A menos de dos meses de celebrarse las próximas elecciones generales en Guatemala (11 de septiembre), dos de sus principales candidatos a la presidencia, Sandra Torres y Harold Caballeros, han sido impedidos legalmente de participar en los comicios. Y un ex militar derechista, el general Otto Pérez Molina, que ya encabezaba las encuestas, ve despejado el camino a la presidencia.
A Sandra Torres, la esposa del actual presidente, Álvaro Colom, no le salió bien la maniobra del divorcio por conveniencia para evitar la prohibición de optar a la primera magistratura que se aplica a los familiares directos del mandatario saliente. La Corte Suprema consideró que esto era un fraude de ley.
En el caso de Harold Caballeros, el Tribunal Supremo Electoral rechazó su inscripción por su condición de pastor evangélico, ya que el artículo 186 de la Constitución también prohíbe a los ministros de cualquier religión o culto optar a la presidencia. Caballeros, que creó el partido Visión con Valores (VIVA), llevaba en su candidatura a Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala (EG), una de las figuras más conocidas y valiosas en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar (1960-1996), la más terrible de las que padeció Centroamérica. Caballeros, que es también es abogado y notario, además de sociólogo, alegó que ya antes de la campaña electoral pasada anunció que dejaba su labor pastoral.
“Me estoy divorciando del presidente pero me estoy casando con la gente, con el pueblo”“Me estoy divorciando del presidente pero me estoy casando con la gente, con el pueblo”, dijo en algún momento la frustrada candidata oficialista, Sandra Torres. Como en Guatemala no está permitida la reelección, está claro que la pareja presidencial trabajó desde el principio con la idea de convertir a la primera dama en futura presidente. Para ello nada mejor que dejar en sus manos la tarea de acción social del gobierno, a través del cargo de Coordinadora de Cohesión Social, una especie de superministerio que le permitió manejar cifras millonarias, que tuvieron como objeto potenciar su imagen.
Sus programas sociales se inspiraron en lo que hizo Lula en Brasil, aunque los medios denunciaron una utilización clientelista de los mismos. E incluso hay sospechas de que parte del dinero también sirvió para crear un fondo con el que financiar su campaña política. De hecho se negó a cumplir una orden de la Corte de Constitucionalidad para que entregara al Congreso las listas de las personas beneficiadas por sus programas sociales, para que fueran auditadas.
Ante este panorama solo quedan en carrera el general Otto Pérez Molina y un grupo de candidatos cuyas expectativas de ganar son práctimanete nulas, de acuerdo a las encuestas. Entre estos candidatos destaca Eduardo Suger, un prestigioso intelectual nacido y educado en Suiza, que en el caso de segunda vuelta podría dar alguna sorpresa. Y la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.
Pérez Molina se formó en la famosa Escuela de las Américas, la escuela de contrainsurgencia norteamericana. Fue jefe del D2, el departamento de inteligencia del ejército; más tarde fue jefe del Estado Mayor Presidencial (un cuerpo con negro historial represivo) con Ramiro de León Carpio, quien ejerció como presidente del gobierno de transición después del autogolpe frustrado de Jorge Serrano Elías. Inspector General del Ejército con el siguiente presidente, Álvaro Arzú, integraría después la Comisión de Paz que negoció con la guerrilla de la URNG. Su último puesto en activo fue el de representante de Guatemala en la Junta Interamericana de Defensa de la OEA.
En 2001 fundó el Partido Patriota y desde entonces su principal programa es la mano dura frente a la inseguridad. “Mano dura, cabeza y corazón”, es su lema de campaña, el mismo que ya utilizó en su anterior intento de llegar a la presidencia. Grupos defensores de los derechos humanos sospechan de la participación de Pérez Molina en delitos de lesa humanidad, ya que combatió en la selva de Quiché en los años ´80, con el grado de mayor. Allí se produjeron numerosas masacres y según parece la cúpula militar de aquél entonces hacía participar a todos los oficiales en estos crímenes, para lograr una “hermandad en el crimen”. Pero nunca se probó nada en su contra ni se presentaron cargos concretos en la justicia.
La situación de inseguridad que vive Guatemala es propicia para el discurso de este ex general. Con un índice de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, no es una excepción en Centroamérica, ya que El Salvador y Honduras tienen cifras aún peores. Pero si hacemos alguna comparación se verá el tamaño del problema: en México, la tasa de homicidios es la mitad, y en España y EE.UU., diez veces menor. Dos de cada cinco asesinatos en Guatemala tienen que ver con el narcotráfico.
Los miles de armas que quedaron en el país tras los 36 años de guerra civil (1960-1996, 200.000 muertos), las maras (pandillas) que crecieron en la posguerra y el creciente poder del narcotráfico en la región, han creado una situación explosiva. La ofensiva del gobierno de México contra los principales carteles de la droga, ha empujado a los más poderosos, como los Zetas, a instalarse en Centroamérica, y especialmente en Guatemala. Allí han reclutado entre otros a buen número de antiguos kaibiles, soldados de élite que participaron en la guerra civil y que conocen bien la zona selvática del Petén, ideal para las operaciones del narco.
Esta situación pone en peligro incluso la legitimidad del gobierno. Según un reciente informe del Banco Mundial (“Crimen y Violencia en Centroamérica: un desafío para el Desarrollo”), el narcotráfico incrementa los niveles de corrupción dentro del sistema judicial y empaña la legitimidad de las instituciones públicas en el imaginario social: “las víctimas del crimen en general tienden a desconfiar aún más del sistema judicial, también aprueban la justicia por mano propia y creen con menos convicción que el estado de derecho debe ser respetado siempre”.
Ese mismo estudio dice que en Centroamérica, el crimen y la violencia tienen un costo del 8 % en el PBI. Medios empresariales, por su parte, calculan que cerca del 12 % de los gastos de operación de las compañías se destina a enfrentar la ola de asaltos y extorsiones.
Además de presidente y vice, los guatemaltecos elegirán el 11 de septiembre a 158 diputados, 333 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. De ser necesaria la segunda vuelta para la fórmula presidencial, la cita será el 6 de noviembre, mismo día de otras elecciones cruciales para la región, las de Nicaragüa.
