Para CCOO se ha producido una “utilización perversa del objeto legal de este tipo de contratos” que permite la contratación de quienes no tienen cualificación asociada a dicha ocupación
“Es inadmisible que una mujer con la carrera de Medicina pueda ser contratada como camarera”, afirma la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana.
Este sindicato ha elaborado un informe que demuestra la “perversa” utilización de los contratos de formación y aprendizaje para jóvenes por parte de las empresas.
Tras las reformas legislativas aplicadas por el PP, en particular la reforma laboral de 2012, que redujo el tiempo de formación y aumentó el dedicado al trabajo, se ha venido utilizando este tipo contrato de formación con fines distintos a los inicialmente previstos: ni ha ocupado a los más jóvenes, como era su finalidad, ni han mejorado su cualificación e inserción en el mercado laboral. Más bien todo lo contrario, han servido a los empresarios para disponer de una mano de obra altamente cualifica con un coste muy bajo.
En 2018 solo 1 de cada 10 contratados eran jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 19 años
El estudio de CCOO “Contratos para la formación y contratos en prácticas. Febrero 2019”, que analiza la información de contratos formativos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), muestra que en 2018 han crecido en un 60% las personas con más de 30 años contratadas bajo esta modalidad.
El número de contratos para la formación y el aprendizaje ha crecido de forma sostenida. En el año 2018 se celebraron 52.803, un 0,2% del total y un 9% más que en 2017. Este crecimiento ha sido mayor que el 3% registrado para el conjunto de las contrataciones.
En su diseño original, este tipo de contratos se dirigía a jóvenes menores de 25 años. Pese a ello, el 54% de las personas contratadas en 2018 tenían 25 años o más. De estos, el 28% superan los 30 años y solo 1 de cada 10 personas eran jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 19 años.
Una herramienta de precarización
Según el informe de CCOO, la participación de las personas más jóvenes incorporadas al mundo laboral con menores niveles educativos ha descendido del 71% en 2007 a tan solo el 13% en 2018. “Vemos cómo en la práctica estos contratos, en contra de su objeto, no se dirigen mayoritariamente a los más jóvenes. Podemos decir, entonces, que su uso está precarizando las condiciones de trabajo de la población adulta, sin explicación ni justificación laboral alguna”, remarca Lola Santillana.
Además, teniendo en cuenta que el salario medio de estos convenios es el Salario Mínimo Interprofesional, “se han precarizado las condiciones de trabajo de una parte de la población adulta a través de esta contratación”, señala CCOO.
El número de contratos de este tipo que han pasado a indefinidos también ha sido muy bajo. Durante el periodo 2007-2015, solo 4 de cada 100. A partir de 2016, aumenta significativamente este porcentaje, en torno al 21%, aunque este aumento -precisa el sindicato- se debe a un descenso en el total de contratos celebrados y no al incremento del número de los que se convierten en indefinidos.
Personas con niveles de estudios altos
Asimismo, aumenta el nivel de formación que tienen las personas que acceden a un contrato para la formación, lo que supone una alteración del verdadero objeto de este tipo de contratos.
Si en el año 2007 apenas suponía el 2% de los contratos, a partir de 2014, el 6% de quienes accedían a un contrato para la formación tienen estudios universitarios o formación profesional de grado superior. Se trata de personas con niveles de estudios altos, pero sin cualificación para el puesto de trabajo a desempeñar. En 2018, el 11% de estos contratos se realizaron a personas con formación profesional o estudios de grado, mientras que solo el 36% se formalizaron con personas sin estudios o con estudios primarios. Algo que resulta "inadmisible" para el sindicato.
Es el sector Servicios el que acapara este tipo de contratos: el 92% de ellos se celebran en este sector y lo hace para ocupaciones relacionadas con la restauración. Son dependientes de tiendas, trabajadores y trabajadoras de los servicios de restauración (camareros, 'Kellys', etc.), personal de limpieza y peones, quienes concentran tradicionalmente la mayor parte de los contratos. La contratación en ocupaciones más cualificadas en los sectores de la Industria y Construcción, apenas supera el 10% del total de contrataciones.
Un elevado coste para las arcas públicas
Las empresas pagan las facturas a los centros de formación, los centros obtienen ingresos por los servicios de formación y el Estado sufraga los gastos de formación a las empresas a través de bonificaciones en las cotizaciones sociales
El coste para las arcas públicas de estos contratos entre 2013 y 2018 asciende a más de 2.144 millones de euros considerando que la formación se realiza bajo la modalidad de teleformación. El coste público se incrementa en más de un 37%, alcanzando casi los 3.000 millones de euros si se considera que la formación se realiza en modalidad presencial. El módulo económico de la modalidad presencial es 8 euros por hora y participante, frente a los 5 euros de la teleformación, detalla CCOO.
En definitiva, estas prácticas han provocado “un crecimiento elevado en el número de contrataciones y un pujante negocio para las entidades de formación que eran mantenidas con financiación pública, poniendo en riesgo o renunciando a uno de los objetivos fundamentales: aumentar el nivel de cualificación y empleabilidad”, denuncia el sindicato. Las empresas pagan las facturas a los centros de formación, los centros obtienen ingresos por los servicios de formación y el Estado sufraga los gastos de formación a las empresas a través de las bonificaciones en las cotizaciones sociales.
