La pieza clave fue la creación de la Junta Provisional que fue impuesta a Fernando VII el nueve de mayo del año 1820 y cuya misión consistió en asegurar el éxito de la sublevación de signo liberal iniciada el uno de enero en Cabezas de San Juan por parte del ejército expedicionario destinado a combatir los movimientos independentistas de las colonias americanas. De su forma de actuar dependió en gran parte la transición sin graves traumas y la orientación política del poder dominado por los moderados.
La Junta provisional presidida por el cardenal Borbón, que se encontraba recluido en su diócesis de Toledo, estuvo formada por diez personas de la confianza del pueblo, es decir, reconocidos liberales, aunque no los más relevantes, puesto que las personalidades más destacadas de las Cortes de Cádiz estaban encarceladas o exiliadas.
Bajo la fórmula de órgano consultivo ejerció de hecho amplísimos poderes y gobernó el país desde la sombra, puesto que sus dictámenes, acordados generalmente por unanimidad tuvieron carácter público.
La transición se inició con la promulgación, por orden cronológico, de los decretos de carácter político, económico y social. . Se vuelve al sistema jurídico interrumpido en el año 1814, sin discusión ni enmienda de textos, pero con las limitaciones que las circunstancias de los seis años transcurridos imponían.
Uno de los pilares del nuevo régimen, el gobierno constitucional, no fue propiamente tal desde el punto de vista legal, puesto que se hurtó al rey la facultad de elegir al gobierno. La imposición de la Junta fue el resultado de la resistencia de Fernando VII a firmar un gobierno compuesto por personas que reunieran ideológicamente, y a ser posible en los demás aspectos, las condiciones necesarias para abordar el cambio sin reserva alguna.
La Junta se vio en la necesidad de dar un testimonio fehaciente de la voluntad del rey y de su propia voluntad para reponer el sistema político de Cádiz.
La etapa de provisionalidad abierta en marzo sólo podía cerrarse con la instalación de Cortes como la única institución capaz de consolidar el sistema liberal. La convocatoria formalmente hecha por el rey, aunque su elaboración corrió a cargo de la Junta Provisional, contempló la reunión a Cortes ordinarias, cerrando la posibilidad de cualquier reforma constitucional, con una serie de ajustes en cuanto a plazos para las elecciones de diputados y un número de suplentes de Ultramar que permitieran acelerar el proceso.
El nuevo régimen político contó en la cúspide del poder con el rey, poco o nada dispuesto a colaborar en su implantación, el Gobierno, primero a la medida y del régimen derrocado, después a la del sistema constitucional, u con una Junta Provisional encargada de realizar la transición.
Su ejercicio se vio directamente influido por la actitud de cada una de las partes, de las relaciones muchas veces difíciles entre ellas y de la supremacía que cada uno quiso darse ante las demás y la opinión pública.
La conducta del rey en estos primeros meses tuvo dos fases:
- La primera hasta el veintidós de marzo que se caracterizó por la resistencia a medidas que abocaran a la monarquía a un régimen aceptado, aunque no deseado, cuyo futuro era imprevisible.
- A partir de la formación del nuevo gobierno, la convocatoria a Cortes, la comunicación oficial del cambio de régimen a las demás potencias y sin apoyo interior ni exterior, la obstrucción inicial dio paso a la resignación y a la indiferencia como actitudes predominantes.
La Junta provisional fue respetuosa pero firme con el rey.
El ejército sublevado podría desmantelarse sin peligro contando con la superior autoridad de las Cortes. Las Sociedades Patrióticas recibirían al menor desorden todo el peso de la ley. El mantenimiento de estos grupos de presión por razones estrictamente políticas se tradujo en una serie de concesiones y obstáculos que lastraron la política moderada e impidieron en gran medida una reconciliación nacional.
Las Juntas provinciales no sólo funcionaron como entes autónomos en sus propios territorios antes del juramento del rey, sino que pretendieron continuar en la misma línea después de él.
En materia económica siguieron manejando los fondos de las rentas para cubrir sus propias necesidades con grave perjuicio del erario y pusieron en vigor normas como la supresión del derecho de puertas que el gobierno central no había sancionado.
En cambio se resistieron a obedecer aquellas medidas que de alguna manera socavasen su autoridad, como la reposición de las Diputaciones del año 1814 o la reorganización de sus respectivos ejércitos, y presionaron para que se tomasen otras que asegurasen, la implantación del nuevo sistema.
La fuerza de las Sociedades patrióticas radicó en la creación y difusión de la opinión pública de la que se auto consideraron sus depositarios y defensores. Esto les daba derecho no sólo a la reunión para la discusión política, sino también a la exigencia de medidas que acelerasen el proceso y a críticas por los métodos utilizados.
La fuerza del ejército de la isla procedía de su contribución al éxito de la revolución. Sus logros militares se ciñeron exclusivamente a Andalucía y fueron muy limitados. Sus jefes eran conscientes de su papel de salvaguarda contra el absolutismo e, incluso, contra cualquier desvió de las autoridades liberales. Con ellos se siguió una política condescendiente procurando no contrariarlos, cuando no adularlos y halagarlos, pero procurando evitar poner en sus manos el más mínimo poder.
Las medidas para contener a los realistas y uniformar al país bajo el credo liberal tampoco evitaron el comienzo de una sorda pero evidente oposición. La exigencia generalizada del juramento de la Constitución, enseñanza de la Ley fundamental desde el púlpito y la escuela, la separación de empleados de sus puestos por razones políticas, no hicieron sino ahondar la división iniciada en el año 1814 con el retorno de Fernando VII.
La oposición eclesiástica se debió a los presupuestos del nuevo régimen, no en cuanto a la confesionalidad del Estado, de la que no había duda, sino a los principios de libertad, que restringían su enorme influencia, y a la disminución de las atribuciones de la Corona que mermaba su propio poder.
La supresión del tribunal de la Inquisición y la ley de libertad de imprenta supusieron para la Iglesia un serio recorte a su ascendencia cultural y política. Medidas como la obligación de predicar la Constitución y otras relativas a secularizaciones y prohibición de nuevas profesiones, así como la venta de fincas pusieron en marcha el mecanismo para disminuir el clero regular n número y poder económico.
La hostilidad del alto clero y las protestas de la Santa Sede fueron en aumento conforme se iba poniendo en vigor la legislación gaditana. Esto alimentó un creciente anticlericalismo entrando así en un círculo vicioso que perduró a lo largo del Trienio.
La fuerza potencial del absolutismo no había desaparecido con la revolución. La falta de organización y de una cabeza dirigente fue en estas épocas garantía suficiente en que los realistas no impedirían la reunión de Cortes.
Fernando VII había dado muestras de poca claridad e, incluso, resistencia o indiferencia. Los realistas comenzaron a protagonizar movimientos aislados pero significativos. Las sospechas y rumores de reacciones fueron algo constantes y aumentaron en cantidad e intensidad conforme avanzaba la fecha de apertura de las Cortes.
El gobierno dirigió todos sus esfuerzos en mitigar toda impresión desfavorable susceptible de revertir negativamente en el nuevo régimen y a evitar la injerencia exterior. Como contrapartida se aprovechó cualquier noticia favorable a España para convencer de la inexistencia de influencias extranjeras en la opinión pública europea y de ciertos acontecimientos en línea con los acontecimientos nacionales.
La crisis permanente en que vivía el país desde finales del siglo XVIII, se superpuso la crisis internacional de precios y a la falta de un auténtico mercado nacional que colocaran al país en una posición favorable al cambio político.
La propia revolución aportó en los primeros meses más factores desfavorables, debido a la autonomía de las regiones, donde se iba proclamando la Constitución, a la falta de confianza en un gobierno provisional erigido al margen de ellas y a la escasez de dinero público. España estuvo al borde de la suspensión de pagos.
La Junta se trazó una política de supervivencia que permitiese llegar hasta la reunión de Cortes. Infundir confianza en la transición que se llevaba a cabo era primordial para que las provincias aportasen caudales a la Tesorería nacional.
Los medios dispuestos para recabar fondos fueron el recurso al crédito mediante un préstamo solicitado a los comerciantes y el mantenimiento del sistema tributario del antiguo régimen para evitar el colapso de la Hacienda Pública que, con un cambio brusco e indiscriminado podría encontrarse totalmente privada de medios.
Estos objetivos no llegaron a alcanzarse en su totalidad porque los medios utilizados, de carácter marcadamente conservador, chocaron con las aspiraciones de libertad preconizadas por la nueva legislación y en los que la ciudadanía puso todas las esperanzas.
LA ETAPA MODERADA
Ante el problema creado por el ejército expedicionario, donde todos sus jefes fueron ascendidos al generalato, exigía en Andalucía una recompensa a cambio de no dar un golpe militar.
Se mandó disolver este ejército, esto provocó algaradas en Cádiz y San Fernando que obligaron a dimitiré al ministro de la Guerra, marque de las Amarillas, y tuvo que ser llamado Riego a Madrid para separarlo de sus tropas con el pretexto de concederle la capitanía general de Galicia.
Aceptó en Madrid el homenaje tumultuoso que le ofreció la Sociedad patriótica La Fontana de Oro y se enfrentó directamente con el jefe político de la ciudad en una función que se organizó en su honor en el teatro del Príncipe.
La inmediata destitución de Riego como Capitán General de Galicia fue seguida de algaradas, manifestaciones y motines callejeros. La lucha se trasladó a las Cortes cuyas sesiones adquirieron un tono violento, planteándose el dilema entre libertad y orden y el orden sin libertad, entre los moderados y los exaltados.
Para evitar manifestaciones y algaradas como las ocurridas durante la estancia de Riego en Madrid, las Sociedades patrióticas fueron suprimidas con el argumento de nos er necesarias para el ejercicio de la libertad, aunque se permitía formar grupos de oradores siempre que no constituyeran sociedades.
La división entre moderados y exaltados tuvo también su reflejo en la masonería con la escisión de los más radicales que formaron la sociedad secreta de “los comuneros e hijos y vengadores de Padilla”. La Comunería debía ser considerada como un movimiento en defensa de la Constitución con un claro matiz nacionalista donde el supremo jefe se llamaba el Gran Castellano y ejercía su poder sobre comunidades, merindades, castillos, fortalezas y torres.
En la etapa moderada se sentaron las bases del sistema hacendístico y de la política económica que iba a regir durante el Trienio Liberal. El plan de Hacienda partía de dos principios, por un lado aumentar los ingresos de las arcas públicas sin recargar los impuestos y por el otro lado equilibrar el presupuesto.
Estos objetivos sólo podían alcanzarse aumentando la riqueza interna con la colaboración de la propia Hacienda y de la acción gubernamental, puesto que no se esperaba ya ninguna ayuda de caudales americanos.
El primer programa económico del Trienio Liberal contempló los siguientes puntos
- Necesidad de conocer la verdadera situación del país, para lo que se imponía la recopilación de datos fiables.
- Reparación de las pérdidas ocasionadas por la guerra sacrificio del erario.
- Reconocimiento propio como potencia de segundo orden y mantenimiento de la paz, tanto interior como exterior con las posesiones ultramarinas.
- Protección al trabajo.
- Cotización sobre el producto líquido de las rentas.
- Elaboración de un presupuesto de gastos de acuerdo con las posibilidades de los contribuyentes.
Las Cortes prosiguieron el desarrollo de las reformas que quedaron inconclusas en la etapa gaditana, destacando la legislación socio-religiosa con la supresión de las vinculaciones, la prohibición a la iglesia de adquirir bienes inmuebles, la reducción del diezmo, la supresión de la Compañía de Jesús y la reforma de las comunidades religiosas.
Los bienes de los conventos suprimidos y las rentas de los que quedaban que fuesen superiores a lo preciso para su decente subsistencia debían pasar a cubrir las necesidades del crédito público.
Los liberales buscaban con estas reformas aumentar los ingresos del Estado y quebrantar cualquier oposición religiosa a su política. En este segundo objetivo consiguieron el efecto contrario: el rey y sus partidarios decidieron hacer frente de modo activo al proceso revolucionario, de tal forma que el monarca, con el apoyo del nuncio, se negó en principio a sancionar la ley.
La crisis más famosa fue debido al discurso de Arguelles en la apertura de las Cortes el día uno de marzo del año 1821, donde Fernando VII introdujo una coletilla, quejándose de la falta de autoridad del gobierno ente “los ultrajes y desacatos de todas clases cometidos a mi dignidad y decoro, contra lo que se exige el orden y el respeto que se me debe como rey constitucional”.
De la crisis de la coletilla salió un nuevo gobierno moderado que marcó una segunda etapa de desarrollo político del Trienio Liberal y que se caracterizó por el desbordamiento de los moderados, tanto por los liberales exaltados como por los realistas.
El nuevo gobierno decidió ser eminentemente realizados y en el plano económico se concretó en un ajuste de presupuesto con un déficit previsto de más de 500 millones de reales, en un crédito extranjero por un importe de más de 350 millones, en la devaluación monetaria y en la emisión de un empréstito nacional que no logró cubrirse
Las Cortes llevaron a cabo dos importantes reformas administraticas que tenían como denominador común la imposición de un centralismo mucho más exigente que el borbónico:
- La primera de ellas fue la división de España en 49 provincias, prácticamente las mimas que a la muere de Fernando VII estableciera, Javier de Burgos, y el robustecimiento de los correspondientes organismos, diputaciones y tesorerías, que debían permitir una mejor y mayor recaudación tributaria.
- La segunda fue la ley de Instrucción Pública, que establecía tres etapas de enseñanza de enseñanza que se hicieron clásicas, primaria, medias y superior. Fijaba el número de universidades en diez y cercenaba la autonomía universitaria al establecer unos planes de estudios idénticos para todas ellas.
LA REVOLUCIÓN EXALTADA
A partir de octubre del año 1821, se producen una serie de alzamientos y asonadas a lo largo de todo el territorio. Los centros principales fueron Cádiz y La Coruña. Al igual que lo habían sido a comienzos del año 1820 y sus líderes, Riego, Quiroga, Espoz y Mina, los mismos que se alzaron en el año 1820.
Los incidentes comenzaron en Zaragoza, donde Riego, que había sido nombrado Capitán General de Aragón, estaba relacionado con dos conspiradores franceses republicanos.
El jefe político de Zaragoza redacta un informe y que provoca que Riego sea destituido “porque el gobierno ha tenido poderosas razones para persuadirse de que algunos malvados nacionales y extranjeros indujeron al general Riego a dar pasos que comprometían su gloria y el bien y la paz de la nación”.
El nuevo Capitán General, Ricardo de Álava, logró restablecer precariamente el orden público alterado por motines y procesiones cívicas.
En Madrid, a pesar de estar clausurada la Sociedad Patriótica, La Fontana de Oro, la asonada se produjo en la noche del dieciocho de septiembre. Fue reprimida fuertemente por el jefe político, Martínez San Martín, mediante cargas de caballería y, pasada la medianoche el gobierno controlaba perfectamente la situación.
Cádiz y La Coruña se mantuvieron al margen del gobierno, mientras que en ellas hubo auténticas escenas de anarquía. En Galicia la rebelión fue encabezada por el propio Capitán General, Espoz y Mina, que publicó un manifiesto denunciando el feroz absolutismo del gobierno servil que había en Madrid.
Los exaltados no consiguieron el triunfo total en Galicia por la decidida intervención del general Latre que pudo conseguir atrincherarse en Lugo e impedir el avance de Mina hacia el interior. Aunque no se llegó a una situación de guerra civil, el Gobierno tuvo que transigir con los rebeldes exaltados concediéndoles paulatinamente lo que en el fondo buscaban, que era una partición en los resortes del poder, que hasta entonces se les había negado a pesar de ser los autores de la revolución del año 1820.
Los menos extremistas de los exaltados negociaron con algunos moderados y en medio de un clima de entendimiento lograron prácticamente todo lo que pedían. Cuatro ministros abandonaron el gobierno y poco después una nueva crisis ministerial dio entrada a un nuevo gobierno, de los moderados presidido por Martínez de la Rosa, llamado “Rosita la Pastelera” por su espíritu conciliador, que provocó una reforma constitucional con Cortes bicamerales, claro anticipo del Estatuto Real de la época de Isabel II.
La pérdida de las elecciones del año 1822 por los moderados y el que la intentona de la Guardia de Infantería de palacio fuera abortada por la Milicia Nacional y no por el gobierno, el siete de julio provocó la dimisión del gobierno de Martínez de la Rosa.
A partir de julio del año 1822. El poder es detentado exclusivamente por los exaltados con el Gobierno presidido por Evaristo de San Miguel primero y, posteriormente, cuando ya había comenzado la intervención francesa, con Álvaro Flórez de Estrada. Este triunfo no supuso resolver los problemas que acuciaban al país, porque el gobierno ni tuvo autoridad ni supo ejercerlo.
La falta de autoridad se debió a la incapacidad de los ministros, reconocida por el propio San Migues, al confesar “que ninguno ocupaba el puesto distinguido en la opinión por su saber o por su talento. Era inferior a los ojos de la opinión pública la escala de su capacidad; si bien no ocupaban el último término del cuadro en el que figuraban tantos hombres públicos, no llegaban al primero por ningún estilo”.
El apoyo incondicional de la masonería trajo consigo la oposición de los moderados. Una oposición a todos los niveles porque el gobierno removió a la mayor parte de los empleados de la Administración, llena hasta entonces de moderados.
Las potencias de al Quíntuple Alianza amenazaron al declarar “que la conducta que se observe con su Majestad Católica van a depender las relaciones de España con la Europa entera, y que el más leve ultraje a su Majestad Real sumergirá a la Península en un abismo de calamidades”.
LA CONTRARREVOLUCIÓN REALISTA
En esta contrarrevolución actuaron tres elementos diferentes que normalmente no estaban conjuntados sino dispersos:
- Hay que considerar al rey, que a lo largo de todo el trienio vivió su experiencia de monarca constitucional sin la menor voluntad de entendimiento con las Cortes y con el gobierno.
Siempre favoreció las corrientes políticas más conservadoras e estimulo las iniciativas subversivas de la Guardia Real y usó el veto hasta el límite permitido por la Constitución.
Realizó toras acciones que constituían una alteración del mandato constitucional, como el nombramiento de una Capitán General en Madrid. Ofreció la protección en el palacio real de los guardias rebeldes a la autoridad militar y la demanda de una intervención militar de las potencias europeas.
- Favoreció la insurrección armada con un claro precedente en las guerrillas de la guerra de la Independencia sin organización entre ellas ni unificación de mandos.
Las proclamas muestra una oposición frontal al régimen liberal, pero no una vuelta pura y simple al pasado, sino más bien la creación de un nuevo régimen con un carácter renovador, en el que la soberanía de Fernando VII se algo más que un símbolo.
Se creó una Junta en Bayona, presidia pro el general Eguía, y por la Junta de Toulouse, dirigida por le marqués de Mataflorida, que por exigencia francesa conquistó la plaza fuerte de Seo de Urgell, estableciendo una Regencia que logró reunir a 13.000 hombres con el fin de rescatar al rey de las manos de los liberales.
- La impotencia de las fuerzas realistas para vencer al liberalismo, junto con la expresa solicitud de ayuda hecha por Fernando VII, forzó la intervención militar europea en los asuntos internos de España, decretada el veinte de octubre del año 1822 en el congreso de Verona
La misión fue encomendada a Francia por la desconfianza que provocaba en la cancillería austriaca la posible participación ruda y se inició el siete de abril del año 1823.
Las tropas francesas, los llamados Cien mil hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, encontraron tan poca oposición que un oficial francés dijo “es increíble, somos recibidos entre el voltear de campanas y la fiesta popular”.
A finales de la primavera del año 1823, el gobierno liberal se vio obligado aevacuar Madrid y se trasladó a Sevilla junto con las Cortes y con el rey, a pesar de que éste había alegado un ataque de gota.
La derrota en Despeñaperros obligó a un nuevo traslado a Cádiz, que se pudo hacer declarando al rey loco, hecho que Fernando VII nunca perdonaría. Se creó una Regencia encargada del poder ejecutivo. Una vez en Cádiz, tuvo lugar el único combate de las tropas francesas que fue el asalto del fuerte del Trocadero.
El veintinueve de septiembre del año 1823, las Cortes decidieron dejar libre a Fernando VII y negociar directamente con el duque de Angulema. Con ella finalizó la segunda revolución liberal y se abrió el último periodo de existencia del Antiguo Régimen en España.
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