzó a repuntar desde 2006.
El INEGI muestra que los ingresos de los hogares se redujeron alrededor de un 12% de 2008 a 2010, mientras que, de acuerdo al CONEVAL, el saldo final en lo que va del sexenio sería, de 12.2 millones más de mexicanos pobres: 6.8 de 2006 a 2008, y 5.4 de 2008 a 2010. Es decir, que la pobreza creció más antes que después de la crisis económica internacional de finales de la década pasada. Dato importante pues el gobierno se ha empeñado en repetir que el causante de este aumento en el número de pobres es el crack financiero de 2009 que sumió al país en una recesión. Los datos se encargan de desmentirlos.
Quizá lo más inquietante de este ya de por sí sombrío panorama es que los más pobres entre los pobres también empeoraron su situación: en las Zonas de Atención Prioritaria, es decir, las de mayor marginación, la pobreza aumentó de 75.5 a 77.8%; así mismo, en las poblaciones que sufren las condiciones más adversas como son las de habla indígena, el porcentaje de pobres se incrementó de 75.9 a 79.3%. Todo esto de 2008 a 2010, a pesar de que el gasto social etiquetado para estos grupos vulnerables ha venido creciendo substancialmente.
En lo tocante a la pobreza extrema, la que se refiere a la imposibilidad de adquirir siquiera la canasta alimentaria, su situación se presenta como especialmente grave, pues el número de personas viviendo en esta condición ha crecido en casi 50% en lo que va del sexenio: pasó de 14.7 millones en 2006 a 21.2 millones en 2008, en tanto que entre 2008 y 2010 el aumento fue de un millón de personas (con todo y crisis).
Más gasto, peor gasto
Contrario a lo que se puede pensar, los resultados negativos de la política gubernamental no se han debido a la falta de recursos. Al contrario: el gobierno ha aplicado una cantidad importante de dinero al gasto social y a la superación de la pobreza, y adoptó políticas contracíclicas a fin de mantener su nivel de gasto social y atenuar los efectos de la recesión sobre los más vulnerables, resumen Vera y Rangel.
Para ello no faltaron recursos, pues de 2007 a 2010 el gobierno mexicano contó con ingresos adicionales a los programados por un monto de unos 750 mil millones de pesos, muchos de ellos provenientes de los altos precios del petróleo. Así, el gasto social creció a una tasa de poco más del 5% anual durante todo lo que va del gobierno de Calderón. De entre este gasto social, el gasto específico para la superación de la pobreza se duplicó entre 2007 y 2010, llegando a estar cerca de los 300 mil millones de pesos: un crecimiento real de 15% por año. Lamentablemente todo este gasto ha resultado ineficaz e ineficiente. En pocas palabras, ha tenido efectos contraproducentes: parece que a mayor gasto dedicado a luchar contra la pobreza hay más pobres, según lo expresa el informe del CONEVAL.
¿Qué ocurre? Que se ha gastado mal. Que el gasto para reducir la pobreza no ha sido eficiente ni eficaz. Hay, en primer lugar, dispersión en el dispendio: el gobierno opera un considerable número de programas para la superación de la pobreza (actualmente 127), lo que provoca dispersión de esfuerzos, duplicidad de objetivos y recursos diluidos. Y en segundo lugar, conviviendo con lo anterior, una concentración particular: 6 programas concentran casi el 60% de los recursos: los programas emblemáticos del gobierno federal como Oportunidades, Seguro Popular, o 70 y más.
La oposición se pregunta, y con razón: ¿para qué sirven y cuáles han sido los resultados de los otros 121 programas que ocupan el restante 40% del presupuesto para combatir la pobreza? Pero quizá sea más urgente preguntar algo más básico: ¿para qué sirven los 6 programas estrellas?
El documento de Vera García y Rangel Granados nos ayuda a dar con la respuesta, al menos para el caso de uno de esos 6 programas: Oportunidades, el más emblemático programa de combate a la pobreza del Gobierno Federal. Sobre este, la Auditoría Superior de la Federación (otro órgano de fiscalización) observó en su dictamen de la Cuenta Pública de 2009 que a 11 años de ser beneficiarias del programa, del millón 313 mil familias que se volvieron a certificar en 2009, 88.8% continuaban en situación de pobreza extrema; 6.4% habían transitado hacia el Esquema Diferenciado de Apoyos (EDA), y ¡solo 4.7 (ni siquiera el 5%) de las familias habían superado la situación de pobreza extrema! La razón: programas de deficiente calidad y asistencialistas a ultranza, que no logran (y que buscan solo en el papel) que los beneficiarios desarrollen capacidades productivas para generar un ingreso propio que les permita salir de la pobreza.
El ejemplo de la pobreza urbana
Otro caso que ilustra los problemas de la política social mexicana es la pobreza urbana, que Vera García analiza en otro documento del propio CEFP (institución adscrita a la Cámara de Diputados de México). En dicha nota se recogen los datos más recientes sobre la situación de los pobres urbanos en México que presentaron CONEVAL e INEGI, que muestran que en el periodo 2008-2010, el incremento en el número de pobres fue mayor en las zonas urbanas (2.1 millones de personas) que en las zonas rurales (1.1 millones de personas). El hecho, que podría atribuirse a que el grueso de la población mexicana vive en asentamientos urbanos, no es un fenómeno nuevo, sino que responde a una tendencia al menos desde 2006.
Lo sorprendente del asunto es que, a pesar del cambio de estructura territorial del país, durante todo el sexenio la política pública se haya orientado hacia las zonas rurales de forma muy pronunciada, desatendiendo de forma clara a los pobres de las ciudades. De los cuantiosos recursos usados para combatir la pobreza, los recursos específicos para combatir la pobreza urbana han sido muy limitados. Un ejemplo: Hábitat, el principal programa de atención directa a la pobreza urbana según la Secretaría de Desarrollo Social, recibió en 2010 solo 4 mil millones de pesos (1.4% del presupuesto total de combate a la pobreza), y en 2011, sus recursos se redujeron 12.4%. De acuerdo al CONEVAL, la pobreza se ha agudizado de manera más pronunciada en las zonas urbanas, y ello puede asociarse a que no ha habido una política clara ni firme para combatir la pobreza urbana.
Implicaciones
Tres ideas considero que se derivan de toda esta situación. Voy de lo más coyuntural y termino con lo más trascendente.
Primero, lo que toca a la evaluación del actual gobierno. El informe del CONEVAL es una evaluación anticipada de la política social de un sexenio que ha fracasado a la hora de cumplir sus objetivos (en crecimiento, empleo, seguridad, etc.). Hay más pobreza, a pesar de que se ha gastado más. Y la crisis de 2009 es solo parcialmente responsable del problema. El asunto radica más en una política asistencialista, en un gasto disperso, en programas sociales que no hacen gran cosa para aminorar la dolorosa desigualdad de la sociedad mexicana. La cuestión es que, aunque en los planes formales del gobierno se encuentra el desarrollar las capacidades de los mexicanos, en la práctica no lo parece. Como ha resumido ya en otro lugar Sergio Aguayo: la década de gobiernos panistas ha mantenido a las mayorías en la pobreza, y ha agudizado la concentración de la riqueza en las minorías.
Segundo, lo que toca a nuestro régimen político. Hay un consenso en que la pobreza afecta de forma especialmente negativa a la democracia: limita el ejercicio de derechos, preserva condiciones propicias para la compra o manipulación del voto, facilita la corrupción y crea condiciones para la prosperidad de los carteles de la droga. Si aceptamos esto, el escenario que actualmente se nos presenta es especialmente grave.
Y por último, lo más importante: no es sostenible una sociedad con tales niveles de pobreza. Y no es sostenible no porque no pueda “sobrevivir” (que sí que puede, lo ha hecho ya por cientos de años), sino porque, como escribía hace unos días Fernando Escalante, no es sostenible en términos morales: no es humanamente admisible esta pobreza, este vivir sin mínimos de bienestar, esta… injusticia. Y en el fondo, como dice Escalante, nos damos cuenta de que ya no somos capaces de explicarlo, de que nos falta el lenguaje para hablar de lo que importa, para plantearnos problemas morales con seriedad.