@juanmgmm | Las sesiones del pleno de esta semana en el Parlamento de Galicia no pudieron evitar verse marcadas por las informaciones de los últimos casos de corrupción. Tanto la que tiene Galicia como epicentro como el caso Zeta, sobre fraude en cursos de formación y que salpica al PP de Galicia en varios concellos donde gobiernan e incluso a la Consellería de Empleo, como la operación Púnica, por la que están detenidos más de 50 personas vinculadas en su mayor parte al PP, destacando el exvicepresidente del gobierno autónomo de Madrid y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.
Especial relevancia tuvo la corrupción durante el turno de preguntas al presidente de la Xunta. Los tres grupos parlamentarios de la oposición le inquirieron por asuntos relacionados con la corrupción, con la implicación de personas del PP y por la actuación de la Xunta al respecto.
Los tres grupos parlamentarios de la oposición le inquirieron por asuntos relacionados con la corrupción
El portavoz socialista, José Luis Méndez Romeu, le preguntó si desde el gobierno de la Xunta se va a hacer algo en relación a la necesaria despolitización de las administraciones y de los organismos reguladores, a avanzar en transparencia en la acción de gobierno y en las instituciones y en reforzar al Parlamento en su tarea de control político y no en mermarlo con la reducción de diputados planteada, en aras a poner bases firmes contra la corrupción política en Galicia.
También el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, dirigió una pregunta relacionada con la implicación de personas del PP con el caso Zeta, si va a asumir responsabilidades por estar aprovechando fondos públicos para la formación de desempleados para presuntamente financiar el PP gallego, como señala el sumario del caso, y si va a permitir que el Parlamento investigue el caso desde una comisión.
Por último, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, inquirió a Núñez Feijoo sobre el caso de responsables del PP de Lugo acusados de “carreteo” de personas mayores mermadas de capacidad para votar en las pasadas elecciones gallegas de 2012, por lo que están imputados judicialmente, y si esta fue la manera con la que consiguió ganar las elecciones, además de si va a depurar responsabilidades haciendo dimitir a uno de los imputados, José Luís Iravedra, de su cargo de consejero de la CRTVG.
En sus respuestas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo coincidió en el daño que la corrupción ocasiona tanto a la sociedad como a la percepción de la actividad política, pero hasta ahí llegó el “consenso”, ya que después volvió a ejercer de presidente de la oposición a la oposición, queriendo situar al PSdeG y al BNG al mismo nivel de responsabilidad en el caso Zeta, al haber recibido la presunta trama un 30% más de fondos públicos en la época del gobierno del bipartito PSdeG-BNG. Según Feijoo, en ambas etapas parece que la Xunta ha sido engañada, pero con la diferencia que el actual gobierno gallego ha sido el que ha llevado toda la información a la fiscalía a través de sus inspecciones, mientras que el gobierno en funciones de Touriño, al perder la elecciones en 2009, siguió concediendo contratos a la trama.
Además, a Méndez Romeu le indicó que lamentaba que Pedro Sánchez negara toda posibilidad de acuerdo contra la corrupción con el PP, pero que en Galicia el PP sigue planteando al PSdeG acordar un pacto contra la corrupción, y está por verse si el PSdeG tiene autonomía y margen para poder aceptarlo, en contra de lo decidido por el PSOE en Madrid.
Sobre el “carreteo” de ancianos sin facultades para que votaran en Lugo en las elecciones galegas de 2012, Feijoo planteó esperar a las declaraciones de los imputados ante la justicia para conocer que pasó, pero en ningún momento atendió la demanda de cesar como consejero de la CRTVG por el PP a José Luís Iravedra, aprovechando para ironizar sobre si Yolanda Díaz ( y AGE) no creían en la justicia y prefieren señalar al culpable antes del juicio. Sorprendió Feijoo cuando dijo que ayudar a gente con dificultad en su movilidad para ir a votar no es delito, sobre todo cuando hay en marcha un proceso judicial substanciado, no en la movilidad, sino en la perdida de facultades mentales para poder votar y estar implicados como autores del “carreteo” responsables del PP lugués, como Iravedra, que fue su presidente.
Rechazo del grupo parlamentario popular, y por ende del gobierno de la Xunta, a todas las iniciativas presentadas por los grupos de la oposición
Pero lo que realmente marcó este pleno, como es habitual en esta legislatura, es el rechazo del grupo parlamentario popular, y por ende del gobierno de la Xunta, a todas las iniciativas presentadas por los grupos de la oposición, desde una “catenaccio” político que poco ayuda a mejorar la percepción del propio trabajo parlamentario del Partido Popular, y más cuando no resuelven sus relaciones con la mayoría de los casos de corrupción, y lo que hacen es insistir en reforzar el planteamiento de políticas de recortes al tiempo que se debilitan los servicios públicos en Galicia.
Sólo merecieron el visto bueno popular la proposición no de ley socialista para “erradicar las cláusulas suelo en los contratos bancarios con particulares”, que insta a la Xunta a adoptar las medidas oportunas contra las entidades bancarias que practiquen este abuso, y la iniciativa del BNG para modificar la ley que regula las Iniciativas Legislativas Populares en Galicia, que el propio PP “usurpó” con sus enmiendas restrictivas (no permitir participar en las ILP con 16 años, no compensar los gastos de las ILP que no resulten aprobadas en el Parlamento), sabedores de su mayoría parlamentaria, llevando al BNG a tener que abstenerse de apoyarla pero no votar en contra por reducirse de 15.000 a 10.000 las firmas necesarias para avalar la ILP. De igual manera se posicionaron desde el resto de grupos de la oposición.
La proposición de ley sobre la reforma del IRPF presentada por el BNG para evitar que los emigrantes retornados que cobran parte de su pensión del país en el que trabajaron, de la que ya está deducida la cuota fiscal correspondiente, que contó con el apoyo de todos los grupos de la oposición y de una nutrida manifestación de afectados a las puertas del Parlamento, fue rechazada por el grupo parlamentario popular. Misma suerte corrió la proposición presentada por AGE de reforma de la Ley de Ordenación de la Minería en Galicia, que fue aprobada por el gobierno bipartito, lo que motivó cierto rechazo a la propuesta de reforma por parte de PSdeG y BNG. Desde AGE se intentó mitigar al plantear que la reforma buscaba reforzar la acción protectora de la ley frente a los proyectos de megaminería y en favor de una minería responsable. No sirvió de nada un apoyo final del BNG a la proposición de cara a propiciar acuerdos de reforma, ya que el PP votó en contra, y el grupo socialista se abstuvo.
De igual manera aconteció con las proposiciones no de ley presentadas por la oposición, salvo la mencionada ya contra las “clausulas suelo” bancarias. La pnl presentada por el BNG contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP) sólo contó con el apoyo claro de AGE, ya que el PSdeG planteó matices no asumibles por los proponentes por lo que al final se abstuvo. También la pnl socialista para la dispensación de vacunas contra la varicela en las farmacias sólo contó con el apoyo del BNG y la abstención de AGE, mientras que las pnl de AGE en defensa del arte de pesca del “xeito” y de medidas de urgencia para resolver situaciones de cortes de electricidad por no poder pagarla y la pnl del BNG para reforzar el FOGASA en Galicia contaron con el apoyo de toda la oposición y el rechazo del grupo popular, que sólo permitió aprobar sus pnl presentadas en apoyo del consumo del mejillón gallego y del desdoblamiento de la autovía del corredor del Morrazo, con el rechazo de toda la oposición.
Hay que destacar que la gestión del debate parlamentario desde la Mesa no facilita un mejor tono y la tensión acumulada en los dos años de legislatura no es tratada desde la Mesa con “paliativos”, especialmente en ausencia de la presidenta de la cámara, Pilar Rojo. Cuando le sustituye el vicepresidente primero, Miguel Santalices, no sólo no evita sino que genera más tensión con sus valoraciones, llamadas al orden continuas, y sus prisas finales para acabar la votación sin atender si se aceptan las enmiendas, como ocurrió esta semana.
