Durante las dos últimas campañas electorales ha salido a la luz la incomprensión de mucha gente, y de forma llamativa de políticos de la izquierda, sobre la importancia de apostar claramente por un estado del bienestar frente a un estado asistencial. En el estado del bienestar el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país, mientras que el estado asistencial es aquel en el que el estado se preocupa de atender las necesidades del colectivo de población en situación precaria económica y/o socialmente. En el primero los servicios o prestaciones serian universales y en el segundo estarían focalizados en los segmentos de población más necesitados.
¿Por qué la izquierda está generalmente por un estado del bienestar, es decir, por prestaciones universales y no por atenciones hacia los más desfavorecidos? Hay muchas razones, pero básicamente estas son las principales:
Facilitan la gestión y disminuyen los gastos de transacción / costes de gestión, control del fraude. Las prestaciones universales facilitan el acceso a las mismas porque los requisitos para acceder a ellas están incondicionados y por lo tanto no precisan de engorrosos trámites para demostrar el derecho a las mismas. La experiencia demuestra que prestaciones condicionadas / focalizadas frecuentemente generan una multitud de requisitos que deben ser demostrados y que muchas veces impiden al acceso a las mismas a las personas que teóricamente tienen derecho a recibirlas. El último ejemplo es el del “ingreso mínimo vital” que según los propios medios oficiales solo han recibido en torno al 40% de las personas que, en teoría, tenían derecho al mismo. Pero también generan gastos muy importantes para controlar el que no exista fraude y, en ocasiones, se produce una discriminación de los colectivos más vulnerables, como se demostró en Holanda donde las personas con orígenes no autóctonos eran sistemáticamente excluidas o penalizadas por supuesto fraude.
En el estado del bienestar el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país
Establecen derechos y no concesiones graciables, no humillan a quien los reciben. Las políticas universales se basan en el reconocimiento de derechos de las personas, de todas ellas, y por lo tanto se incorporan a los derechos humanos, mientras que las políticas asistenciales al focalizarse en grupos de población “desfavorecidos” están siempre abiertos a la definición que se haga de estos en cada momento concreto y por lo tanto su grado de protección social es más débil y están sujetos a criterios que con frecuencia son arbitrarios y dependen de otras variables, por ejemplo, presupuestarias. Por otro lado, el recurrir a prestaciones asistenciales en muchos casos resulta humillante para quienes las solicitan que se ven así incluidas en la categoría de “pobres”, u otras que pueden ser estigmatizadoras (por ejemplo “basura blanca”), y es precisamente el rechazo psicológico a asumir estas categorías de marginación el que lleva a muchas personas susceptibles de recibir estas ayudas a no solicitarlas.
Son fiscalmente más razonables y mejor entendidas por los contribuyentes. Si ambas estrategias son finalmente financiadas mediante impuestos, directos o indirectos, es más fácil justificar esta presión fiscal si los que la sufren son también beneficiarios de sus efectos positivos porque es fácil que los modelos asistenciales acaben siendo uno de los argumentos de los sectores que se sitúan contra el pago de impuestos (“nuestro dinero va para pagar a vagos que no quieren trabajar y solo aprovecharse de nuestra buena fe”, el clásico “tome 10 céntimos pero no se los gaste en vino”, etc.). Las políticas universales rompen este argumentario porque benefician a toda la población sin excepción. Fijémonos en el ejemplo del RDL 16/2012 que congruentemente sacaba fuera de la cobertura sanitaria pública a las personas que declaraban ingresos superiores a 100.000 euros, justo los que más contribuían a su mantenimiento.
Tienen mejores resultados para cubrir a los más necesitados. En congruencia con todo lo anterior, y aunque a primera vista pudiera parecer paradójico, la capacidad de las políticas universales para atender a las personas más necesitadas y/o vulnerables es mayor que las políticas asistenciales, supuestamente focalizadas en estos colectivos, y dos buenos ejemplos son la asistencia sanitaria pública (cobertura universal) que acoge a prácticamente todas las personas titulares del derecho, y el ingreso mínimo vital (política asistencial) que al final no llega más allá del 40% de sus potenciales receptores.
Es más fácil justificar esta presión fiscal si los que la sufren son también beneficiarios de sus efectos positivos
Garantizan la calidad de los servicios. Otro aspecto importante es que los servicios de cobertura universal tienen una mayor calidad que los que se dirigen solo a las poblaciones desfavorecidas, hay una frase famosa de Olor Palme, el político socialdemócrata sueco, que decía que “un servicio para pobres será siempre un pobre servicio”, consciente de que para asegurar la calidad de las prestaciones es muy importante que estas sean recibidas por toda la sociedad porque son los sectores con mayor nivel social, cultural y económico quienes tienen una mayor capacidad para velar y exigir la calidad de los servicios, un buen ejemplo lo tenemos en el sistema sanitario público, el que sus prestaciones sean recibidas por todos los grupos sociales eleva el nivel de control y reclamación sobre la calidad de los servicios, por eso las políticas neoliberales siempre tienden a “descremar” a sus usuarios para que las personas con mayores recursos acaben fuera de los servicios, lo que favorecerá que estos se conviertan en una nueva beneficencia.
Fomentan la prestación pública de los servicios, al anteponer los derechos por delante del mercado y los intereses económicos, que son los que priman en la provisión privada, que busca siempre maximizar beneficios, bien sea por aumento de los precios o deteriorando la calidad de las prestaciones.
Los servicios de cobertura universal tienen una mayor calidad que los que se dirigen solo a las poblaciones desfavorecidas
Dos cuestiones más: La primera es que es necesaria garantizar financiación e implementación suficiente de las políticas del bienestar, un ejemplo fácil de comprobar, si se pide cita con el centro de salud y se la dan 10 o 15 días después, o con el especialista y le dan para 10 o 12 meses, en la práctica el derecho a la atención sanitaria se convierte en irreal y en un verdadero fraude, a la vez que se fomenta la frustración y la perdida de adhesión de la población. De poco vale parafraseando a Sánchez Albornoz el hacer buenas leyes si luego se incumplen reiteradamente en la práctica, solo si existe una buena política fiscal, potente y progresiva, es posible mantener servicios universales.
Y la segunda, es la búsqueda de coherencia en las políticas públicas dirigiéndolas siempre a este horizonte de universalización que contradicen por ejemplo los copagos (que al final ponen barreras económicas al acceso a las prestaciones) o asumir discursos asistencialistas que pretenden excluir a los sectores económicos más privilegiados de los servicios públicos.
Por fin, los servicios y prestaciones universales cohesionan y democratizan a la sociedad a la vez que son más eficientes, por otro lado tienen mayor capacidad de resistencia ya que su retirada o disminución cuenta con un mayor rechazo social, por eso confrontan con las políticas neoliberales y economicistas que intentan evitar su implantación y desmantelarlos si es que existen, y por eso están en riesgo permanente, y necesitan de una activa movilización para su defensa.
Marciano Sánchez Bayle | Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
