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martes. 31.01.2023
TRIBUNA DE OPINIÓN

Un pilar destruido del Estado del bienestar

El derecho constitucional a la vivienda ha sido triturado por la derecha española. Es hora inexcusable de que el Estado intervenga decididamente.
Foto de archivo
José María Aznar Botella junto a su padre. (Imagen de archivo)

En 2013 el Ayuntamiento de Madrid presidido por Ana Botella, esposa de Aznar (D. José María), vendió 1806 viviendas sociales al fondo buitre Blackstone por la irrisoria cantidad de 128,5 millones. Poco después, José María Aznar Botella, a través de otro fondo norteamericano llamado Cerberus se quedó con el 80% de los activos inmobiliarios del BBVA valorados en 13.000 millones, los 35.700 inmuebles del Banco de Santander, la mayoría de los activos del Banco de Sabadell, valorados en 9.100 millones y los de Bankia, con un valor superior a los 5.000 millones. La mayoría de los inmuebles gestionados por Cerberus directa o indirectamente proceden de desahucios y los que vendió la Alcaldesa Botella fueron construidos con dinero público para proporcionar vivienda a quienes no tenían ningún medio de conseguirla. Está claro que la crisis del 2008, provocada por las políticas neoliberales de Aznar y Rato sumió en la miseria a miles y miles de familias, pero en absoluto a la familia Aznar-Botella.

Con la venta de las viviendas sociales por parte del Ayuntamiento de Madrid y la incorporación de miles de viviendas a la cartera de fondos buitres como Cerberus se iniciaba en España un periodo calamitoso para quienes carecían de techo y aspiraban a tenerlo y para quienes vivían de alquiler. Compraron muy barato, especularon con el precio, vendieron caro y subieron los alquileres hasta extremos absolutamente inasumibles por los inquilinos. La entrada apabullante de los fondos buitre en el sector inmobiliario español, la sumisión de las administraciones locales a sus intereses, la conversión de viviendas en residencias turísticas, el abandono de los cascos viejos por la autoridad competente en la materia y la casi inexistente política de viviendas sociales de las comunidades autónomas y los ayuntamientos han convertido un pilar básico del Estado del bienestar en negocio especulativo que enriquece a unos cuantos, sobre todo a los fondos buitre, y empobrece a la mayoría, sobre todo jóvenes, al impedirles tener un techo que le permita vivir con dignidad.

La crisis de 2008, provocada por las políticas neoliberales de Aznar y Rato, sumió en la miseria a miles y miles de familias, pero en absoluto a la familia Aznar-Botella

Muchas veces se habla de la necesidad de reformar la actual Constitución, y es cierto que hay algunos artículos que han quedado obsoletos y otros que necesitan ser ajustados al tiempo y las necesidades actuales. Pero, como hemos dicho en otras ocasiones, la mejor de las constituciones de nada vale si no existe intención de cumplirla y el órgano encargado de velar por ese cumplimiento mira para otro lado o declara constitucionales decisiones que van claramente contra la letra y el espíritu de la Carta Magna.

En concreto, el artículo 47 de la actual Constitución dice lo siguiente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. No es un artículo oscuro, poliédrico, que se pueda interpretar de cien mil maneras, todo lo contrario, es diáfano, concreto y directo al obligar a la administración, en este caso la municipal y autonómica que tienen todas las competencias, a proveer de vivienda a todos los ciudadanos del país independientemente de su condición social, raza, sexo y cuenta corriente, anteponiendo el interés general al de los particulares para evitar la especulación y, de ese modo, conseguir precios más asequibles.

La mejor de las constituciones de nada vale si no existe intención de cumplirla y el órgano encargado de velar por ese cumplimiento mira para otro lado

¿Qué han hecho comunidades como las de Madrid o Cataluña? ¿Qué las demás administraciones implicadas? Promover la especulación, recalificar terrenos de acuerdo con los grandes promotores, consentir que se expulsen a miles de vecinos de sus viviendas y comercios, favorecer la figura del urbanizador particular, vender a precio de saldo viviendas públicas que jamás debían haber enajenado, obligar a los jóvenes a convivir hacinados en pisos de cuarenta metros por mil quinientos euros al mes, abandonar la parte vieja de las ciudades a su suerte o a la que le departe el turismo masivo incontrolado, es decir, han hecho justo lo contrario a lo que manda la Constitución, dejar sin vivienda a millones de personas para favorecer los intereses de los bancos en un primer momento y los de los fondos buitre en una fase posterior.

Al igual que pretenden hacer, y están haciendo, con la Sanidad, la Educación, las Pensiones, la Vejez o la Dependencia, la derecha patria ha entregado el derecho constitucional a la vivienda a los piratas, a los corsarios, a los filibusteros, de manera que hoy sólo pueden tener un lugar digno donde resguardarse, formar una familia o vivir como quieran aquellas personas que tienen mucho dinero o sus descendientes. Al resto de los hispanos les está totalmente prohibido poder tener un hogar donde hacerse la comida, dormir, leer o revolcarse porque primero están los intereses y los negocios de los desalmados, acaparadores, chorizos y demás mierdas que hablan de la patria con la boca llena mientras la venden a cachitos a fondos piratas normalmente norteamericanos, eso sí, con un brazo en alto y el otro en la cartera.

El derecho constitucional a la vivienda ha sido triturado por la derecha española. Es hora inexcusable de que el Estado intervenga decididamente

El derecho constitucional a la vivienda ha sido triturado por la derecha española. Es hora inexcusable de que el Estado intervenga decididamente para obligar a quienes tienen las competencias a la creación de un parque público de viviendas sociales que cubran una necesidad tan vital. Esa empresa urgente e inaplazable debería poner foco en dos sectores fundamentales, la rehabilitación integral de los cascos históricos de nuestras ciudades y en el control de las viviendas que manejan los fondos buitre. La dejación de funciones es inadmisible en una cuestión que de no ser abordada con prontitud llevará a la pobreza existencial a millones de jóvenes que ya dedican mucho más de la mitad de sus ingresos a alojamientos compartidos tercermundistas. Acabar con la especulación en un sector vital no es un capricho, es un mandato constitucional irrenunciable.

Un pilar destruido del Estado del bienestar