El Gobierno de la Comunidad de Madrid vuelve a pisotear el derecho a la educación inclusiva del alumnado de nuestra región. El pasado 26 de octubre volvimos a comprobar la incapacidad demostrada por parte la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para garantizar este derecho y, por tanto, la calidad educativa en esta Comunidad.
Lejos de fomentar un sistema educativo dirigido a compensar las diferencias del alumnado, con una clara política educativa que apueste decididamente por la atención a la diversidad, se diseña un sistema que lastra el futuro del alumnado más vulnerable.
La resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones para facilitar la organización y funcionamiento de los centros de atención preferente para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos del espectro autista y las actuaciones relacionadas con la propuesta de atención educativa en un aula de apoyo extenso y especializado, publicada la semana pasada, no hace más que evidenciar la escasa voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid de apostar por la inclusión educativa.
En esta ocasión, pretende restar oportunidades al alumnado con autismo o trastorno del espectro del autismo, al emitir una resolución que, entre otras cuestiones, eleva la ratio de 5 a 7 alumnos con autismo “adscrito” al aula TEA en los centros preferentes para la escolarización del alumnado con trastorno del espectro del autismo, sin elevar los recursos humanos y materiales para su atención. Además, permite que los dos profesionales “adscritos” a este programa atiendan al resto de alumnado con necesidades educativas especiales del centro.
Este intento de mermar los apoyos educativos a este alumnado no es nuevo. En el año 2015, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, dirigida por el Sr. Rafael Van Grieken, en el gobierno de la Presidenta Cristina Cifuentes tuvo que rectificar y mantener la ratio de las aulas TEA en 5 alumnos por aula tras la movilización de familias y profesionales, y el malestar de sus socios de investidura, Ciudadanos, puesto que en el acuerdo de investidura en el punto 65 se recogía el compromiso para el mantenimiento de la ratio de 5 alumnos/as por aula TGD. Trastorno Generalizado del Desarrollo (nombre que recibió el programa en sus inicios).
La Consejería de Educación de 2015 tuvo que reconocer que existía ya normativa que regulaba este programa, a pesar de que era y sigue siendo incumplida de forma sistemática y habitual por quienes deben garantizar su aplicación. Conviene recordar que la ratio de los centros preferentes para la escolarización del alumnado con autismo, las conocidas como “aulas TEA”, aparecía recogida en distintos documentos de la Dirección General de Centros Docentes perteneciente a la Consejería de Educación de la CAM.
Tal era el incumplimiento de sus propias instrucciones que en un estudio realizado por la Asociación SuresTEA se afirmaba que en el curso 2015/2016, el 59% de los centros preferentes para alumnado con autismo (públicos y concertados) superaba la ratio de cinco alumnos. De los 158 colegios de educación primaria e institutos que analizados 91 no cumplían la ratio recogida en los documentos de la propia Consejería (71 tenían seis alumnos por aula, 17 tenían siete y 3 tenían ocho niños).
Rectificaron en aquel momento, pero siguieron incumpliendo, como ya lo habían hecho anteriormente, sus propias instrucciones, gestionando de forma poco transparente la asignación de plazas, eliminando algunas aulas y, sobre todo, no dimensionando los recursos profesionales en función del número de alumnos y alumnas con autismo y, por supuestos, sus necesidades individuales para poder progresar dentro de un entorno ordinario. Ahora no quieren sino “blanquear” con una resolución esta forma negligente de gestionar la educación del alumnado con autismo. Precisamente por eso no la han negociado con nadie de la comunidad educativa, ni familias, ni docentes, ni sindicatos.
Es por esto que, otra vez, nos encontramos que la Consejería de Educación atenta con esta nueva resolución contra el derecho a la educación inclusiva y de calidad de los que más necesitan de un sistema educativo inclusivo, que debe interpretarse desde el derecho a la no discriminación, que incluye el no ser segregado y a ser provisto de los ajustes razonables, algo que va a ser imposible garantizar reduciendo los apoyos con los que va a contar este alumnado y empeorando también las condiciones laborales de los profesionales que deben prestarlos, que se verán obligados a una mayor carga de trabajo.
Cuando se habla de educación inclusiva se suele volver la mirada hacia el alumnado con discapacidad, hacia los alumnos y alumnas con dificultades en los procesos estandarizados de aprendizaje, hacia el alumnado con necesidades educativas especiales. Pero el desafío, el reto de la educación inclusiva, no es solo una cuestión relativa a los niños y niñas con discapacidad, a menores con dificultades de aprendizaje, sino que es un derecho a garantizar a todo el alumnado. Por tanto, apostar por la educación inclusiva es una cuestión de derechos humanos y requiere de voluntad política, voluntad que es obvio que no tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por la Sra. Isabel Diaz Ayuso.
La Administración tenía la obligación de ir adoptando medidas de forma progresiva para garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación inclusiva, pero en estos años, en la Comunidad de Madrid los pasos realizados han sido en sentido contrario.
Una sociedad para ser democrática y garantizar la inclusión de toda la ciudadanía, debe promover la inclusión desde las edades más tempranas, existiendo evidencias claras que la educación inclusiva genera inclusión social, aumentando las probabilidades de acceder a un empleo, a la vida en comunidad o la vida independiente. Por el contrario, asistir a centros, aunque sean ordinarios, sin los apoyos adecuados genera exclusión y minimiza las oportunidades de inclusión social, determinando itinerarios vitales que apartan a la persona de entornos normalizados, dificultando o impidiendo su participación social.
Por todo ello organizaciones sindicales, entre ellas UGT, familias, profesionales, personas con autismo, vamos a persistir para que la Consejería de Educación no vulnere estos derechos.
Marina Prieto. Sec. Gral. UGT Madrid
