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El asesinato por parte de un recluso de una trabajadora en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona han provocado, un potente rechazo público y de movilización del personal penitenciario de Cataluña a la degradada situación en la que se trabaja en las prisiones.
El deterioro del trabajo penitenciario no es particular de las prisiones catalanas, tiene una perspectiva más global y responde a cambios profundos en los perfiles y las dinámicas carcelarias, a los que las administraciones no están siendo capaces de responder.
Han cambiado las preguntas, y ya no sirven las mismas respuestas. Los gestores penitenciarios han caído en la rutina de las soluciones estereotipadas, repitiendo fórmulas que una y otra vez son repelidas por una realidad que ha cambiado.
Es cierto, los sentimientos son fácilmente manipulables, y un episodio tan doloroso como el asesinato de una trabajadora en su puesto de trabajo puede exacerbar las emociones, hasta hacer posible la instrumentalización de lo colectivo por intereses particulares, pero nunca, ésta puede ser la coartada para parapetarse detrás de la indolencia y la falta de responsabilidad.
Desde la razón de los hechos, hay que trabajar la realidad penitenciaria en su propia complejidad, abandonado la dialéctica de las consigas complacientes y reconociendo que la población reclusa desde una perspectiva social, económica o delictiva es tan compleja como la sociedad de la que se nutre.
El poder de la industria delictiva puede alcanzar el 15% del PIB mundial, la capacidad de penetración social y política del crimen organizado hace tambalearse estados o somete a sus intereses áreas geográficas extensas. Las multinacionales del delito y las internacionales de terrorismo yihadista cambian profundamente la realidad de las prisiones.
Serio un error caer en la tentación de simplificar la nueva realidad, reduciendo el mundo carcelario exclusivamente al de la marginación, que también existe, pero no determina las dinámicas carcelarias.
La confrontación social originada con el asesinato de Nuria, ha puesto de relieve la existencia de una intensa batalla cultural de fondo, centrada en torno al papel de las prisiones y del modelo penitenciario, espacio donde el poder político no está cómodo en sus respuestas. Centrar las reivindicaciones en las dimisiones de los responsables de la gestión, no es nada casual, responde a la lógica emocional y de responsabilidad, pero también a la de cuestionamiento del modelo.
Esta batalla genera automatismos que obvian los hechos y se instalan en lo nominal como eje argumental.
A un lado quienes, apelando al derecho fundamental de la reinserción y los derechos de la población reclusa, expresándose en un tono muy academicista e imperativo, cuestionado la respuesta de quienes trabajan con la realidad de las cárceles.
Por otro lado, quienes, desde el espectro del populismo penal, exprimen las emociones y se aprovechan de las indolentes declaraciones institucionales, para cuestionar globalmente el modelo y tratar de abrir brechas que inicialmente lo cuestionen y ulteriormente justifiquen su demolición.
Las condiciones de trabajo del personal penitenciario son el elemento central para el éxito o el fracaso de la política de reinserción
La posición ligada a los máximos responsables de la gestión penitenciaria, sitúa la reinserción como un derecho absoluto de obligado cumplimiento en las prisiones y, por tanto, desprecia realidades de la población penal que no desea participar ese derecho, porque prefiere mantener su posición y compromiso en la industria de la que participa.
Pretender situar el derecho constitucional a la reinserción de los reclusos sobre el derecho constitucional a la salud y la integridad personal de los trabajadores penitenciarios, es inmoral y sin duda un profundo error estratégico para defender la propia reinserción, es munición para exacerbar emociones y abonar el punitivismo penal
No se puede construir una defensa de la reinserción sobre la negación de la realidad, el corazón de la reinserción es el personal penitenciario y en ese corazón el personal de vigilancia es el oxígeno que lo alimenta 24 horas al día, no reconocer esta realidad es estar en el lado opuesto de lo que se dice defender, sin personal penitenciario no hay reinserción.
Las condiciones de trabajo del personal penitenciario son el elemento central para el éxito o el fracaso de la política de reinserción.
Las agresiones en prisiones no son inevitables, existen estudios y documentos, por ejemplo, de CCOO que así lo acreditan, es un riesgo laboral, como indica la Ley, se debe de evaluar y prevenir con las medidas estructurales necesarias que modifiquen sus causas y eviten el riesgo.
Desgraciadamente los gestores penitenciarios vienen haciendo gala de un nivel de hipocresía más allá de lo razonable, probablemente más centrados en defender su estatus que el servicio público penitenciario, no solo niegan los derechos preventivos al personal penitenciario, sino que de facto tratan de justificar la violencia contra el personal como un concepto retributivo más, presentando las agresiones como algo inevitable.
Prevenir la violencia contra el personal penitenciario es el camino mas corto para defender con éxito el derecho a la resocialización de la población reclusa
- Defender la reinserción no es defender privar de derechos al personal penitenciario, ni preventivos sobre sus riesgos, ni de manifestación y huelga.
- Defender la reinserción es defender con actos visibles, el derecho de la población reclusa a la atención sanitaria, de la que actualmente esta privada.
- Defender la reinserción es defender que las cárceles no son manicomios sin psiquiatras, la crueldad sistémica actual con las personas con patología mentales es absoluta.
- Defender la reinserción es defender a las presas para que tengan los mismos derechos y posibilidades que la población reclusa masculina.
- Defender la reinserción es poner los recursos adecuados para el tratamiento y la intervención, no callar frente a la privatización del mismo a través de ONGs que viven del presupuesto del estado, con su personal en precariedad absoluta, para que el estado no asuma sus responsabilidades legales. El Tratamiento penitenciario no puede seguir siendo un negocio
Sobre estas cuestiones y otras que ponen en entredicho el sistema penitenciario, hay un atronador silencio de los defensores nominalistas de la reinserción, probablemente porque en el eje de su discurso sobre la reinserción solo es un parapeto en el que proteger su propia posición dentro del modelo penitenciario.
El modelo penitenciario constitucional español tiene necesidad de revisión y de reforzar sus principios reinsertadores
El modelo penitenciario constitucional español tiene necesidad de revisión y de reforzar sus principios reinsertadores, adecuándolo a una nueva realidad penitenciaria en el marco del consenso de un pacto de Estado que le de un impulso para mantener su referencia como modelo reconocido internacionalmente.
Es posible, y sobre todo necesario, defender la reinserción como derecho fundamental, herramienta frente al crecimiento delictivo y factor de cohesión social. Pero hay que hacerlo defendiendo el derecho fundamental a la vida, a la salud y la propia integridad de quienes hacen posible ese derecho fundamental de la población reclusa.
Eludir esta cuestión bajo la retórica de una dialéctica integrista que niegue o subordine alguno de los dos derechos fundamentales es el atajo para una crisis estructural del sistema penitenciario.
Y sin duda en ese escenario, crecerá la radicalidad descontrolada de la emoción frente a la consistencia comprometida de la razón, se producirá una regresión de los derechos y el progreso, que nacerá de la violencia contra el personal, que será aprovechada por los profetas del dolor inevitable, que buscan que la espiral de violencia no deje de crecer, para polarizar la ciudadanía, incrementar el odio, y multiplicar el miedo, también en prisiones
Chema Lopez | Responsable negociación colectiva y salud laboral CCOO Instituciones Penitenciarias
