nuevatribuna.es
12 de marzo de 2010, 6:04
NUEVATRIBUNA.ES - 10.03.2010
Los peores augurios se han cumplido para Juan Manuel Carranza. Hace apenas un mes le contaba a nuevatribuna.es la situación kafkiana en la que se veía inmerso. Hoy la pesadilla se acentúa y todavía parece tener un largo recorrido. El 23 de febrero le llegaba la noticia. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional accedía a la solicitud de extradición del Estado peruano para juzgarlo por un genérico delito de “pertenencia a grupo terrorista”.
Su ‘crimen’ fue el trabajar para la Asociación de Abogados Democráticos de Lima, a la cual el gobierno peruano decidió tildar de “brazo legal” de Sendero Luminoso. Juan Manuel pasó por la cárcel dos semanas y salió con la columna vertebral destrozada y con una minusvalía del 33%. Entonces decidió exiliarse a Argentina.
Asegura que nunca tuvo vinculación alguna con la guerrilla comunista. Las pruebas para acusarle caen por su propio peso. El estado peruano basa su acusación en dos testigos que dijeron haber visto al acusado en lugares relacionados con la guerrilla. Sin embargo, el primer testigo dijo esta afirmación tras haber sido brutalmente torturado.
Después ante dos instancias primero al Juez y posteriormente al Tribunal, el mismo testigo pidió perdón por todas las acusaciones falsas que había realizado y explicó que había mentido por las torturas a las que había sometido. Con lo cual el primer testigo ya no serviría para acreditar nada. El segundo, como dice Juan Manuel Carranza es un “arrepentido” que frente a los “jueces sin rostro” declaró haber visto a Juan Manuel en 1997 en un lugar donde no debía: “Lo curioso es que en 1997 yo ya vivía en Argentina y eso lo puedo probar”, nos explica la víctima.
Argentina le concedió el título de refugiado reconociendo que estaba siendo “perseguido políticamente”. Años más tarde Carranza llegó a España con su mujer y sus dos hijos. Emprendió una nueva vida trabajando para CEAR y después como mediador cultural en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), donde estos días le brindan todo su apoyo.
Desde 2008 carga con la solicitud de extradición a sus espaldas, pero asegura que no tiene ningún problema en que le juzgue la Justicia española: “Estoy tan convencido de mi inocencia, de que la acusación que se me hace, además de falsa, ha prescrito, que no tengo ningún problema en que me juzguen aquí”, cuenta a este diario.
Pero en Perú no. El perfil político de su acusación y la necesidad del Gobierno peruano por aumentar el número de presos políticos para mostrar la fortaleza de su lucha, hacen que Juan Manuel sepa con convencimiento que su juicio no sería justo: “Para ellos ya soy culpable”.
LA PEREZA DE LA JUSTICIA
El convenio de extradición entre Perú y España indica que no pueden ser extraditados personas perseguidas políticamente, ni aquellas que pusieran su vida en peligro si regresaran a su país. Ambos casos le corresponden a Juan Manuel.
Su abogado basó su defensa en la persecución política del acusado, ya reconocida en Argentina, así como las nefastas condiciones en las que se encuentran las cárceles peruanas. También enfatizó el hecho de que las acusaciones se basan en testimonios falsos ya reconocidos ante la justicia peruana, y que de igual modo habrían prescrito.
Sin embargo los tres vocales hicieron caso omiso a los informes presentados. “No podemos acusares de prevaricación, aunque su misión en este caso no es juzgar, sí tienen la obligación de leer la documentación que se presenta para saber el cariz de las acusaciones. Se han limitado a ser solidarios con sus colegas de Perú y no han tenido en cuenta nuestra defensa”, dice Juan Manuel. Tampoco hicieron caso a la petición del acusado de ser juzgado en España: “La actitud de estos jueces se puede definir como de indiferencia, no han pensado en las consecuencias personales que puedo padecer”.
Los magistrados tampoco tuvieron en cuenta otros antecedentes como el del español Salvador Alfonso Escrivá, quien fue detenido en Perú por un delito de drogas, logró escapar de la cárcel y llegar a España. Cuando el Gobierno peruano solicitó su extradición, el Tribunal Constitucional español se la negó, por razones de temor fundado de que fuese expuesto a tratos infrahumanos en las cárceles peruanas.
Juan Manuel Carranza se encuentra en estos momentos en libertad provisional. Tiene su pasaporte español retenido (del peruano ya renunció). Intenta llevar una vida normal: “Mi mujer y mis hijos están muy preocupados”. Pero él continúa trabajando en la asociación de vecinos de Villaverde a la espera de una nueva sentencia.
El 1 de marzo su abogado recurrió la decisión. Ahora 16 vocales del Pleno de la Sala de lo Penal tienen en sus manos el futuro de este peruano. Su defensa también ha solicitado que tres de los jueces que participan, se inhiban de la causa por ser los mismos que le juzgaron y dieron vía libre a la extradición: “Aunque sea por un principio de neutralidad deberían abstenerse y dejar a los otros trece jueces que decidan sin sus opiniones previas”.
Hasta que se conozca esta decisión, Juan Manuel Carranza podrá estar en la calle. Si esta instancia también accediera a su extradición, sería encarcelado en una prisión española para ser enviado a Perú: “Iremos al Tribunal Constitucional y si éste tampoco valorara mi situación iremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”.
Lo que más le preocupa a Juan Manuel, es que una vez que entrara en prisión, la Justicia española no lo mantendría en el país para esperar la decisión del Constitucional, sino que lo enviaría a Perú, y después aunque se fallara a favor del acusado, Perú no lo volvería a extraditar a España. “Si tengo que ir a prisión también pediremos que me dejen aquí hasta que salga la sentencia del Constitucional, pero no somos muy optimistas ya que nunca ha sucedido”.
No quiere pensar lo que puede suceder si le llevan a Perú. Es muy consciente de las condiciones de esas cárceles: “Allí necesitas tener familia para que te traigan alimentos, los índices de tuberculosis y otras enfermedades son altísimos, se duerme a la intemperie y tu vida depende de la mafia de turno que gobierne dentro”, nos cuenta. En estos momentos sólo pide que su injusticia se de a conocer: “Es una caso kafkiana que demuestra como el ser humano a veces está sometido a situaciones absurdas”.
Los peores augurios se han cumplido para Juan Manuel Carranza. Hace apenas un mes le contaba a nuevatribuna.es la situación kafkiana en la que se veía inmerso. Hoy la pesadilla se acentúa y todavía parece tener un largo recorrido. El 23 de febrero le llegaba la noticia. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional accedía a la solicitud de extradición del Estado peruano para juzgarlo por un genérico delito de “pertenencia a grupo terrorista”.
Su ‘crimen’ fue el trabajar para la Asociación de Abogados Democráticos de Lima, a la cual el gobierno peruano decidió tildar de “brazo legal” de Sendero Luminoso. Juan Manuel pasó por la cárcel dos semanas y salió con la columna vertebral destrozada y con una minusvalía del 33%. Entonces decidió exiliarse a Argentina.
Asegura que nunca tuvo vinculación alguna con la guerrilla comunista. Las pruebas para acusarle caen por su propio peso. El estado peruano basa su acusación en dos testigos que dijeron haber visto al acusado en lugares relacionados con la guerrilla. Sin embargo, el primer testigo dijo esta afirmación tras haber sido brutalmente torturado.
Después ante dos instancias primero al Juez y posteriormente al Tribunal, el mismo testigo pidió perdón por todas las acusaciones falsas que había realizado y explicó que había mentido por las torturas a las que había sometido. Con lo cual el primer testigo ya no serviría para acreditar nada. El segundo, como dice Juan Manuel Carranza es un “arrepentido” que frente a los “jueces sin rostro” declaró haber visto a Juan Manuel en 1997 en un lugar donde no debía: “Lo curioso es que en 1997 yo ya vivía en Argentina y eso lo puedo probar”, nos explica la víctima.
Argentina le concedió el título de refugiado reconociendo que estaba siendo “perseguido políticamente”. Años más tarde Carranza llegó a España con su mujer y sus dos hijos. Emprendió una nueva vida trabajando para CEAR y después como mediador cultural en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), donde estos días le brindan todo su apoyo.
Desde 2008 carga con la solicitud de extradición a sus espaldas, pero asegura que no tiene ningún problema en que le juzgue la Justicia española: “Estoy tan convencido de mi inocencia, de que la acusación que se me hace, además de falsa, ha prescrito, que no tengo ningún problema en que me juzguen aquí”, cuenta a este diario.
Pero en Perú no. El perfil político de su acusación y la necesidad del Gobierno peruano por aumentar el número de presos políticos para mostrar la fortaleza de su lucha, hacen que Juan Manuel sepa con convencimiento que su juicio no sería justo: “Para ellos ya soy culpable”.
LA PEREZA DE LA JUSTICIA
El convenio de extradición entre Perú y España indica que no pueden ser extraditados personas perseguidas políticamente, ni aquellas que pusieran su vida en peligro si regresaran a su país. Ambos casos le corresponden a Juan Manuel.
Su abogado basó su defensa en la persecución política del acusado, ya reconocida en Argentina, así como las nefastas condiciones en las que se encuentran las cárceles peruanas. También enfatizó el hecho de que las acusaciones se basan en testimonios falsos ya reconocidos ante la justicia peruana, y que de igual modo habrían prescrito.
Sin embargo los tres vocales hicieron caso omiso a los informes presentados. “No podemos acusares de prevaricación, aunque su misión en este caso no es juzgar, sí tienen la obligación de leer la documentación que se presenta para saber el cariz de las acusaciones. Se han limitado a ser solidarios con sus colegas de Perú y no han tenido en cuenta nuestra defensa”, dice Juan Manuel. Tampoco hicieron caso a la petición del acusado de ser juzgado en España: “La actitud de estos jueces se puede definir como de indiferencia, no han pensado en las consecuencias personales que puedo padecer”.
Los magistrados tampoco tuvieron en cuenta otros antecedentes como el del español Salvador Alfonso Escrivá, quien fue detenido en Perú por un delito de drogas, logró escapar de la cárcel y llegar a España. Cuando el Gobierno peruano solicitó su extradición, el Tribunal Constitucional español se la negó, por razones de temor fundado de que fuese expuesto a tratos infrahumanos en las cárceles peruanas.
Juan Manuel Carranza se encuentra en estos momentos en libertad provisional. Tiene su pasaporte español retenido (del peruano ya renunció). Intenta llevar una vida normal: “Mi mujer y mis hijos están muy preocupados”. Pero él continúa trabajando en la asociación de vecinos de Villaverde a la espera de una nueva sentencia.
El 1 de marzo su abogado recurrió la decisión. Ahora 16 vocales del Pleno de la Sala de lo Penal tienen en sus manos el futuro de este peruano. Su defensa también ha solicitado que tres de los jueces que participan, se inhiban de la causa por ser los mismos que le juzgaron y dieron vía libre a la extradición: “Aunque sea por un principio de neutralidad deberían abstenerse y dejar a los otros trece jueces que decidan sin sus opiniones previas”.
Hasta que se conozca esta decisión, Juan Manuel Carranza podrá estar en la calle. Si esta instancia también accediera a su extradición, sería encarcelado en una prisión española para ser enviado a Perú: “Iremos al Tribunal Constitucional y si éste tampoco valorara mi situación iremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”.
Lo que más le preocupa a Juan Manuel, es que una vez que entrara en prisión, la Justicia española no lo mantendría en el país para esperar la decisión del Constitucional, sino que lo enviaría a Perú, y después aunque se fallara a favor del acusado, Perú no lo volvería a extraditar a España. “Si tengo que ir a prisión también pediremos que me dejen aquí hasta que salga la sentencia del Constitucional, pero no somos muy optimistas ya que nunca ha sucedido”.
No quiere pensar lo que puede suceder si le llevan a Perú. Es muy consciente de las condiciones de esas cárceles: “Allí necesitas tener familia para que te traigan alimentos, los índices de tuberculosis y otras enfermedades son altísimos, se duerme a la intemperie y tu vida depende de la mafia de turno que gobierne dentro”, nos cuenta. En estos momentos sólo pide que su injusticia se de a conocer: “Es una caso kafkiana que demuestra como el ser humano a veces está sometido a situaciones absurdas”.
