nuevatribuna.es
3 de junio de 2009, 5:58
NUEVATRIBUNA.ES - 2.6.2009
El Manifiesto ha sido suscrito por CCOO y UGT junto a grandes organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Asociaciones de Derechos Humanos (FIDH), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Human Rights Watch, CEAR, la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia.
El objetivo es manifestar la oposición ante la propuesta parlamentaria del PP, aprobada gracias al acuerdo alcanzado el pasado 19 de mayo con los grupos parlamentarios del PSOE, CiU y PNV, que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar el alcance de la jurisdicción universal en España.
El Principio de Jurisdicción Universal, recogido en el artículo 23 de la LOPJ, otorga competencias a la Audiencia Nacional para juzgar determinados crímenes internacionales con independencia del lugar donde se hayan cometido los crímenes, de la nacionalidad de las víctimas y de la de los autores. Tras la reforma solo se podría ejercer la jurisdicción universal si los presuntos delincuentes se encontrasen en territorio español o si hubiera víctimas españolas y, en todo caso, siempre que un tribunal internacional o el país donde ocurrieron los hechos no hayan abierto una investigación sobre el tema.
En la actualidad, hay en la Audiencia Nacional 13 casos abiertos cuya competencia deriva de dicho principio; entre ellos, el caso del genocidio de Guatemala, en el que CC.OO es acusación particular y popular. La reforma tiene lugar después de que fueran admitidos a trámite en la Audiencia Nacional casos contra oficiales israelitas, chinos y estadounidenses, que han dado lugar a presiones políticas por parte de los gobiernos de los países afectados.
PRESIONES PARA REFORMAR LA LEY
Las principales ONG pro derechos humanos que actúan en España han denunciado que han sido las "presiones" de China, Israel y, en menor medida, de Estados Unidos las que han acabado provocando que PSOE y PP alcanzasen un acuerdo para limitar el alcance del principio de jurisdicción universal.
Estas asociaciones han subrayado que la iniciativa para limitar la justicia universal no surgió cuando se abrieron causas en la Audiencia Nacional contra los genocidios en Ruanda, El Salvador o Guatemala, sino precisamente cuando los jueces centrales de instrucción han aceptado iniciar procedimientos contra China, Israel o Estados Unidos (por el centro de detención de Guantánamo).
Aprovechando el trámite de enmiendas a la ley de reforma de la Oficina Judicial, PSOE y PP pactaron limitar el alcance de la jurisdicción universal a aquellos casos en los que existiese, al menos, algún "elemento de conexión" con la jurisdicción española. Aunque esa reforma no podrá aplicarse con efecto retroactivo por imperativo constitucional y no afectará a las causas que ya están abiertas en las que falta ese "elemento de conexión" -por ejemplo, la de los bombardeos de Gaza-, sí establece un límite que no podrá rebasarse en el futuro.
El abogado Manuel Ollé, presidente de la APDHE y uno de los grandes impulsores en España de la justicia universal, ha explicado que la nueva normativa provocaría la "impunidad" de crímenes gravísimos en países que no reconocen al Tribunal Penal Internacional -cuya efectividad, ha subrayado, es no obstante "muy limitada"- o en los que no es posible una investigación judicial verdaderamente eficaz.
El Manifiesto ha sido suscrito por CCOO y UGT junto a grandes organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Asociaciones de Derechos Humanos (FIDH), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Human Rights Watch, CEAR, la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia.
El objetivo es manifestar la oposición ante la propuesta parlamentaria del PP, aprobada gracias al acuerdo alcanzado el pasado 19 de mayo con los grupos parlamentarios del PSOE, CiU y PNV, que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar el alcance de la jurisdicción universal en España.
El Principio de Jurisdicción Universal, recogido en el artículo 23 de la LOPJ, otorga competencias a la Audiencia Nacional para juzgar determinados crímenes internacionales con independencia del lugar donde se hayan cometido los crímenes, de la nacionalidad de las víctimas y de la de los autores. Tras la reforma solo se podría ejercer la jurisdicción universal si los presuntos delincuentes se encontrasen en territorio español o si hubiera víctimas españolas y, en todo caso, siempre que un tribunal internacional o el país donde ocurrieron los hechos no hayan abierto una investigación sobre el tema.
En la actualidad, hay en la Audiencia Nacional 13 casos abiertos cuya competencia deriva de dicho principio; entre ellos, el caso del genocidio de Guatemala, en el que CC.OO es acusación particular y popular. La reforma tiene lugar después de que fueran admitidos a trámite en la Audiencia Nacional casos contra oficiales israelitas, chinos y estadounidenses, que han dado lugar a presiones políticas por parte de los gobiernos de los países afectados.
PRESIONES PARA REFORMAR LA LEY
Las principales ONG pro derechos humanos que actúan en España han denunciado que han sido las "presiones" de China, Israel y, en menor medida, de Estados Unidos las que han acabado provocando que PSOE y PP alcanzasen un acuerdo para limitar el alcance del principio de jurisdicción universal.
Estas asociaciones han subrayado que la iniciativa para limitar la justicia universal no surgió cuando se abrieron causas en la Audiencia Nacional contra los genocidios en Ruanda, El Salvador o Guatemala, sino precisamente cuando los jueces centrales de instrucción han aceptado iniciar procedimientos contra China, Israel o Estados Unidos (por el centro de detención de Guantánamo).
Aprovechando el trámite de enmiendas a la ley de reforma de la Oficina Judicial, PSOE y PP pactaron limitar el alcance de la jurisdicción universal a aquellos casos en los que existiese, al menos, algún "elemento de conexión" con la jurisdicción española. Aunque esa reforma no podrá aplicarse con efecto retroactivo por imperativo constitucional y no afectará a las causas que ya están abiertas en las que falta ese "elemento de conexión" -por ejemplo, la de los bombardeos de Gaza-, sí establece un límite que no podrá rebasarse en el futuro.
El abogado Manuel Ollé, presidente de la APDHE y uno de los grandes impulsores en España de la justicia universal, ha explicado que la nueva normativa provocaría la "impunidad" de crímenes gravísimos en países que no reconocen al Tribunal Penal Internacional -cuya efectividad, ha subrayado, es no obstante "muy limitada"- o en los que no es posible una investigación judicial verdaderamente eficaz.
