El Consejo de Ministros de este viernes aprobará varias medidas de mejora de la protección social que ya estaban recogidas en los PGE
El Gobierno de Pedro Sánchez seguirá legislando hasta el 28 de abril, fecha de celebración de las elecciones generales. Así lo confirmó este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que avanzó algunas de las medidas sociales y laborales que pretenden sacar adelante en los dos meses que restan de la cita con las urnas.
La última semana antes de la disolución de la Cortes, el próximo 5 de marzo, ha arrancado con el vértigo de intentar aprobar parte del paquete de medidas de protección social incluidas en los Presupuestos, tumbados por la oposición en el Congreso, y dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados con los sindicatos ahora ya en tiempo de descuento.
El pasado viernes, el Ejecutivo hizo llegar a los agentes sociales un primer borrador con una docena de medidas y les emplazó a dos reuniones esta misma semana. La primera, sobre igualdad, se celebró este lunes y había un segundo encuentro previsto para este martes sobre temas laborales que el Ministerio de Trabajo ha suspendido en el último momento aduciendo problemas de agenda. En este encuentro se iban a abordar precisamente los cambios en la reforma laboral.
El totum revolutum generado en las últimas horas sobre las medidas que podrían aprobarse en el Consejo de Ministros de este viernes, 1 de marzo, no ha hecho más que crecer, más teniendo en cuenta que la misma noche del lunes algunos medios avanzaron parte de ese paquete de mejoras de protección social aún en ciernes, donde ni por asomo figura la contrarreforma laboral o la reforma de pensiones, ejes estos centrales de la negociación con los sindicatos.
En este escenario, el Gobierno parece decidido a centrarse en buscar los apoyos parlamentarios necesarios para apuntalar dichos decretos que han de ser convalidados por las Cortes (lo más previsible es que sean más de uno), en unas negociaciones a varias bandas con el bloque que apoyó la moción de censura. Por un lado, el PDdCAT, muy reacio a aceptar los postulados sindicales de la contrarreforma laboral; y por otro, Unidos Podemos quien se opuso la semana pasada a continuar con los trabajos del Pacto de Toledo para la mejora de las pensiones.
PRIMEROS DECRETOS DE MEDIDAS URGENTES
Lo que parece seguro es que este viernes el Consejo de Ministros aprobará varias de esas medidas, principalmente las relativas a mejoras de la protección social y que figuraban en los PGE.
Hablamos del aumento de las pensiones mínimas de invalidez; el pago de cotizaciones a cuidadores de personas dependientes que en la mayoría de los casos son mujeres; o nuevas cuantías para familias necesitadas con menores a cargo.
También habrá modificaciones en el régimen de protección de los artistas en espectáculos públicos en periodos de inactividad; mejoras en la cotización de los trabajadores por Cuenta Ajena Agrario (subsidio agrario) y la conversión de contratos eventuales a fijos para este sector. En este primer borrador también figura la recuperación del subsidio para mayores de 52 años.
Los sindicatos aplauden estos "avances", pero recuerdan que “no son los temas centrales del diálogo social” acordados con el Gobierno en diciembre pasado. CCOO y UGT afirman que aún hay margen para abordar los principales cambios pactados para la reforma laboral de 2012 e instan al Gobierno a seguir negociando con los distintos grupos parlamentarios y a legislar vía decreto ley para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado con los agentes sociales.
Fruto de ese acuerdo el Gobierno se comprometió a devolver la ultractividad de los convenios, a hacer prevalecer el convenio sectorial sobre el de empresa, modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, o instaurar el registro horario, aspectos estos a los que se opone de plano la CEOE, que no se sumó al acuerdo.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado taxativo al respecto: “Instamos a que se abra una vía de diálogo efectiva para corregir efectos perniciosos de la reforma laboral”, ha dicho. Por su parte, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que mantiene el “optimismo” aunque admite la “dificultad” a la hora de concitar acuerdos una vez convocadas las elecciones. Asimismo, ha recordado la necesidad de derogar la reforma de pensiones de 2013, más cuando en la práctica ya no se está aplicando.
Aunque las negociaciones en el Congreso en materia laboral y de pensiones siguen encalladas, la ministra de Hacienda mantiene la intención del Gobierno de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral.
En las declaraciones de este martes también ha confirmado que se aprobarán medidas en materia de igualdad, que podrían ir desde la ampliación del permiso de paternidad, o la obligación de las empresas de hacer públicos los salarios de hombres y mujeres, entre otras.
