domingo. 21.07.2024
universidades

La nueva ley del sistema universitario (LOSU) es la tercera ley orgánica de universidades de todo el periodo democrático, tras la LRU (1983) y la LOU (2001). La nueva ley ha estado acompañada de buenas expectativas en su larga tramitación, que comenzó con el ministro Manuel Castells y terminó con Joan Subirats. Sin embargo, se puede decir que, en ciertos aspectos, se ha quedado apenas a medio camino, en particular, en cuestiones tan elementales como aquellas que destacamos siempre en nuestros escritos y que cada cierto tiempo reaparecen. En este caso, esos aspectos son sobre todo dos. El primero es la precariedad del personal docente, cuya solución se enuncia con el ambicioso objetivo de no superar el ocho por ciento de contratos temporales, pero que luego se elude por distintos vericuetos, tanto de dedicación parcial como de periodos transitorios. El segundo aspecto hace referencia a lo que podríamos llamar la acelerada privatización de la Universidad: apenas se marcan directrices en la nueva ley de organización para las universidades privadas.

En efecto, la ley deja pendiente uno de los grandes agujeros negros del sistema universitario español, como es la autorización y la evaluación de las universidades privadas, que son cada vez más numerosas, en particular en las CCAA de gobiernos conservadores, y que tienen en general una calidad inferior a la pública, poniendo con ello en cuestión no solo el principio de igualdad de oportunidades, sino también el prestigio del conjunto de nuestro sistema universitario en Europa. Por increíble que parezca, en la ley no se imponen restricciones a su organización.

A estos dos aspectos se podrían añadir otros. Así, la ley deja temas muy importantes sin regular, pendientes para más adelante, mediante los correspondientes decretos; este sería el grupo fundamental de nuestra selección: los requisitos de acceso a la universidad; la autorización y evaluación de las universidades privadas que queda en manos de las CCAA; el estatuto del personal docente e investigador, que deberá elaborarse mediante un proyecto de ley en los próximos seis meses; o la composición y funciones del Consejo de Universidades.

Ante todo, volviendo a uno de los aspectos fundamentales, se trata de una ley que no ataja la precariedad endémica del profesorado universitario ni del personal de investigación, una de las principales lacras de la Universidad española. En este mismo sentido, resulta llamativo que el Consejo de Rectores haya sido tan beligerante frente a las consecuencias de la reforma laboral y del estatuto del becario en el ámbito del personal de investigación y que, sin embargo, no se haya logrado un mínimo tratamiento en la ley para el personal investigador. Sobre todo, teniendo en cuenta el papel determinante de la Universidad para la imprescindible convergencia de la investigación española con Europa, que tarda en producirse. 

¿Qué significa que, en determinados parámetros, no estemos cerca de la convergencia con Europa en la I+D? Pues que aunque lideramos las clasificaciones en publicaciones, no estamos cerca, todavía, ni en financiación ni en resultados de transferencia. No es la primera vez que intentamos argumentar que si España se toma en serio aportar dentro de la UE al desarrollo de la tecnología y en I+D+i, es necesario que determinadas instituciones, como nuestras universidades y los distintos gobiernos, den un paso al frente y se centren en algo más que en el número de las publicaciones científicas. Aunque las cifras sobre esto último son buenas, los distintos observadores coinciden en un punto: deberíamos acelerar la transferencia del conocimiento a la sociedad, para hacer una verdadera innovación, con trascendencia económica y repercusión social.

Los empresarios deberían participar con más seriedad en la I+D y colaborar con las universidades y otros organismos de investigación

Paralelamente, se necesitan también cambios a otros niveles: los empresarios, ávidos de subvenciones, deberían participar con más seriedad en la I+D y colaborar con las universidades y otros organismos de investigación para generar nuevos productos mejor y más eficientemente; es sabido que desde el mundo de la empresa se recurre con demasiada ligereza a las subvenciones públicas y a las rebajas fiscales. Algo parecido se podría decir, por idénticos motivos, de los que están en la vanguardia de la investigación del país, el vértice de la pirámide, que a pesar de estar llamados a repartir ordenadamente las pocas ayudas del sector, porque forman parte de los comités de evaluación, prefieren acaparar los fondos con la justificación de que lo hacen para "impedir el café para todos". Y tampoco debemos olvidar a los gestores y los catedráticos que, olvidando que la investigación no se puede resolver sin renovación del plantillas, sin savia joven, ni sin transferencia, siempre saludan con jolgorio los dispendios con que algunos gobernantes tratan de evitar que se disgusten los más poderosos. En definitiva, si queremos subir unos peldaños y competir en I+D, para tener protagonismo en la carrera tecnológica, tendremos que considerar la transferencia como una parte integral de los avances en investigación, y no como la pariente pobre de otras partes más engañosas de la I+D, como puede ser el caso ya citado de las publicaciones en revistas.

Los que acabamos de evocar no son los únicos inconvenientes de una investigación basada en exclusiva en la producción indiscriminada de artículos, con una gran proliferación de revistas de las llamadas "depredadoras" que cobran hasta 2500 euros por cada publicación. A pesar de sus escasos resultados para el I+D+i e incluso de sus efectos contraproducentes sobre los resultados de los grupos de investigación, se convierte con frecuencia en un tratamiento paliativo que sustituye a una verdadera productividad científica. Así ha ocurrido en la investigación española que genera muchas más publicaciones que transferencia de resultados a la sociedad, convirtiéndose en un ejemplo claro de que la cantidad de publicaciones no indica un mayor poderío tecnológico: es esencial el traslado a la vida real.

El sistema científico está amenazado por la precariedad de los contratos de los investigadores y la falta de I+D en las empresas

La necesidad de poner el énfasis en la innovación implica priorizar esta transformación. Para ello es imprescindible evitar la apariencia de que el sistema científico es algo prescindible, amenazado por la precariedad de los contratos de los investigadores y la falta de I+D en las empresas. La mejor opción para mejorar todo esto a corto y medio plazo se halla en un lugar intermedio, en lo que podríamos llamar un punto de equilibrio. Para alcanzarlo, es necesario que todos escuchen los argumentos de los demás. Porque el primer objetivo de la batalla tecnológica en España es equilibrar la balanza en importancia entre los artículos y la transferencia. Si no ocurre así -y no hay nada que nos haga pensar que esto será así- ¿cuáles son las evidencias de que iremos por otro camino? Los caminos de las publicaciones y la transferencia tienen en España la caprichosa tendencia de no cruzarse y, con sus trayectorias separadas desvelan consecuencias indeseables.

En cuanto a otro de los puntos fuertes de la nueva ley, el modelo de gobierno, la ley supone un avance indudable, tanto en el papel determinante de las CCAA, como de otros órganos que tienen competencia educativa en asuntos vitales, como los consejos sociales, en aspectos como la definición del precio de las matrículas universitarias (con el objetivo de su disminución o estabilización), o la participación democrática de los estudiantes en la vida universitaria y el reconocimiento de su derecho a la huelga.

Sin embargo, otras cuestiones relativas al gobierno de las universidades resultan contradictorias: así en unos casos quedan muy cerradas como es el único mandato de seis años de los rectores y decanos, mientras en otros casos navega en la ambigüedad, al sustituir áreas por ámbitos (con importante repercusión en la constitución de tribunales de oposiciones) y al abrir la posibilidad de suprimir facultades y departamentos con identidad y funcionamiento democrático conocidos y de sustituirlos por otro tipo de centros cuyas características están aún por definir, cuyo funcionamiento bien pudiera ser no plenamente democrático. Según CCOO, uno de los sindicatos que más trabajo han puesto para tratar de que salga una ley progresista, la ley se ha quedado corta. En esos aspectos y también en cuanto al asunto fundamental de la futura financiación del sistema universitario, porque, si bien establece el objetivo compartido de dedicar un uno por ciento del PIB, sin embargo, se trata solo de un objetivo para el horizonte del año 2030, a falta de un calendario de aplicación que está pendiente de desarrollo, y que sobre todo se queda lejos del presupuesto que dedican a la Universidad nuestros homólogos europeos. 

Si hemos estudiado en una universidad española lo hemos hecho, probablemente, en una universidad igual o mejor que muchas otras en el mundo

Para terminar, ¿qué fue del plan Bolonia? Ese plan que cayó por un barranco en todas aquellas facultades cuya característica fundamental es un número elevado de alumnos, como muchas de las facultades de medicina, y que trajo consigo una proliferación nunca vista de universidades privadas diseminadas por todo el país.

¿Está mejor la universidad, después de ese baño de realidad que se edificó sobre el mito de que la nuestra era una universidad repleta de estudiantes participativos? Esa universidad, recordemos, que contabiliza los créditos dedicados al tiempo de trabajo de los propios alumnos, y que no solo no estudian, o sí, por sus propios apuntes, sino que lo hacen, incluso mayoritariamente, por los apuntes de los cursos anteriores.

El protagonismo masivo de los estudiantes era algo novedoso. También la nueva manera de contabilizar los créditos. Pues bien, a pesar de Bolonia, y a juzgar por los diferentes indicadores, la universidad española no parece muy lejos de haber alcanzado la armonía con sus propios alumnos. Para demostrarlo bastaría recordar los diversos estudios sobre la calidad de sus servicios realizados por distintas instituciones y publicados los años pasados; según ellos, en el mundo hay grandes universidades: y, entre ellas, encontramos un buen número de las españolas. Esto quiere decir que si hemos estudiado en una universidad española lo hemos hecho, probablemente, en una universidad igual o mejor que muchas otras en el mundo. Ahora, hay que esperar que con la nueva ley, la universidad alcance también la armonía con la sociedad.

Los claroscuros de la ley del sistema universitario