nuevatribuna.es
10 de abril de 2010, 10:51
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 08.04.2010
“El Tribunal Supremo se está quitando la piel de cordero y ahora se está desnudando ante la sociedad y se está viendo lo que ha estado tanto tiempo oculto de un tribunal que juró fidelidad al Movimiento”.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, no duda en llamar “golpe de Estado judicial” al proceso que se sigue contra Baltasar Garzón por la apertura de la causa contra el franquismo y que califica de “extremadamente grave” por el “uso que se está haciendo de las más altas instituciones jurídicas para fines políticos”.
En declaraciones a nuevatribuna.es, Silva denuncia la “vulneración de la legalidad” en la que ha incurrido el Supremo saltándose las leyes internacionales sobre derechos humanos. El problema, a su juicio, no está en las leyes, sino en el hecho de que “no hay jueces que las apliquen”. También critica la “parsimonia” de la clase política española y de la izquierda judicial por “vulnerar radicalmente” el derecho internacional al igual –afirma- que lo que pasó durante la Transición. Silva asegura que la Ley de Amnistía a la que se acoge el juez Luciano Varela “se vendió como una conquista de la izquierda y no lo fue” y recuerda que la Disposición segunda de la Ley de Memoria Histórica establece que la normativa “es compatible” con otro tipo de acciones judiciales*.
La posibilidad de que el mismo Supremo esté vulnerando la ley también es apuntada por Antonio Doñate que desde estas mismas páginas afirmó que el Alto Tribunal “está en solfa”. Este magistrado llega incluso a decir que no sería de extrañar que alguien se querellase contra la Sala Segunda por prevaricación: “Es un delito permanente”, dice, y pone como ejemplo el caso del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe, más conocido como Pertur, que desapareció en Francia en 1976, sin que hasta la fecha se haya encontrado su cadáver. En 2008 se abrió la causa a petición de sus padres que presentaron una querella para reclamar una investigación. Al no haber aparecido su cuerpo el delito no ha prescrito. “Ahí se aplica ese criterio y ¿ahora no?”, se pregunta Doñate con respecto a Garzón y a las denuncias de familiares de víctimas que siguen en paradero desconocido.
En conversación con este periódico, Doñate se muestra “perplejo“ y tacha de “incomprensible e inaudito” que se acuse a Garzón de prevaricación “cuando no hay ningún signo de mala fe o dolo penal en sus acciones”. La decisión del Supremo supone en su opinión “un ataque frontal y un grave riesgo a la independencia judicial” que determinará la actuación futura de otros jueces. También se pregunta porque no se aplica el mismo delito de prevaricación a los magistrados de juzgados ordinarios que han ordenado la exhumación de fosas a partir del auto que dictó Garzón para investigar los crímenes del franquismo.
Para este magistrado el problema de fondo sigue siendo la “falta de voluntad política” para resolver esos crímenes a través de una ley de memoria “en condiciones” y no la que ahora está vigente. Doñate también critica la “pedantería” y el “galimatías jurídico” del auto de imputación dictado por Luciano Varela y aventura que el proceso se puede prolongar varios años hasta que se resuelva.
De hecho, el Supremo no tiene la última palabra en este asunto. Así lo recuerda el jurista Joan Garcés, experto internacional en derechos humanos, abogado de la nieta de Juan Negrín y antiguo asesor de Salvador Allende que, junto con Doñate, forma parte del comité de juristas para la propuesta de ley “de verdad, justicia y reparación”.
Garcés lleva tiempo batallando en el plano jurídico para reivindicar el derecho de los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y asegura a nuevatribuna.es que el Supremo “no tiene la última palabra”. Aún quedan demandas por resolver como las recusaciones contra jueces de la Sala Segunda; la personación de las asociaciones de víctimas, asunto que se encuentra en el Constitucional; y cuáles son los juzgados competentes para investigar estos delitos. En este sentido, señala que el caso no está ni mucho menos cerrado ya que aún tiene que pronunciarse el Pleno del Supremo, el Tribunal Constitucional y el de Estrasburgo que podrían modificar la decisión de sentar en el banquillo a Garzón.
“El Tribunal Supremo se está quitando la piel de cordero y ahora se está desnudando ante la sociedad y se está viendo lo que ha estado tanto tiempo oculto de un tribunal que juró fidelidad al Movimiento”.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, no duda en llamar “golpe de Estado judicial” al proceso que se sigue contra Baltasar Garzón por la apertura de la causa contra el franquismo y que califica de “extremadamente grave” por el “uso que se está haciendo de las más altas instituciones jurídicas para fines políticos”.
En declaraciones a nuevatribuna.es, Silva denuncia la “vulneración de la legalidad” en la que ha incurrido el Supremo saltándose las leyes internacionales sobre derechos humanos. El problema, a su juicio, no está en las leyes, sino en el hecho de que “no hay jueces que las apliquen”. También critica la “parsimonia” de la clase política española y de la izquierda judicial por “vulnerar radicalmente” el derecho internacional al igual –afirma- que lo que pasó durante la Transición. Silva asegura que la Ley de Amnistía a la que se acoge el juez Luciano Varela “se vendió como una conquista de la izquierda y no lo fue” y recuerda que la Disposición segunda de la Ley de Memoria Histórica establece que la normativa “es compatible” con otro tipo de acciones judiciales*.
La posibilidad de que el mismo Supremo esté vulnerando la ley también es apuntada por Antonio Doñate que desde estas mismas páginas afirmó que el Alto Tribunal “está en solfa”. Este magistrado llega incluso a decir que no sería de extrañar que alguien se querellase contra la Sala Segunda por prevaricación: “Es un delito permanente”, dice, y pone como ejemplo el caso del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe, más conocido como Pertur, que desapareció en Francia en 1976, sin que hasta la fecha se haya encontrado su cadáver. En 2008 se abrió la causa a petición de sus padres que presentaron una querella para reclamar una investigación. Al no haber aparecido su cuerpo el delito no ha prescrito. “Ahí se aplica ese criterio y ¿ahora no?”, se pregunta Doñate con respecto a Garzón y a las denuncias de familiares de víctimas que siguen en paradero desconocido.
En conversación con este periódico, Doñate se muestra “perplejo“ y tacha de “incomprensible e inaudito” que se acuse a Garzón de prevaricación “cuando no hay ningún signo de mala fe o dolo penal en sus acciones”. La decisión del Supremo supone en su opinión “un ataque frontal y un grave riesgo a la independencia judicial” que determinará la actuación futura de otros jueces. También se pregunta porque no se aplica el mismo delito de prevaricación a los magistrados de juzgados ordinarios que han ordenado la exhumación de fosas a partir del auto que dictó Garzón para investigar los crímenes del franquismo.
Para este magistrado el problema de fondo sigue siendo la “falta de voluntad política” para resolver esos crímenes a través de una ley de memoria “en condiciones” y no la que ahora está vigente. Doñate también critica la “pedantería” y el “galimatías jurídico” del auto de imputación dictado por Luciano Varela y aventura que el proceso se puede prolongar varios años hasta que se resuelva.
De hecho, el Supremo no tiene la última palabra en este asunto. Así lo recuerda el jurista Joan Garcés, experto internacional en derechos humanos, abogado de la nieta de Juan Negrín y antiguo asesor de Salvador Allende que, junto con Doñate, forma parte del comité de juristas para la propuesta de ley “de verdad, justicia y reparación”.
Garcés lleva tiempo batallando en el plano jurídico para reivindicar el derecho de los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y asegura a nuevatribuna.es que el Supremo “no tiene la última palabra”. Aún quedan demandas por resolver como las recusaciones contra jueces de la Sala Segunda; la personación de las asociaciones de víctimas, asunto que se encuentra en el Constitucional; y cuáles son los juzgados competentes para investigar estos delitos. En este sentido, señala que el caso no está ni mucho menos cerrado ya que aún tiene que pronunciarse el Pleno del Supremo, el Tribunal Constitucional y el de Estrasburgo que podrían modificar la decisión de sentar en el banquillo a Garzón.
- DISPOSICIÓN SEGUNDA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA: Las previsiones contenidas en la presente Ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España.
