El martes pasado hemos conocido el último informe de la OCDE sobre España, en el que dicha organización recomienda al Gobierno desplazar aún más la carga tributaria de la 
imposición directa a la indirecta, bajando el IRPF y las cotizaciones sociales y aumentando el IVA y otros impuestos especiales.
La OCDE olvida, sobre todo, al igual que nuestros gobiernos, que el artículo 31.1 de nuestra Constitución establece la progresividad como uno de los principios que deben inspirar nuestro sistema tributario
La OCDE parece olvidar su propio informe sobre la economía española, de septiembre de 2014, en el que reconocía que el IVA es un impuesto regresivo, que los incentivos al ahorro a través del sistema tributario suelen beneficiar a los hogares con rentas más altas y que podría impulsarse la igualdad y la neutralidad impositiva sometiendo al conjunto de las rentas, tanto del capital como del trabajo, al mismo tipo marginal del IRPF
En ese mismo informe también proponía, y ahora olvida, revisar el tratamiento de los instrumentos de inversión colectiva, concretamente el que reciben las SICAV, las cuales tributan sobre el Impuesto sobre Sociedades a un tipo de tan solo el 1%, así como reforzar los controles para garantizar que este instrumento se utilice de manera adecuada y no para eludir el pago de impuestos.
Pero la OCDE olvida, sobre todo, al igual que nuestros gobiernos, que el artículo 31.1 de nuestra Constitución establece la progresividad como uno de los principios que deben inspirar nuestro sistema tributario, y que los ciudadanos son mayoritariamente partidarios -según los datos de la última encuesta sobre opinión pública y política fiscal del CIS- de que la recaudación tributaria se efectúe, sobre todo, a través de los impuestos directos.
De este modo, desde Gestha calculamos que las recientes recetas de la Organización solo beneficiarían al 0,3% de los españoles, es decir, a aquellos que cuentan con unos ingresos anuales de más de 150.000 euros. En el lado opuesto, consideramos que una subida del IVA perjudicaría el poder adquisitivo del 85% de la población con ingresos inferiores a los 30.000 euros anuales y, en particular, la capacidad de compra del 20% de la población que está por debajo del umbral de la pobreza.
Por otro lado, estimamos que, si bien España ocupa ya un lugar destacado en el aumento de la desigualdad y la pobreza, las propuestas de la OCDE de reducir la progresividad y la potencia del IRPF incidirían negativamente en la redistribución de la riqueza y en el nivel de gasto social.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
