jueves 2/12/21
CRÓNICAS AMÉRICA LATINA | ANA INÉS LÓPEZ ACCOTTO

El caso Noble y el periódico El País: de la media la mitad

Una nota reciente de El País insinúa que los hijos adoptados por la dueña del diario Clarín, el mayor multimedia de Argentina, fueron sometidos a un acoso por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo y el gobierno.

Empezar una película por donde a uno le da la gana, obviar información sobre el origen del conflicto, permite ‘insinuar’ cualquier cosa:“no hay ninguna señal de que sean hijos de desaparecidos durante la dictadura militar, tal y como han insinuado durante años las Abuelas de Plaza de Mayo y los Kirchner”, sostiene la nota titulada “El calvario de los hijos de la dueña de ‘Clarín’ se acerca al final”.(El País, 17/07/2011).

Las Abuelas de Plaza de Mayo, que llevan 34 años buscando, tienen identificados más de 500 casos de apropiación de hijas e hijos de militantes populares durante la dictadura militar. De ellos, su tenacidad ha permitido que, hasta hoy, 103 recuperaran su identidad, su historia y los lazos con sus familias de origen.

Insinuar que las Abuelas, que han dado ejemplo en la búsqueda de la verdad y la justicia, rechazando todo tipo de actitud de venganza, poniendo siempre por delante su amor por las nietas y los nietos que no pudieron ver crecer, están movidas por fines políticos mezquinos no solamente es desconocer su integridad sino que raya en lo canallesco.

Parece prudente retrotraerse al inicio de la causa judicial para entender que las sospechas de las Abuelas tienen fundamento, más allá de cuál sea su resolución y, además, que son muy anteriores a la asunción del gobierno por parte de Néstor Kirchner, como se insinúa en la nota aludida.

Antecedentes

Las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron denuncias de que la dueña de Clarín había adoptado ilegalmente en 1976 dos hijos de desaparecidos que le habían sido entregados por monseñor Plaza y/o el general Camps, en 1984, poco después de recuperada la democracia en el país. Las Abuelas comenzaron a investigar sin avanzar en los foros judiciales.

En 1992, según se informa en la página web de Abuelas de Plaza de Mayo, solicitaron una reunión a Ernestina Herrera Vda. de Noble para comentarle –como hacen en otras situaciones de adopciones- que habían recibido denuncias de que sus hijos adoptivos podían ser hijos de desaparecidos. Les atendió el gerente general de Clarín, Héctor Magnetto: “Yo sé quiénes son los papás de los chicos y sé además que no son hijos de desaparecidos” habría sostenido el CEO de Clarín. “Y les puedo decir quiénes son pero ustedes ante me tienen que decir quiénes hicieron las denuncias”, habría añadido. Las Abuelas dieron por terminada la reunión.

En diciembre de 2002, el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky señalaba en un artículo en Página 12:“Las primeras denuncias respecto del origen de los dos chicos adoptados en 1976, fueron realizadas por agentes de inteligencia del gobierno del ex presidente Carlos Menem, con obvios propósitos distorsivos…”.

En 1995, Ana Elisa Feldman de Jaján (cuyo marido mantenía un conflicto judicial con el grupo Clarín) denunció ante jueces y camaristas la apropiación de ambos menores por parte de la directora de Clarín. Aportó las actas de nacimiento con las que se iniciaron los trámites de adopción de quienes serían Marcela y Felipe, que contenían una gran cantidad de irregularidades. No obstante, el juez Marquevich rechazó la denuncia por inconsistente.

Habrían de pasar seis años más antes de que las Abuelas de Plaza de Mayo presentaran una querella penal contra Ernestina Herrera de Noble, el 30 de abril de 2001, por “supresión de identidad y presunta falsedad de datos filiatorios” de sus hijos adoptivos Marcela y Felipe.

En una entrevista en la revista Veintitrés, en diciembre de 2002, la presidenta de Abuelas, Estela Barnes de Carlotto, afirmaba que las Abuelas de Plaza de Mayo no denunciaron a la directora de Clarín de motu propio sino que lo hicieron urgidas por el juez Marquevich, que “nos llama y nos dice si queremos ser querellantes en la causa que se inicia en el 2001”. Inicialmente se presentan como querellantes dos familias de las muchas que integran Abuelas.

Adoptar en tiempos de la dictadura

Según la documentación existente, la ya entonces viuda de Roberto Noble (dueño de Clarín, fallecido en 1969), Ernestina Herrera, solicitó el 13 de mayo de 1976, en un Juzgado de Menores a cargo de la jueza Ofelia Hejt (ya fallecida), la adopción de una niña que alegó haber encontrado en una caja de cartón en la puerta de su casa, once días antes. Ofreció como testigos a su vecina Yolanda Echagüe de Aragón y a Roberto García, su chofer, a quien presentó como cuidador de la finca de la primera testigo.

Sin embargo, durante el juicio llevado a cabo por el juez Marquevich, el supuesto testigo Roberto García declaró que en el año 2001 “nunca concurrió a un Tribunal de Menores en San Isidro”, que nunca fue cuidador de finca y que desde 1952 fue chofer de Roberto Noble y, tras su fallecimiento, continuó al servicio de la viuda. Por su parte, la nieta de la otra testigo declaró que su abuela, ya fallecida, “no fue vecina de Herrara de Noble”.

Menos de un mes después de la primera, Herrera solicitó a la misma jueza la adopción de otro bebé, un niño, que habría sido dejado ese mismo día en el juzgado de la jueza Heijt por una persona que habría dicho ser madre soltera, que habría exhibido un documento nacional de identidad que, durante el juicio del 2001, se comprobó que correspondía a un hombre; también el domicilio que diera entonces resultó falso. La investigación del juez Marquevich demostró que esa supuesta madre nunca existió. Sin más trámite, la jueza le entregó el bebé en guarda y 43 días después le otorgó la adopción, con el nombre de Felipe.

A pesar de que Roberto Noble llevaba muerto más de siete años, los niños fueron inscriptos con su apellido.

Cabe destacar que la jueza Heijt, en 1977, sin adoptar ninguna medida para ubicar a la familia y pese a que existían evidencia de que los padres habían sido secuestrados por el Ejército, entregó en guarda a Andrés La Blunda, de tres meses, quien recuperó su identidad en 1984, gracias a los esfuerzos de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Heijt fue designada durante la última dictadura militar (1976-1983) y dejó su cargo al restituirse la democracia.

Se ha demostrado en otras causas que las irregularidades en las adopciones no tuvieron límites: hay casos de niños que fueron secuestrados con dos años y se los anotó en la adopción como recién nacidos.

El desarrollo del caso “Noble”

El 17 de diciembre de 2002, luego de que Ernestina Herrera no concurriera a las comparecencias, el juez Marquevich dispone que la policía la conduzca detenida para tomarle declaración indagatoria e inmediatamente le negó la excarcelación.

Al mismo tiempo, el juez Marquevich ordena el análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos pero Marcela y Felipe se niegan por lo que el juez ordena la extracción compulsiva de sangre y llama a indagatoria a Ernestina Herrera. Aunque ya se había mostrado la falsedad, la dueña de Clarín mantiene la versión que consta en los expedientes de guarda.

Herrera de Noble solicitó la recusación del juez y el Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a su favor y removió al juez. Pero el fallo destacó que “la remoción del magistrado no afecta a la investigación sobre la identidad de los hijos de Herrera de Noble”.

En esos días, cuando la causa toma estado público, la dueña de Clarín publica una carta en su diario, en la que reconoce la posibilidad de que Marcela y Felipe fueran hijos de desaparecidos: “Muchas veces ha hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”, escribió entonces.

Link a la Carta abierta de Ernestina Herrera de Noble

La causa queda en manos del juez Conrado Bergesio.

A mediados de 2003, Marcela y Felipe manifiestan que no quieren conocer su identidad pero aceptan cotejar su sangre con la de las dos familias de Abuelas que se presentaron como querellantes en la causa. Ponen condiciones: que los estudios se realicen en el Cuerpo Médico Forense y no en el Banco de Datos Genéticos y que, una vez finalizado, se cerrara la causa.

Después de un año, el juez Bergesio ordena la realización de los análisis en las condiciones que solicitan los jóvenes. La orden es recurrida por Abuelas hasta que, en 2007, la Cámara de Casación la autoriza, contrariando lo establecido en la Ley del Banco Nacional de Datos Genéticos y cambiando de criterio respecto a fallos anteriores.

Las Abuelas deciden, entonces, presentarse como querellantes en la causa, en representación de todas las familias que están buscando nietos apropiados, cambiando el eje: no se trata de saber si Marcela y Felipe provienen de tal o cual familia sino de establecer si son o no hijos de desaparecidos.

El caso continúa a trancas y barrancas, plagado de irregularidades y recursos dilatorios, hasta que en 2010 se aparta al juez Bergesio y el caso recae en la jueza Sandra Arroyo Salgado quien descubre que el juez anterior había retenido en el juzgado un juego de muestras de sangre y saliva de Marcela y Felipe.

Después de distintas maniobras para evitar la justicia, este año, 2011, se llega finalmente al fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que confirma que debía realizarse el examen de ADN. Unas semanas después, sorpresivamente, Marcela y Felipe acceden a hacerse el análisis en el Banco de Datos Genéticos y que las muestras sean cotejadas con las de todas las familias incluidas en el Banco, que no son todas las afectadas por el secuestro de sus nietas y nietos.

De los primeros cotejos, los resultados fueron negativos en 52 familias para Marcela, quedando 3 casos en los que la información genética disponible es insuficiente; y 56 familias para Felipe, con un caso con información disponible insuficiente.

De lo recorrido hasta ahora y de lo que falta por andar, dieron cuenta las Abuelas de Plaza de Mayo y su equipo, ayer, en una rueda de prensa (18/07/2011)



El caso Noble y el periódico El País: de la media la mitad
Comentarios