La palabra "lawfare" es un juego de palabras con la palabra inglesa "warfare" (arte de la guerra): Guerra con medios de la justicia. Las asociaciones de jueces españolas -incluidas las "progresistas"- están indignadas porque esta palabra ha sido aplicada recientemente a la judicatura española por algunos críticos. El término "cloacas del Estado" lleva circulando en los medios de comunicación españoles desde los días del juicio contra las principales figuras del referéndum independentista de Cataluña no conforme con la ley. El término se refería entonces a la llamada "policía patriótica", una "brigada" al margen de la ley y directamente subordinada al Gobierno derechista del presidente Rajoy, que espiaba a los "cabecillas" del movimiento independentista o a sus "figuras simbólicas" e intentaba desacreditarlos con informes o "pruebas" falsas. Tal y como ha desvelado recientemente un equipo de investigación de los diarios La Vanguardia y eldiario.es, este cuerpo de “policía patriótica" trasladaba sus "hallazgos" en sobres blancos directamente al entonces jefe del Gobierno o a los ministros responsables. Al mismo tiempo, este material llegó a los principales medios de comunicación de derechas. Proporcionó munición para las campañas anticatalanas.
La "policía patriótica" hizo todo lo posible para arruinar la reputación de los políticos catalanes.
La palabra "lawfare" es un juego de palabras con la palabra inglesa "warfare" (arte de la guerra): guerra con medios de la justicia
Un primer objetivo fue el presidente catalán durante muchos años Jordi Pujol, una referencia importante para los independentistas. La "policía patriótica" viajó a Andorra y chantajeó al Banco Privado de Andorra (BPA). La amenaza: ponerlo en la lista negra de la autoridad de supervisión bancaria de Estados Unidos si no entregaba los datos de las cuentas de la familia de Pujol. Funcionó, de modo que salió a la luz que esta familia había "expatriado" una cantidad importante de dinero a Andorra. Hay que tener en cuenta que Andorra es un principado ajeno al Estado español. La campaña que se lanzó inmediatamente contra la familia Pujol por "blanqueo de dinero", complementada con más acusaciones falsas, no obstante, condujo al derrumbe de la BPA.
Al mismo tiempo, la "policía patriótica" se cebó con Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona y simpatizante del movimiento independentista. Pasó entonces casi dos años en prisión cautelar, acusado de irregularidades financieras durante su mandato. Al final, fue absuelto. La "policía patriótica" siguió el mismo patrón con Xavier Trías, alcalde de Barcelona, y con Artur Mas, presidente catalán de 2010 a 2016. En ambos casos, las acusaciones se desvanecieron en los tribunales, pero sus reputaciones quedaron arruinadas. Se podría continuar fácilmente con estos ejemplos: El jefe de los Mossos d'Esquadra (policía de la comunidad autónoma de Cataluña), Josep Lluís Trapero, fue espiado y posteriormente acusado bajo sospecha de haber seguido colaborando con su anterior jefe Puigdemont y su "organización criminal" tras la destitución del gobierno catalán en 2017. Posteriormente fue detenido, luego puesto en libertad condicional y no fue rehabilitado hasta 2020. El caso de Narciso Ortega, jefe de la Policía Nacional en Cataluña, considerada un cuerpo de élite de patriotas españoles, es aún más loco. Incluso él acabó incluido en la lista negra de la "policía patriótica" y posteriormente perseguido como independentista clandestino. Más tarde denunció a la ministra responsable del gobierno de derechas, Dolores de Cospedal. A día de hoy, la justicia guarda silencio.
El juez Pablo Lucas autorizó las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En todos los casos, las víctimas de la "policía patriótica" acudieron a los tribunales. Pero o bien la fiscalía no veía la necesidad de actuar, o bien si lo hacía, los procedimientos se archivaban rápidamente o se congelaban indefinidamente. Esta práctica se mantuvo hasta la más alta instancia, el Tribunal Supremo.
En pleno debate en el parlamento español sobre la ley de amnistía, se abre un nuevo capítulo de "lawfare" tras este capítulo del pasado, y en modo turbo
También en esta ocasión, algunos jueces llegaron a hacerse “estrellas”: comandantes de "lawfare" (en el juicio contra los "cabecillas" del referéndum, el papel de “estrella” asumió el tristemente célebre juez instructor Pablo Llarena). Esta vez la estrella con un brillo un poco empañado es García Castellón: después de años de retrasar el caso contra los responsables políticos de la extorsión al banco BPA, ahora ha hecho saber que no tiene jurisdicción porque Andorra es un país extranjero.
Una última víctima de este "lawfare" acaba de salir a la luz pública durante las negociaciones de los últimos meses para formar gobierno: El partido catalán ERC (Izquierda Republicana) supeditó su “sí” a la investidura de Pedro Sánchez a que se aclararan los años de espionaje mediante el sistema israelí de escuchas "Pegasus" al actual presidente catalán Pere Aragonès, militante de ERC. Estos días, el Gobierno ha hecho públicos algunos documentos. El resultado: el juez del Tribunal Supremo Pablo Lucas había permitido a los servicios secretos, el CNI, realizar escuchas telefónicas a base de la sospecha de que Aragonès era el jefe secreto de los "Comités de Defensa de la República" (CDR), que habían llamado a un "tsunami democrático" tras la condena de los "cabecillas" del referéndum de 2017 y que en su momento fueron calificados de "terroristas" por el Gobierno de derechas.
En pleno debate en el parlamento español sobre la ley de amnistía, se abre un nuevo capítulo de "lawfare" tras este capítulo del pasado, y en modo turbo. El objetivo político: impedir la aplicación de esta ley a los que luchaban por una Cataluña independiente, sobre todo a Carles Puigdemont. La reacción del partido Junts per Catalunya de Puigdemont: bloquear el proyecto de ley hasta que se la aplique a todos.
Tampoco es probable que las abstrusas acusaciones se sostengan en los tribunales españoles, pero los dos jueces han conseguido bloquear al Gobierno español
El juez García Castellón, como "comandante" de este "lawfare", no se anda con remilgos: de repente se le ocurre acusar a Puigdemont de "terrorista". Como tal, quedaría excluido de la amnistía. El motivo de esta descabellada idea: un turista murió de un infarto en el aeropuerto de Barcelona, bloqueado por manifestantes que habían respondido a la llamada de los "Comités de Defensa de la República". Después de más de cuatro años, Castellón afirma ahora que Puigdemont, que entonces estaba exiliado en Bélgica, fue el responsable de ese infarto, un "atentado terrorista" mortal. Otro juez, Joaquín Aguirre, ha ido aun un poco más lejos estos días, como si quisiera rivalizar con Castellón por el papel de "comandante del lawfare", intentando refritar una abstrusa historia de los periódicos de derechas: Puigdemont habría negociado con Rusia en su momento para apoyar el proyecto independentista, incluida la ayuda militar (¿soldados rusos vestidos con bañadores en la Costa Brava?). Esta vez sería probablemente el delito de alta traición el que se interpondría a una amnistía.
Es para marearse: "lawfare" en estado puro
El proyecto de ley fracasó en la primera votación porque Junts per Catalunyua votó en contra, argumentando que la ley sería aceptable en un estado de derecho "normal", pero las cosas son obviamente diferentes en España. Diputados de otros partidos también hablan de "prevaricación". El proyecto de ley volverá ahora a la Comisión Judicial del Congreso para su revisión. Sin embargo, incluir explícitamente el "terrorismo" y la "alta traición" en la amnistía no sería una solución, frente a una UE que vigila el proceso a instancias del derechista Partido Popular. Queda por esperar qué ocurre ahora. Tampoco es probable que las abstrusas acusaciones se sostengan en los tribunales españoles, pero los dos jueces han conseguido bloquear al Gobierno español, ya que disponen de seis meses para completar sus investigaciones. Es para marearse. Esto es "lawfare" en estado puro.
