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LEY DE IGUALDAD LABORAL

PSOE propone multas de hasta 50.000 euros para aquellas empresas que no concilien

La ley del PSOE ‘para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación’ se debatirá el próximo martes en el Congreso’.

La ley ampara a todas las mujeres trabajadoras por cuenta propia o ajena, en el empleo público o privado

El pleno del Congreso debatirá el próximo martes la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para la igualdad laboral. El proyecto fue presentando el pasado mes de febrero, con el PSOE en la oposición, y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quiere tramitarla por la vía de urgencia tal y como anunció la semana pasada la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.

La ley ‘para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación’ se debatirá el próximo martes en el pleno del Congreso y obligará a las empresas a tener cuotas femeninas en sus órganos de dirección, lo que supone un paso más respecto a la Ley de Igualdad aprobada en 2007 por el gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, una normativa -puntualizó Calvo- que “invita pero no obliga” a las empresas a contar con mujeres en puestos de poder y liderazgo.

Las críticas a este anuncio no tardaron en llegar por parte de la cúpula empresarial. Antonio Garamendi, presidente de la patronal Cepyme y único candidato a relevar a Juan Rosell al frente de la CEOE aseguró hace unos días que las cuotas obligatorias de mujeres "puede llevar a la pérdida de competitividad". Habrá que ver cuál será la posición del PP que ya llevó al Tribunal Constitucional la ley de igualdad de Zapatero con un recurso que fue finalmente desestimado en 2008.

El proyecto de ley del PSOE cuenta con 49 artículos que repasan toda la normativa laboral afectando a 7 leyes (entre ellas, la reforma laboral de 2012), 3 reales decretos y 7 directivas comunitarias. El objetivo es pasar "de las buenas palabras a los hechos, de las propuestas a los derechos", señaló Calvo, y "afrontar de manera global todos los problemas de discriminación laboral de las mujeres" también en materia de brecha salarial.

MULTAS DE HASTA 50.000 EUROS

La ley prevé multas de hasta 50.000 euros para aquellas empresas que impidan la conciliación. Establece como infracciones ‘muy graves’ impedir el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación; la extinción de un contrato de trabajo durante el periodo de prueba por razón de embarazo o maternidad; o el despido de una trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva.

Las infracciones por el incumplimiento de cuotas de mujeres en órganos de representación van de muy graves, a graves o leves, si están por debajo del 20%, del 30% y del 40% respectivamente.

Se establece como infracciones graves incumplir el deber de negociación de acciones positivas para alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los contratos formativos de una empresa; no informar, u ocultar la información disponible, a las personas trabajadoras o a su representación, sobre el diagnóstico correspondiente al plan de igualdad de una empresa; y obstaculizar la actuación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley.

Las sanciones por las infracciones leves podrán imponerse en su grado mínimo, con multas de 60 a 125 euros; en su grado medio, de 126 a 310 euros; y en su grado máximo, de 311 a 625 euros. Las graves, con multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su grado medio, de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo, de 3.126 a 6.250 euros. Y las muy graves, con multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 12.500 euros; en su grado medio, de 12.501 a 25.000 euros; y en su grado máximo, de 25.001 euros a 50.000 euros.

La ley ampara a todas las mujeres trabajadoras por cuenta propia o ajena, en el empleo público o privado y garantizará el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.