Un 81% de las mujeres víctimas de la violencia de género se encuentra desempleada o trabaja en la economía sumergida.
Es lo que se desprende del sexto informe ‘Un empleo contra la violencia’ realizado por la Fundación Adecco con motivo de la celebración, este 25 de noviembre, del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.
Según este informe, que ha basado sus conclusiones en una encuesta a 500 mujeres víctimas de la violencia de género, así como en un análisis de los datos de denuncias por violencia de género ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial, el 65% no tiene trabajo, mientras que un 16% admite desempeñar algún tipo de ocupación pero sin contrato, en condiciones de absoluta desprotección.
“El desempleo y los trabajos realizados en la economía sumergida conducen a más de 8 de cada 10 mujeres víctimas a la exclusión social y a la pobreza, propiciando que su situación se perpetúe en el tiempo. Por ello, el empleo se alza como el recurso clave para hacer frente a la violencia de género, al constituir el único elemento que empodera transversalmente a las mujeres, incrementando su autonomía, independencia y autoestima”, señala Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
Un 58% de las desempleadas es de larga duración, es decir, lleva más de un año sin encontrar trabajo; el 71% de las víctimas señala esta situación de desempleo y/o precariedad como frenos principales a la hora de denunciar su situación. Al no tener ingresos propios y depender económicamente del agresor, -muchas veces por imposición directa de éste-, y al sentir menoscabada su autoestima, temen encontrarse solas, sin recursos e, incluso, perder la custodia de sus hijos, subraya el informe.
Según Begoña Bravo, consultora de la Fundación Adecco: “en muchas ocasiones, es la propia violencia de género la que aleja a las víctimas del mundo laboral, debido al bloqueo de acceso al empleo que ejerce el agresor, conduciéndolas a una espiral de aislamiento que deriva en mayores cotas de desempleo y en grandes dificultades para buscarlo. Asimismo, el hecho de no ser independientes económicamente puede ocasionar que la violencia de género se perpetúe en el tiempo”.
Un 80% también reconoce el miedo a las represalias, previendo que la denuncia pueda tener un efecto multiplicador en la violencia, tanto sobre ellas, como sobre sus hijos. De lejos, un 40% destaca la inseguridad jurídica, es decir, la desconfianza en la protección que le proporcionará el sistema. Asimismo, un 38% admite no denunciar por vergüenza a “reconocer” las graves situaciones que ha tolerado, seguidas de un 35% que declara no querer perjudicar al agresor (prisión, pérdida de estatus social y familiar, etc.).
Además, existen otras razones que llevan a las víctimas a la inacción: la esperanza de que su pareja cambie (31%), o la voluntad de “aguantar” para que sus hijos tengan una familia (25%).
MÁXIMO HISTÓRICO DE DENUNCIAS
Las denuncias por violencia de género alcanzaron su máximo histórico el pasado año (166.260) y han crecido un 29% en el último lustro. Concretamente, el número de denuncias se ha incrementado un 16% con respecto al año pasado y un 29% desde 2012, hace un lustro.
Las Comunidades donde se han registrado los mayores aumentos de denuncias han sido Madrid (25,2%), Murcia (24,4%), Navarra (22,2%) y Aragón (22,1%). En el otro lado, Asturias es la única región en la que las denuncias han descendido
(-1,3%).
