- El gasto público, excluido pensiones e intereses de la deuda, en 2017 es un 26% inferior al de 2008
- El PIB en 2017 fue superior en 50.000 millones de euros nominales al de 2008, pero la parte destinada a salarios aún estaba 12.500 millones de euros por debajo
- Los ingresos del 87% de los hogares de España los aportan personas asalariadas o pensionistas
- El 93% de los ciudadanos, segundo los datos más recientes del CIS, opine que la situación de la economía es regular, mala o muy mala
Desde la lógica del neoliberalismo se aprovechó la coartada de la crisis para reducir el papel del Estado, tanto en los servicios públicos cómo en las políticas sociales
Nos llevó diez años de dolor y sufrimiento, pero el PIB ya está por encima de 2008 en valores nominales. Por eso debemos hacernos una pregunta fundamental: si ya tenemos el mismo nivel de riqueza que antes de la crisis, ¿por qué ahora vivimos peor? La respuesta es simple: porque la riqueza está peor repartida como resultado de una redistribución de la renta que se puede cuantificar en más de 100.000 millones de euros cada año.
La crisis, pero de manera especial su gestión basada en el neoliberalismo, con las reformas laborales regresivas, la austeridad extrema y los recortes sociales, provocó una redistribución de la renta en contra de la mayoría social.
El PIB de España en 2017 ya fue superior en 50.000 millones de euros nominales al de 2008, pero la parte destinada a salarios aún estaba 12.500 millones de euros por debajo. Tenemos el mismo nivel de riqueza pero menos empleo, más precario y con peores salarios y por eso la mayoría social tiene menores ingresos que antes de la recesión.
La desigualdad en el reparto primario de la renta ––entre salarios y beneficios–– es una característica intrínseca al sistema capitalista que intentan corregir parcialmente las políticas públicas propias del Estado del bienestar. Y aquí está la segunda parte del problema, porque desde la lógica del neoliberalismo se aprovechó la coartada de la crisis para reducir el papel del Estado, tanto en los servicios públicos cómo en las políticas sociales.
Lo muestra con claridad una cifra: el gasto público, excluido pensiones e intereses de la deuda, en 2017 es un 26% inferior al de 2008. Esto es, tenemos la misma riqueza, pero muchos menos recursos públicos para la sanidad, la educación o la política social.
También en el denominado reparto secundario de la renta ––el que hace el Estado a través de los impuestos y del gasto público–– hay un claro retroceso. Las rentas de capital, las grandes fortunas, los beneficios empresariales, en especial en el caso de las compañías multinacionales y los contribuyentes con rentas más altas, aportan cada vez menos, por culpa de las contrarreformas fiscales de los últimos años. Lo demuestran los datos: baja la recaudación del impuesto de sociedades, del de patrimonio o la contribución de las rentas de capital en el IRPF mientras sube el IVA. El resultado son menores ingresos y una redistribución de la carga fiscal contra asalariados y pensionistas.
La misma riqueza pero peor repartida, y por eso se extiende el malestar social. Los ingresos del 87% de los hogares de España los aportan personas asalariadas o pensionistas. Si los salarios bajan, el empleo se hace precario, las pensiones pierden poder adquisitivo y la protección social y los servicios públicos se recortan, la mayoría social sufre un empeoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo.
Salimos de la recesión, es cierto, pero con una gravísima brecha social que se puede cuantificar. En comparación con 2008, los salarios perdieron algo más de tres puntos del PIB lo que equivale a 37.000 millones de euros anuales. Por su parte, el gasto público en servicios públicos y protección social ––excluido el gasto en pensiones e intereses–– está 70.000 millones de euros por debajo de 2008.
En conjunto son 107.000 millones de euros, cifra que nos aproxima a la factura que pagamos cada año por una crisis que acabó convirtiéndose en una estafa para la mayoría social.
Esta es la razón que explica que, a pesar del crecimiento del PIB, el 93% de los ciudadanos, segundo los datos más recientes del CIS, opine que la situación de la economía es regular, mala o muy mala. Y tienen razón. Porque salir de la recesión no es salir de la crisis. Porque el crecimiento económico no se traslada a mayor bienestar social. Porque hay crecimiento pero no recuperación. Porque no pasamos de lo macro a lo micro, de las estadísticas a la realidad de la gente.
