Las nuevas reformas que intensificaron la desregulación del mercado de trabajo lograron abaratar los costes laborales y reducir la negociación colectiva y su alcance
En España, como en el resto de países del sur de la eurozona, la crisis de 2008 y la puesta en marcha a partir de 2010 de la estrategia conservadora de austeridad y devaluación salarial alentaron una nueva ola de reformas estructurales del mercado laboral. En aras de una mayor competitividad y más flexibilidad de la gestión de la fuerza de trabajo, las nuevas reformas que intensificaron la desregulación del mercado de trabajo lograron abaratar los costes laborales (salarios, seguridad social a cargo de las empresas y los gastos asociados a los despidos) y, de paso, pero no por ello menos importante, reducir la negociación colectiva y su alcance. Así, en España, se eliminó la prevalencia del convenio sectorial, se rebajó la protección a los trabajadores cuando finaliza la vigencia del convenio y éste no es sustituido por uno nuevo en el plazo de un año (la denominada ultraactividad) y se amplió la tipología de los contratos laborales precarios y las fórmulas de relación mercantil y “colaborativa” que enmascaran relaciones de dependencia laboral, como es el caso de muchos de los nuevos autónomos.
Las reformas ultraliberales también se encaminaron a intensificar la competencia entre países y reducir la presión fiscal sobre los beneficios empresariales, logrando disminuir sensiblemente los tipos impositivos nominales y efectivos. Lo cual resulta especialmente chocante en el caso de la eurozona, ya que el compartir una moneda única debería llevar a los Estados miembros a incrementar los niveles de cooperación y coordinación de sus políticas fiscales y económicas.
Con la reducción de los costes laborales y fiscales de las empresas se pretendía presionar a la baja a la demanda doméstica para eliminar los desequilibrios exteriores por cuenta corriente, tras dejar de ser financiados a partir de 2010 por los países excedentarios del centro de la eurozona (Alemania y Holanda, principalmente), y recuperar los beneficios empresariales como vía prioritaria para reactivar la economía. Y al mismo objetivo se sumó la ampliación de los espacios económicos en los que se impuso la lógica mercantil a costa de reducir los bienes públicos, la inversión pública y la protección social que proporciona el Estado.
Como consecuencia de tales reformas se debilitó la posición, representación y capacidad de actuación de unos sindicatos de clase obligados a adaptarse a las nuevas condiciones en las que se desarrollan las relaciones laborales y los conflictos (o, en menor medida, los acuerdos) con la patronal. Estigmatizados por la ideología neoliberal y por parte de la opinión pública como organizaciones corporativas que defienden privilegios, en lugar de derechos, los sindicatos y su acción sindical afrontaron mayores dificultades para organizar y representar las reivindicaciones de un mundo del trabajo más fragmentado y polarizado que dispone de menos herramientas legales y sindicales de defensa.
Las tendencias mencionadas no son nuevas, muchas de ellas son visibles y actúan desde hace al menos tres décadas. Lo nuevo es su intensidad y su amplitud. El desarrollo y la aplicación de la robotización y las nuevas tecnologías digitales se han sumado a los anteriores movimientos de deslocalización de actividades productivas hacia las economías emergentes de bajos salarios para intensificar los procesos de polarización del mercado laboral, fragmentación de la clase obrera, dispersión salarial y, especialmente, precarización del empleo.
Se ha producido un potente movimiento de reestructuración de los procesos productivos y de comercialización globales, del que han emergido victoriosos los grandes negocios sustentados en plataformas digitales (Google, Amazon, Facebook, Uber o Airbnb) y los grandes grupos empresariales que han sido capaces de robotizar su producción, implantar plataformas digitales en la relación con sus clientes y crear nuevos mercados oligopólicos, con las consiguientes ventajas y capacidad de absorción de beneficios. La importancia del capital intangible que alienta la proliferación de actividades sustentadas en plataformas digitales queda patente en un solo dato: desde 2013, la inversión en activos inmateriales (programas informáticos, propiedad de la innovación o competencias de gestión empresarial) supera en los países capitalistas más avanzados la destinada a la inversión en activos materiales destinados a la sustitución y modernización del aparato productivo material de las empresas.
El resultado más notable de esta evolución es el aumento de la precariedad laboral y, como consecuencia, la ampliación de un concurrido espacio social en el que personas con empleo (por cuenta propia y ajena) obtienen ingresos insuficientes que les hacen malvivir en situaciones de pobreza relativa e incorporarse a los anchos márgenes de los que corren el riesgo de caer en la exclusión social, situación que afecta especialmente a jóvenes, mujeres y parados de larga duración mayores de 55 años.
Pero, junto al auge de los empleos poco cualificados, peor pagados y precarios, hay también otra robusta tendencia en sentido contrario que comparten las economías capitalistas avanzadas: se han multiplicado los empleos con altos niveles de formación, cualificación y remuneración salarial en las empresas más innovadoras y abiertas al mercado global que obtienen altas remuneraciones salariales. Tendencia que a menudo pasa desapercibida o atrae una menor atención de la opinión pública.
La bipolarización del mercado de trabajo, que a menudo no se incorpora a los análisis, pese a su enorme importancia, impulsa al tiempo la ampliación de la pobreza y la exclusión social, entre los trabajadores atrapados en empleos precarios (o en el desempleo de larga duración), y el aumento del empleo muy cualificado, con altas remuneraciones que participan de los beneficios y ventajas que producen la globalización y las rentas de monopolio que generan la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de producción, comercialización y distribución.
Conocer los cambios y complejidades de la estructura socio-económica de un país es esencial en la tarea de seleccionar los objetivos políticos y diseñar las políticas económicas para alcanzarlos; también, en el imprescindible arbitraje que sustenta la jerarquía de los objetivos que defienden las diferentes fuerzas políticas y su diálogo con la ciudadanía para explicar cómo se adecuan sus programas a las necesidades y pretensiones de los grupos sociales que pretenden representar en las instituciones. Sin embargo, se tiende a menudo a ver un mundo del trabajo homogéneo o a establecer clasificaciones dicotómicas en la descripción de la estructura social (arriba y abajo; 1% frente al 99%; casta y pueblo; capitalistas y trabajadores) que no permiten aprehender la complejidad de la sociedad realmente existente ni orientar una acción política realista. Así, la acción política al uso se basa con demasiada frecuencia en una percepción superficial (y emocional) de la estructura social que llena de confusión el debate político y vela las muchas diferencias y contradicciones existentes en el seno de las clases trabajadoras y los sectores populares. Y, al mismo tiempo, dificultan que los problemas sociales tengan la relevancia en la opinión pública y la atención de los partidos políticos que merecen.
Entre 1993 y 2013 el empleo cualificado crece con fuerza en toda Europa
El gráfico anterior muestra como la economía española, en el período 1995-2015, se distingue por una intensa caída de los empleos de cualificación media (13%) y un fuerte crecimiento de los empleos muy cualificados (10%). Las mismas tendencias se observan, aunque con menor intensidad, en el resto de economías capitalistas avanzadas: la estructura de empleos se deforma en detrimento de los empleos de cualificación media, debido entre otros factores al retroceso del sector industrial y de los servicios a la industria, mientras aumentan de forma generalizada los empleos muy cualificados y, en menor medida, los menos cualificados, como consecuencia de la expansión de los servicios domésticos poco sofisticados (servicios a las personas, hoteles, restaurantes, bares, ocio, transporte, distribución…).
El siguiente gráfico refleja las mismas tendencias. Entre 1993 y 2013 el empleo cualificado crece con fuerza en toda Europa. Y España se lleva la palma entre los 15 países considerados, con un crecimiento muy importante de los cuadros y los empleos intermedios asalariados que pasan de representar un 22,1% del empleo total a un 33,7%. Un incremento de 11,6 puntos porcentuales en dos décadas que sólo es superado por Francia (12,5 puntos), aunque en términos relativos, respecto al nivel de partida en 1993, el aumento es mayor en España que en Francia. Pese a ese fuerte crecimiento, la economía española no ha logrado abandonar los puestos de cola, en cuanto al peso relativo del empleo cualificado en el empleo total.
La reducción de empleos de cualificación media supone una fuerte amenaza para amplios sectores de trabajadores
Las consecuencias de la polarización del empleo son decisivas, tanto en el terreno económico como en el sociopolítico. En el terreno económico, la deformación de la estructura de empleos en detrimento de los empleos de cualificación media, constriñe los aumentos de productividad y limita los aumentos salariales de una parte muy importante de las clases trabajadoras.
En el terreno sociopolítico, la reducción de empleos de cualificación media supone una fuerte amenaza para amplios sectores de trabajadores que observan con preocupación que pueden perder sus empleos actuales y, con ellos, su bienestar y descender a los infiernos del desempleo y los empleos precarios. Por otro lado, como los empleos precarios siguen creciendo y el aumento de los empleos muy cualificados no compensa la reducción de los empleos de cualificación media, la mayoría de los jóvenes vive con una frustración creciente que la mayor duración y nivel de sus estudios no permiten conseguir empleos decentes con salarios dignos. Buena parte de la juventud es condenada al desempleo o a una cadena infinita y sin salida de empleos precarios. En el extremo opuesto, una parte significativa de las clases trabajadoras (entre un 15 y un 25%) se beneficia de la deformación de la distribución de la renta, que no sólo privilegia a las rentas del capital, sino que también beneficia a las rentas salariales vinculadas a los empleos de mayor cualificación y a las empresas y actividades más abiertas a la economía mundial.
Reducir la polarización del empleo no es una tarea simple o fácil. Ni se puede prohibir el progreso técnico ni sería inteligente hacerlo. No se puede acabar con la globalización, aunque sí se puede gobernar y gestionar para revertir su deriva neoliberal y alentar una globalización inclusiva, democrática y regulada multilateralmente. Tampoco es posible reconducir una parte significativa de la demanda hacia los productos industriales, ya que las necesidades de la demanda solvente están cubiertas y hasta saturadas; además, el aumento de la producción industrial impulsaría el consumo de materiales y energía y, como consecuencia, provocaría efectos inasumibles sobre el cambio climático y un crecimiento aún más insostenible que el actual. Antes que la búsqueda de una fórmula mágica o un atajo, que no existen, hay que pensar en un plan de acción política prolongada que sólo podría dar frutos a medio y largo plazo, a condición de que tenga las simpatías de una amplia mayoría social y el respaldo de los agentes económicos y una mayoría política suficiente.
Las consignas neosoberanistas de la derecha xenófoba contra la inmigración y a favor del proteccionismo son contraproducentes y, de igual modo, las propuestas de reducción de la presión fiscal sobre las rentas del capital, los beneficios empresariales o los grandes patrimonios que defienden las derechas supondrían, inevitablemente, desequilibrios presupuestarios más intensos, mayores niveles de desprotección social de la mayoría, más desigualdad y menos oportunidades para los sectores sociales más desprotegidos. Tampoco el más que improbable objetivo de salida unilateral del euro y de la UE, caso de ser posible tal aventura (dado el muy alto nivel de la deuda externa y los impactos negativos de la devaluación de la nueva moneda), supondría un alivio, antes bien añadiría más problemas y riesgos. Ni siquiera la experimentación de políticas industrializadoras está exenta de la probable aparición de nuevos problemas, ya que a la lenta maduración de tales políticas habría que añadir las consecuencias de la utilización de medidas no cooperativas que provocarían una mayor desindustrialización de otros países.
Las falsas soluciones o las salidas inviables no implican una condena a mantenerse de brazos cruzados ante los problemas estructurales o de gran calado relacionados con la bipolarización del empleo.
Un pacto progresista amplio y plural, sustentado en una ciudadanía más activa y más consciente de los problemas que deben afrontarse, puede hacer mucho en la defensa, reafirmación y extensión de los derechos y libertades que están amenazados por el auge de los partidos populistas de extrema derecha, pero también en la resolución de los graves problemas económicos, sociales y laborales que afectan a la mayoría social con un programa económico centrado en los problemas esenciales: rescate social de los más débiles; reversión de las reformas del mercado laboral que tan nefastas consecuencias han tenido; impulso de la modernización productiva y cambio de especializaciones y estructuras productivas que permitan crear empleos de calidad, menos intensivos en el consumo de materiales y energía; y reformas institucionales y de política económica en la eurozona que permitan que Europa y el euro funcionen en beneficio de todos los Estados miembros y sus ciudadanías y se conviertan en un factor activo a favor de una globalización inclusiva sustentada en leyes e instituciones multilaterales capaces de imponerse a los intereses particulares de las grandes potencias hegemonistas.
