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@jgonzalezok |
Con solo 35 años de edad, Ariel Máximo Guille Cantero, es el más temido de los narcos de Argentina, capo de la banda de Los Monos, que desde hace años aterroriza a la ciudad de Rosario. Con condenas que ya superan los 113 años de cárcel, cuando un magistrado le pidió que declarara su profesión, declaró: “Contrato sicarios para que disparen a jueces”.
La respuesta fue una provocación, pero fue también una brutal pintura de la realidad que viven los habitantes de la ciudad. Cuando el año pasado tirotearon el supermercado de la familia política de Messi, hoy el rosarino más universal, la unidad fiscal que investiga los hechos informó que en el primer trimestre del 2023 se habían registrado 382 tiroteos, a una media de 9 diarios. Los objetivos, además de adversarios de bandas rivales, incluyeron comisarías, jueces, fiscales y periodistas. Ahora, las bandas criminales dieron un paso más, al matar en menos de una semana a dos taxistas, un conductor de un autobús y el empleado de una estación de servicio, con el objetivo de amedrentar a la población y mandar un mensaje extorsivo al Estado.
La gravedad de la situación llevó a todos los gobernadores del país a emitir un comunicado, por encima de cuestiones ideológicas, expresando solidaridad y definiendo el problema como “federal”, es decir, responsabilidad del gobierno nacional. La seriedad del problema llevó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, a ofrecer el envío a Rosario de 80 patrulleros, un gesto inédito en la historia del país.
Con 1,3 millones de habitantes, Rosario es la tercera ciudad más grande del país, después de Buenos Aires y Córdoba. Además de la ciudad natal de Messi -y Di María, también del fallecido y genial dibujante y escritor Roberto Fontanarrosa- es el centro de exportación de la mayor parte de la cosecha de granos del país. Desde sus puertos, sobre el río Paraná, van directamente a Europa y Estados Unidos las cosechas de soja, trigo y otros productos agrícolas. En la ciudad confluyen carreteras y autopistas de países vecinos productores de droga, como Perú y Paraguay. Y es el principal puerto de la hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial de más de 3.400 kilómetros que permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Es decir, reúne condiciones óptimas para el envío de la cocaína de Bolivia y Perú, y de la marihuana de Paraguay, a destinos lejanos.
Desde hace al menos 15 años, el narco ha convertido a Rosario en una ciudad particularmente violenta
Desde hace al menos 15 años, el narco ha convertido a Rosario en una ciudad particularmente violenta. Con al menos 258 crímenes -22 cada 100.000 habitantes-, registra 5 veces más muertos que la media nacional. La banda de Los Monos empezó en la delincuencia común, pero desde hace más de una década entró en el negocio del narco y ahora de las extorsiones.
La violencia extrema que vive la ciudad tiene que ver, sobre todo, con luchas internas por el control geográfico del narcomenudeo. Porque la banda de Los Monos es solo la más conocida, pero existen más de 30 que buscan su lugar en la ciudad. Incluso siendo de menor porte que Los Monos, son también especialmente feroces. El otro negocio de la droga, el de la exportación a los grandes centros consumidores del mundo, está en otras manos.
Los padres de Guille Cantero están detenidos. De los cuatro hermanos del capo, dos fueron asesinados y otros dos presos. Claudio Pájaro Cantero fue asesinado en el 2013, cuando era el jefe del clan, desencadenándose a partir de esto hecho una encarnizada represalia contra otro capo rival, Esteban Alvarado, también preso, condenado a prisión perpetua y que el año pasado intentó fugarse de la prisión en helicóptero. Solo en el primer mes cayeron bajo las balas de Los Monos una treintena de rivales, algunos involucrados directamente en la muerte de el Pájaro, “otros por las dudas”, según el ex ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín.
A pesar de que los principales jefes de Los Monos, Alvarado y el peruano Julio Rodríguez Danthon -principal suministrador de la cocaína que llega a Rosario- están en la cárcel, la violencia no ha cesado. La razón fundamental es que los capos siguen dirigiendo sus negocios desde la prisión, con la complicidad del personal de prisiones, de la policía y de elementos de la Justicia y la política. En la última década fueron separados del servicio más de 500 policías por conexiones probadas con el narco, incluyendo un jefe de la policía provincial y comisarios de alto rango.
“Existe un profundo entramado entre el poder criminal mafioso, sectores de la política, la Justicia y las fuerzas de seguridad”, le dijo al diario rosarino La Capital el politólogo Hugo Quiroga, de la Universidad Nacional de Rosario, que añadió: “Erradicarlo es una tarea laboriosa, ardua, que no es de corto plazo y que implica no solo el refuerzo de la acción policial represiva, incluida la de prevención, sino poner fin a una cultura de la ilegalidad, la impunidad, la corrupción y la intimidación sobre la sociedad”.
Muchos comparan la situación de Rosario con la de la colombiana Medellín de los '80, cuando Escobar imponía su ley
Muchos, exageradamente, comparan la situación de Rosario con la de la colombiana Medellín de los años 80, cuando Pablo Escobar imponía su ley, llegando a registrarse 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los 22 que tiene Rosario, siendo terribles, no se pueden comparar, pero nadie quiere que la situación escale. El ex alcalde de la ciudad colombiana, Roberto Caferra, al ser entrevistado por la emisora rosarina Radio Dos, dio algunas indicaciones de cómo pasaron de aquella situación a ser hoy considerada una ciudad segura: “Esto se enfrenta conjugando varias acciones. Se necesita la acción de la policía, de la Justicia y, naturalmente, son urgentes siempre las intervenciones sociales”, en referencia a cuestiones tales como educación y urbanismo.
En junio de 2018 se encontraron 42 teléfonos móviles en el pabellón donde estaba recluido buena parte del clan de los Cantero. Y en la celda de Guille Cantero había una línea fija de teléfono, sin control. Fue retirada, pero dos semanas después, en otra inspección, la línea había sido reemplazada en el calabozo.
Cuando en diciembre pasado asumió Maximiliano Pullaron (Unión Cívica Radical, centro) como nuevo gobernador de la provincia, se produjo un cambio en las condiciones carcelarias de los grandes capos. Fueron reubicados en pabellones donde se les vigila las 24 horas del día, los 365 días del año en cárceles federales situadas fuera de la provincia.
Y se lanzó un mensaje a los narcos que provocó conmoción. A la manera de Bukele en El Salvador, se difundieron imágenes de presos sentados con las manos atadas atrás y el torso desnudo, subidas al Instagram del ministro de seguridad provincial, Pablo Cococcioni. Ilustradas con el tema de la banda Arch Enemy, tenía el siguiente texto: “Tenemos un plan de seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso (…) Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden cada vez la van a pasar peor”.
Distintos gobiernos nacionales y provinciales tomaron medidas que al final resultaron un fracaso. Generalmente consistieron en enviar temporalmente contingentes de Gendarmería, pero sin entrar en cuestiones de fondo. Ahora, aparte de intervenir las cárceles, el gobierno de Milei decidió la participación de las Fuerzas Armadas, un tema controvertido, por cuanto tienen prohibida su participación en tareas de seguridad interior. Aunque hay tres excepciones, como informó el sitio Chequeado: si un comité de crisis, como el que se formó en Rosario, solicita ayuda, y en este caso pueden cumplir un papel logístico; si hay una acción violenta dentro de una jurisdicción militar; y si hubiera una amenaza de tal magnitud que supere el tipo de armamento que tienen las fuerzas de seguridad.
En principio, los militares no estarán patrullando en las calles, sino cumpliendo “operaciones de apoyo al sistema de seguridad interior”, aunque las reglas son de carácter confidencial.
Paralelamente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley antimafia, que permitiría perseguir penalmente a cualquier integrante de una banda por delitos cometidos por la cuadrilla. “Queremos que cada integrante de una organización tenga la misma calificación por ser parte de la banda”, afirmó. La propuesta se basa en las experiencias de Italia, Estados Unidos y El Salvador. Y oficialmente se habla de narcoterrorismo, para poder pedir a la Justicia que aplique en estos casos la ley antiterrorista.
