@Montagut | En plena crisis del Antiguo Régimen y en la década final del reinado de Fernando VII apareció la idea de una amnistía dentro de la posibilidad de emprender una política de reforma administrativa con el fin de evitar la posibilidad de una revolución política y social.
Después de la vorágine represora que acompañó a la destrucción del Trienio Liberal, los gobiernos de Fernando VII plantearon algún tipo de reformismo ante la constatación de que la vuelta al más puro Antiguo Régimen no era viable, generando, como reacción, el nacimiento de tendencias contrarias a cualquier cambio o concesión que pudiera sospecharse tuviera un ligero matiz liberal, y que terminarían cristalizando en el carlismo. Por otro lado, los liberales no valoraron los esfuerzos administrativos de signo reformista por considerar que eran muy tímidos y porque no planteaban un cambio profundo como había establecido la Constitución de 1812 y toda la obra realizada en las Cortes de Cádiz.
Javier de Burgos expuso que la amnistía podía ser un medio para atraer a los liberales y poder emprender un camino de cambios
En este contexto de “reformismo” absolutista, y que hemos estudiado en alguna ocasión, abordamos una propuesta que rescatamos en la presente pieza, y que protagonizó un político que pasaría a la Historia por ser uno de los creadores de la división provincial española, es decir, Javier de Burgos, quizás un precursor de la tecnocracia en nuestro país.
El personaje transitó entre el despotismo ilustrado, el afrancesamiento y un cierto liberalismo muy conservador al final, destacando, sobre todo, por su fe en el reformismo administrativo más que por la acción política en sí. A Javier de Burgos le motivaba el hecho de que una buena gestión administrativa podía ayudar a la prosperidad de España, eso sí, siempre dentro de regímenes políticos muy moderados.
Pues bien, a principios del año 1826 elevó una exposición al rey Fernando VII donde planteaba una especie de plan para afrontar la crisis de España. Había una propuesta económica que giraba sobre la idea de pedir un préstamo exterior para poder afrontar los gastos más urgentes, pero también pensaba, como no podía ser de otra manera, en una reforma administrativa importante con el fin de crear un Ministerio del Interior como eje para la acción de la Administración y fomentar, de esa manera la prosperidad. La tercera parte del plan, y que es la que más nos interesa en este artículo, pasaba por la concesión de una amnistía para los exiliados liberales. Una Administración no podía conseguir sus objetivos sino se hacia un esfuerzo para superar los conflictos políticos. La amnistía podía ser un medio para atraer a los liberales y poder emprender un camino de cambios, aunque fueran muy moderados.
Es evidente que no se tuvo en cuenta este plan. La Monarquía absoluta no estaba por la labor de atraerse a los liberales a través de una amnistía. Eso ocurriría cuando las necesidades de una Corona acosada por el carlismo, con una Reina Gobernadora al cargo de la niña reina Isabel II, necesitase todos los apoyos necesarios para sobrevivir. Pero esa es otra Historia que contaremos en otro momento.
Sobre Javier de Burgos este autor tiene un artículo, titulado “Javier de Burgos o el reformismo administrativo en la crisis del Antiguo Régimen”, en Andalán (julio de 2016). Sobre la amnistía y la época es muy ilustrativa la consulta del artículo de Prudencio Vivero Mogo, “La transición al liberalismo: de las reformas administrativas a las reformas políticas (1823-1833), en Ayer, 44. (2001), págs. 175 y ss.
