Los sindicatos consideran “muy negativas” las nuevas medidas laborales del Gobierno al entender que el decreto ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros condena a los jóvenes a precariedad laboral y bajos salarios. La norma elimina algunas trabas al encadenamiento de contratos temporales y amplía hasta los 30 años la edad para firmar un contrato de formación, dos medidas defendidas por el Gobierno, que entiende que la crisis obliga a introducir algunos cambios aunque solo de manera temporal.
UGT considera que las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros son "muy negativas" porque empeoran las condiciones laborales de los trabajadores y no ayudan a la recuperación económica del país. El sindicato que dirige Cándido Méndez cree que el Gobierno "vuelve a equivocarse" con medidas "parciales y equivocadas" que resultan "claramente negativas y perjudiciales" para los trabajadores, como la suspensión del tope para encadenar contratos temporales o la ampliación a 30 años del límite para acceder al contrato de formación y aprendizaje.
Mientras Comisiones Obreras (CCOO) cree que las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros suponen un nuevo ataque al diálogo social y una "total falta de respeto" a los interlocutores sociales, además de tildarlas como "ineficaces, faltas de rigor e improvisadas",
"No por legalizar el fraude en la contratación se va a crear más empleo", señaló la central dirigida por Ignacio Fernández Toxo, que considera que el nuevo contrato de formación condena a los jóvenes a la temporalidad y a bajos salarios, mientras que la eliminación del encadenamiento de contratos supone la indefensión total para "cientos de miles de personas"
Las centrales recordaron además las medidas que ambos enviaron sin éxito al Gobierno, tras la entrevista entre Zapatero, Toxo y Méndez, con el objetivo de “reactivar la economía” y a favor de una distribución "más justa" de las cargas de la crisis. Y lamentaron que, entre estas medidas, el Ejecutivo solo haya incluido la prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados que hayan agotado sus prestaciones, que UGT considera una buena medida, aunque "insuficiente" porque aún tres de cada diez parados no tienen ningún tipo de ayuda económica.
CEOE: El Gobierno “desperdicia” la ocasión
Las patronales CEOE y Cepyme, por su parte, lamentaron que el decreto ley de medidas laborales no va en la "dirección adecuada" y que el Gobierno “desperdicie” la ocasión de “flexibilizar” el contrato a tiempo parcial, una de las medidas previstas que el Ejecutivo finalmente descartó.
Por lo que respecta a la modificación del contrato para la formación y el aprendizaje, CEOE y Cepyme consideran que se aleja mucho del modelo alemán y de la formación dual, al tiempo que "introduce rigideces" que van a dificultar su utilización por las empresas.
Asimismo, considera que "no se entiende" retrasar hasta una "fecha tan tardía" como el primer semestre del 2013 la apertura del proceso de negociación con los agentes sociales con el fin de crear el Fondo de Capitalización –que pretende transformar el sistema que regula las indemnizaciones por despido-, y han pedido que se adelante a la primera mitad de 2012.
En cuanto a la integración del Fogasa en el Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de 6 meses, los empresarios la consideran innecesaria y ajena a la función y racionalidad de ambos organismos, y consideran que hay "dudas razonables desde el punto de vista jurídico/técnico para que se pueda proceder a la citada integración".
El Gobierno prefiere “un empleo temporal a un parado"
Por su parte, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha reconocido que el Gobierno prefiere que los trabajadores tengan un empleo temporal a que estén en el paro. Ese es uno de los motivos por los que el Ejecutivo ha decidido suspender el límite al encadenamiento de contratos temporales, una de las medidas que más malestar ha causado entre los sindicatos.
"En crisis, lo importante es sostener el empleo, sin cualificarlo, sea temporal o indefinido, pero preferimos tener un empleo temporal antes que un parado", ha afirmado Gómez.
Respecto al nuevo contrato de formación, del que ha dejado claro que "no es un contrato basura", Gómez se ha mostrado convencido de que permitirá elevar el volumen actual de contratos de formación, pues suponen unos 100.000 frente al total de 12 millones de contratos que se efectúan anualmente.
