viernes. 19.04.2024
reforma laboral
Imagen de archivo.

Uno de los principales cambios que introdujo el Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura a Rajoy fue impulsar el dialogo social y encauzar la vía para la contrarreforma laboral virtud a los compromisos adquiridos por el nuevo jefe del Ejecutivo en el debate de investidura y del acuerdo logrado con Unidos Podemos.

La segunda mitad de 2018 fue profusa en reuniones con los agentes sociales para revertir las reformas acometidas por el PP y recuperar derechos en materia social y laboral. Un diálogo fluido que dio como resultado determinantes acuerdos con los que forzar a la CEOE a posicionarse en este nuevo escenario político.

Sin embargo, dichos cambios empezaron a ralentizarse a final de año ante la incertidumbre y las complicaciones para negociar unos presupuestos aprobados ya por el Consejo de Ministros pero que deben contar con el apoyo de las fuerzas que hicieron posible el cambio de gobierno, entre ellas el PDeCAT, para lograr el beneplácito parlamentario.

Pese a las dificultades por reconducir la negociación con una CEOE, reticente a prescindir de ese escenario propicio surgido con la reforma laboral de 2012, los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, lograron arrancar al Gobierno el compromiso a varios cambios urgentes a tenor de la situación de muchos colectivos sociales ahogados por una crisis que pese a la cacareada recuperación económica no acaba de paliarse.

Hablamos de recuperar la ultractividad de los convenios; de la prevalencia del convenio sectorial al de empresa; de reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para acabar con las condiciones laborales que se imponen en las subcontratas y la externalización de servicios; o del subsidio para mayores de 52 años que ya se ha puesto en marcha.

Otras medidas también han visto la luz como el acuerdo de patronal y sindicatos para garantizar un salario mínimo de convenio de 14.000 euros y para lo que los empresarios tienen de plazo hasta 2020. Asimismo, la importante subida del SMI y de los salarios de los funcionarios, medida esta última que ya se pactó con el anterior gobierno de Rajoy y que se ha materializado con el gobierno del PSOE.

TODO SIGUE EN UN IMPASSE

CCOO y UGT  han levantado la voz en un intento por presionar al Ejecutivo a dar un paso al frente y a no otorgar “derecho de veto” a la CEOE

A día de hoy, mientras CEOE hace mutis por el foro, el Gobierno intenta consumar un difícil encaje de bolillos en su negociación presupuestaria con la derecha catalana, los herederos de CiU: el PDdCAT. Ministras tan implicadas en tan necesarios cambios como las de Trabajo y Hacienda, Magdalena Valerio y María Jesús Montero, siguen manteniendo firme su propósito de darle la vuelta a la reforma laboral del PP. Pese a ello, todo sigue en un impasse.  

Ante esta situación, los sindicatos han levantado la voz en un intento por presionar al Ejecutivo de Sánchez a dar un paso al frente y a no otorgar “derecho de veto” a la CEOE. Para ello, han puesto en marcha su maquinaria sindical y anuncian un gran acto el próximo 8 de febrero para exigir la contrarreforma laboral y la reforma de pensiones, esta última con dos condiciones sobre las que ni CCOO ni UGT van a renunciar: índice de revalorización y que se derogue el factor de sostenibilidad, además de que se abra un debate de fondo sobre ingresos para asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones cara al futuro.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, llevan semanas reforzando su pulso al Gobierno. La urgencia en las reformas marca el paso de sus reivindicaciones. En un artículo publicado en este mismo periódico por el líder de UGT bajo el título ‘Presupuestos: es momento de actuar’, afirma que “los ciudadanos y ciudadanas no tienen más tiempo, no pueden esperar a que el Gobierno decida tomar decisiones que les permitan salir de una situación a la que se han visto abocados”. Por su parte, Unai Sordo, destacó en un encuentro reciente con los medios que “el Gobierno está en el momento en que necesita ejecutar cosas, bajar el balón al suelo y pasar de las musas al teatro, de los acuerdos al Real Decreto”.

Ambos líderes sindicales se muestran cautos. Rechazan que estén dando un ultimátum al Gobierno, pero insisten en que antes de seguir hablando de asuntos tales como contratación o control de horarios, entre otros, tienen que ver la luz los temas ya acordados. “No nos vamos a levantar de ninguna mesa, no vamos a abandonar ninguna negociación, esto no se cierra. Ahora bien, otra cosa es que digamos que mientras acordamos la reforma laboral no se hable de otros asuntos. Se trata de no abrir más temas que puedan impedir el acuerdo, que condicionen el acuerdo”, señalan fuentes de UGT.

Del lado de CCOO, Unai Sordo, puntualiza que una mesa de negociación “no es una tertulia” y que “si el Gobierno nos abre una segunda fase de negociación, ¿qué posición tenemos que jugar los sindicatos cuando nos consta que hay unos textos cerrados que aún no han visto la luz?”. De ahí la advertencia del secretario general de CCOO de que si no se cumple lo pactado "pueden debilitarse las mesas de diálogo en los próximos meses”.

EXPECTANTES ANTE LA NEGOCIACIÓN PARLAMENTARIA

Los sindicatos advierten de que no se van a corresponsabilizar de lo que salga del Congreso

La lógica se impone en estos argumentos. Avanzar es cumplir y cumplir es avanzar. Los sindicatos son conscientes de la “excesiva debilidad” parlamentaria del Gobierno, que solo cuenta con 84 diputados, pero le reclaman más “audacia”, más “solvencia” y que retome el “pulso político” en palabras de Unai Sordo. En su encuentro con la prensa, este dirigente sindical hizo una reflexión interesante “hay que situar la agenda” para que otros (en alusión a la derecha) no puedan manejarla. Sobre el stand-by impuesto hasta el momento por la patronal, UGT ironiza asegurando que “el Gobierno está esperando un milagro”.

Los sindicatos no hablan de “bloqueo” en la negociación parlamentaria de los PGE que el Gobierno mantiene con el PDdCAT pero se muestran expectantes ante el resultado que pueda salir de la misma por la posible “devaluación de los acuerdos”. Mientras el líder de CCOO advierte de que “una vez que te cierran los textos nuestra posición es la de los textos” y añade que “no se van a corresponsabilizar de lo que salga del Congreso”, desde UGT se emplaza al Gobierno a que “tire para adelante” por la vía del decreto. Forzar a las fuerzas políticas a que se retraten ante situaciones tan bochornosas como la que viven las camareras de piso (y eso solo es un ejemplo) puede servir de acicate, consideran los sindicatos.

En última instancia se trata de acabar con los sueldos de miseria, con la creciente precariedad laboral, con la desigualdad y pobreza sobrevenida por las políticas neoliberales que tomaron la crisis como excusa. Es hora de recuperar derechos, de que el Gobierno legisle en materia laboral y de pensiones, de abrir nuevas mesas de negociación, sí, pero también de exigir a los empresarios que cumplan con lo pactado.

CCOO y UGT, un toque de atención al Gobierno frente a CEOE y PDeCat