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martes. 28.06.2022

¡Que nos roban la salud!

Lo que merece considerarse un ilegítimo proceso de expropiación de bienes públicos sin indemnizar a sus dueños, que en el Partido Popular llaman privatización, avanza en Madrid a paso de carga, impulsado por el sucesor de Esperanza Aguirre, quien, deseoso de dotar a su mandato de un perfil propio, aspira a superar a su antigua jefa en villanía, pues, quien se aprovecha de su poder –¡un poder público!– para perjudicar a las

Lo que merece considerarse un ilegítimo proceso de expropiación de bienes públicos sin indemnizar a sus dueños, que en el Partido Popular llaman privatización, avanza en Madrid a paso de carga, impulsado por el sucesor de Esperanza Aguirre, quien, deseoso de dotar a su mandato de un perfil propio, aspira a superar a su antigua jefa en villanía, pues, quien se aprovecha de su poder –¡un poder público!– para perjudicar a las personas más necesitadas de cuidado y protección merece tal adjetivo, aunque él, como antes ella, prefiera calificar su gestión de neoliberal.

Con prisa, al parecer impelido por las empresas que resultarán agraciadas, Ignacio González actúa también a lo grande al tener intención de entregar, en poco tiempo, todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid a la administración de empresas privadas, con la excusa, pues no merece otro nombre, de que hay que recortar el gasto público. Lo cual es una falacia, pues la gestión privada de la asistencia sanitaria es mucho más cara que la pública, y ahí está el caso flagrante de Estados Unidos para demostrarlo, porque las empresas no renuncian nunca a sus beneficios, y las propias cuentas de la Comunidad de Madrid así lo confirman: los servicios privatizados funcionan peor y son más caros –el coste anual de una cama en un hospital privado es casi el doble que en uno público–. En consecuencia, cuando toda la asistencia sanitaria madrileña esté privatizada, que al paso que va no tardará mucho, los servicios prestados a los ciudadanos serán peores y más onerosos para las arcas públicas, que es lo que trataba, en principio, de evitar.

En lo que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes definió en su día como “oportunidades de negocio” –así, a las claras–, una de las recientes acometidas contra el patrimonio público consiste en desmantelar el Hospital de la Princesa para convertirlo en un centro de atención a la tercera edad. Hay que señalar que el presunto intento de “racionalizar” para ahorrar dinero público se viene abajo cuando se sabe que recientemente se ha invertido un dineral en costosos equipos que han colocado este hospital a la vanguardia del tratamiento de ictus y derrames cerebrales. Dichos equipos van a quedar arrinconados o, junto con el resto de la dotación clínica, serán trasladados a otros centros, como si tal mudanza no tuviera un coste adicional ni ocasionara un perjuicio a los usuarios.

De momento, el servicio será peor, pues se desmantela un hospital que ofrece servicios generales en una zona céntrica y bien comunicada, y se obliga a los usuarios –niños, enfermos, ancianos– a desplazarse más lejos o a la periferia, que es donde están ubicados los grandes hospitales, que verán incrementado el número de usuarios en un momento en que se restringen gastos y se reducen los recursos humanos. Con lo cual se verán penalizados los usuarios habituales y los desplazados, y se quedará por el camino parte del personal sanitario del hospital clausurado, con el aumento del paro como efecto. Como se ve, es una muestra de pésima gestión pública por parte de unos gestores que cobran por mejorarla o, al menos, por protegerla. Pero lo que está poco claro es el objetivo de esta caprichosa y onerosa movida, aunque desprende un tufo que proporciona alguna pista.

Desmantelar el Hospital de la Princesa para convertirlo en un geriátrico tiene la pinta de ser la antesala de una privatización a lo grande. Una gigantesca residencia de ancianos, en una zona céntrica y bien comunicada, es una golosina para las grandes empresas que operan en el sector, nutridas por  amigos y familiares del Partido Popular. Y es un paso más en el proceso de introducir las reglas, no del mercado libre, sino del oligopolio o incluso del monopolio, en la atención pública sanitaria. Neoliberalismo puro y duro.       

La atención sanitaria universal, basada en la idea de que, por muchos motivos y no todos humanitarios, es conveniente mantener una nación saludable, está pasando de ser un derecho reconocido y protegido por el Estado -artículos 41 y 43 de la Constitución-, a ser un servicio que se entrega de forma general a entidades privadas, y lo que resta, lo que ya no es negocio, lo conserva el sector público como beneficencia. Con lo cual, el modelo privado se hace hegemónico en sus dos versiones –atención privada o atención privatizada–, y se empuja a la gente a contratar su propio seguro médico. En este modelo, el enfermo deja de ser un ciudadano que disfruta de un derecho y se convierte en un cliente, que paga por un servicio. La salud se compra; y cuanto más dinero se posee, mejores servicios privados se pueden contratar, y quien no tiene dinero pierde antes la salud y, naturalmente, se muere antes. Ese es el destino de los menos agraciados por la naturaleza o por la suerte. Ese es el trato despiadado de unos gobernantes, que han sido elegidos, y cobran por ello, para administrar lo público, y que además se confiesan católicos y alardean de mucha misa, mucho santo, mucha mantilla y mucha procesión, pero carecen de entrañas; mala gente. No mala gente que camina, como diría Benjamín Prado, porque que se desplaza en coche oficial desde hace años, pero mala gente.

¡Que nos roban la salud!