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jueves. 06.10.2022
Manifestación inependentista Cataluña
Manifestación independentista en Catalunya

Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronuncia con contundencia sobre la represión de los tribunales españoles contra los miembros del movimiento independentista catalán. Esto recuerda a la forma en que la judicatura relegó en su día al juez Baltasar Garzón

España ha vuelto a violar el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", al que se adhirió en 1985 y que es supervisado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

La última vez que esto ocurrió fue hace un año: El Comité declaró ilegal y parcial el juicio de Baltasar Garzón, destacado juez del Tribunal Supremo que había sido inhabilitado en 2012 durante once años por dicho Tribunal Supremo para ejercer la profesión. Garzón se hizo internacionalmente conocido por su petición de extradición de Augusto Pinochet desde Gran Bretaña, quien por ello estuvo en arresto allí durante meses. De este modo, la justicia española por fin se cargó a un perturbator, después de que fracasara un juicio anterior para inhabilitarle: se le había acusado de "prevaricación", ya que había violado la ley de amnistía que prohíbe el enjuiciamiento de los delitos cometidos durante la dictadura franquista.

Pablo Llarena, el tristemente célebre

Mientras tanto, los once años han expirado, ahora Garzón tiene 66 años, pero todavía no se ha llevado a cabo una rehabilitación y una "reparación integral" del daño causado, para la que la comisión había fijado un plazo de 180 días hace un año.

En el caso actual se trata de una denuncia de cuatro figuras destacadas del movimiento independentista catalán: Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva. Los cuatro fueron puestos en prisión preventiva tras ser interrogados por el tristemente célebre juez de instrucción Pablo Llarena, y en el mismo acto fueron despojados de sus funciones como consejeros y diputados electos. Llarena lo justificó en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que ampara esa destitución de cargos políticos cuando hayan cometido el delito penal de "rebelión", una sospecha que en este caso conllevó la imposición de la prisión preventiva.

"Rebelión" y arbitrariedad

Con todo el respeto por el derecho procesal penal nacional, dice el Comité de Derechos Humanos, la mera sospecha de "rebelión" antes de una sentencia firme no puede ser suficiente para tal injerencia en un derecho fundamental. El Comité considera que se trata de una clara violación del artículo 15 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". Esto protege el derecho de “participar en la dirección de los asuntos públicos, eligiendo o siendo elegido, sin restricciones indebidas”.

Dos abogados del comité de 15 miembros trataron de justificar la medida: La medida no ha sido arbitraria, sino que estaba basada en la "objetividad y la razón". Además, todo el juicio contra los catalanes mostraría que funcionara la separación entre las instrucciones de Pablo Llarena y el juicio posterior: donde éste vio una "rebelión", los jueces posteriores sólo vieron "sedición".

El comité también señala que esta justificación fue un montaje de Pablo Llarena basado en la construcción de una narrativa: la disposición de los denunciantes de usar la violencia y su actuación violenta.

Este argumento puede provocar un vértigo, ya que con este cambio la única justificación legal para la inhabilitacion por rebelión que ofrecía la ley de enjuiciamiento criminal quedó invalidada. El comité también señala que esta justificación fue un montaje de Pablo Llarena basado en la construcción de una narrativa: la disposición de los denunciantes de usar la violencia y su actuación violenta. La frivolidad de su planteamiento también se pone de manifiesto en el hecho de que las inhabilitacines fueron  impuestas "en bloque", sin una evaluación individualizada de las cuatro personas afectadas.

Aplaudido por Josep Borrell

La judicatura española reaccionó inmediatamente al informe: como anunció el Tribunal Supremo, éste no es relevante para la judicatura española y, desde luego, no es motivo para revisar ninguna de sus decisiones. Recientemente, en 2019, el Tribunal Supremo ya lo había demostrado: El requerimiento de otro órgano de control de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de liberar inmediatamente a los acusados catalanes de la prisión preventiva fue completamente ignorada, con el aplauso del entonces ministro socialista de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ahora Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores.

En el caso actual, un desprecio tan descarado del informe es algo más difícil, porque, como en el caso Garzón, se le fija al gobierno español un plazo de 180 días para explicar cómo piensa impedir semejantes violaciones de los derechos humanos en el futuro. Por lo demás el Tribunal Supremo es "generoso": con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos – dice – eso de la falta de relevancia a veces es un poco diferente, porque esas pueden implicar ciertos efectos vinculantes. Sin embargo, casos como el de la anulación de la sentencia contra el vasco Arnaldo Otegi demuestran que a la justicia española no se le escapa ningún truco para evitar las consecuencias de estas reprimendas europeas.

Júbilo en  Catalunya

Al menos un miembro del Gobierno, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, se sintió obligada a hacer una declaración en los pasillos del Parlamento español: El gobierno español suele respetar "escrupulosamente" todas las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Más aún, la legislación siempre puede mejorarse para adecuarla a los estandares europeos más avanzados.

En  Catalunya, el informe provoca júbilo: El presidente catalán Pere Aragonés afirma que esto ha demostrado ante el mundo entero una vez más la arbitrariedad de la justicia española y la desvergüenza del Estado español. Para los denunciantes Oriol Junqueras y Raül Romeva, en cambio, el informe debería ser motivo para que el gobierno español aplique de una vez la demanda de amnistía del movimiento independentista español. Además, el informe alimenta el optimismo de que el TJUE se pronuncie finalmente en contra de la extradición de Carles Puigdemont y de que el TEDH anule las sentencias de los líderes del movimiento independentista, condenados a muchos años de prisión, aunque luego hayan sido indultados.


Publicado el 2/9/2022 en Freitag, traducción por el autor para NuevaTribuna

Catalunya: otra bofetada al poder judicial español