ENTREVISTA A CARLOS BRAVO, DIRIGENTE DE CCOO

“Destopar cotizaciones aportaría 7.000 millones”

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO afirma que el destope de las bases máximas de cotización está encima de la mesa de la negociación con el Gobierno.

carlos bravo2Destopar las cotizaciones sociales a los que más ganan “es una reivindicación sindical clara”, afirma en esta entrevista Carlos Bravo.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO valora positivamente el acuerdo presupuestario alcanzado por PSOE y Podemos pero insta al Gobierno a entrar en el detalle y empezar a regular vía real decreto ley en materias de especial urgencia sin esperar a que se aprueben los Presupuestos.

El dirigente sindical reivindica el marco del diálogo social y espera que en el mismo se concreten asuntos que el acuerdo deja en el aire, como la "corrección" de las reformas laborales precedentes o la derogación del factor de sostenibilidad de las pensiones.


Nuevatribuna | Isabel García | ¿Cumple el acuerdo PSOE-Podemos las expectativas sindicales respecto a recuperación de derechos sociales y laborales?

Carlos Bravo | El acuerdo es una buena noticia porque apunta a un cambio de dirección en las políticas presupuestarias de los últimos años. Tiene poca precisión en algunos asuntos. Es mas un acuerdo de legislatura que simplemente presupuestario, pero nos parece que es bueno porque establece una línea de trabajo completamente distinta y porque demuestra una capacidad de acuerdo entre las fuerzas progresistas que hasta ahora no se había dado más que en la moción de censura y que es relevante.

Hablemos del SMI. Criticas no han dejado de llegar al anuncio del Gobierno de elevarlo a 900 euros. ¿A qué atribuyes las reacciones de la cúpula empresarial?, no deja de sorprender cuando dicen que la subida del SMI “cuestiona el diálogo social”.

La subida recoge el acuerdo que habíamos alcanzado con el gobierno anterior. Se ha producido un primer avance en 2018, tenía que llegar ahora otro en 2019 y la culminación es el 1 de enero de 2020. Lo que hace el acuerdo es adelantarlo un año y elevarlo un poco más. Es verdad que es una materia que donde debería abordarse es el ámbito del diálogo social. También es verdad que la situación crítica es la que es y por tanto es razonable esperar que las fuerzas políticas intenten incorporar elementos propios en estas cosas, aunque nosotros, ya digo, que preferíamos que estos asuntos se abordaran en el ámbito del diálogo social.

Pero lo anunciado por el Gobierno mejora lo acordado en la mesa de diálogo social…

Que los empresarios no se lleven a engaño, la subida del SMI no afectará negativamente al empleo

50 euros más y anticipar un año lo que estaba acordado. Los empresarios han firmado además con los sindicatos un acuerdo de establecer el salario mínimo de convenio en 14.000 euros. Y ya le hemos dicho a los empresarios que cuando uno firma acuerdos tiene que ser consecuente con ellos. Porque, nos estamos encontrando (no en todos los sectores, se acaba de firmar el convenio de empresas de trabajo temporal y ha recogido completamente el acuerdo) muchos sectores donde las organizaciones empresariales no se vinculan con el acuerdo confederal. Llevamos avisando más de un mes que si no cumplen, la única alternativa que queda es la de que el SMI suba más, con más rapidez y con más intensidad. Por tanto, no se pueden llamar a engaño, y no se puede plantear que va a afectar negativamente al empleo un salario mínimo de 12.600 euros al año cuando acaban de firmar un salario mínimo de convenio que afecta a la inmensa mayoría de trabajadores de este país de 14.000. Ahí hay una contradicción que se entiende mal, porque ha habido una sobreactuación política en la respuesta y parece que los empresarios han decidido que ellos no podían ser ajenos a ello.

¿Qué salida hay si la patronal se niega a hacer efectivo el acuerdo para un salario mínimo de convenio de 14.000 euros?

No podemos decir que la patronal se niegue. CEOE y CEPYME dicen estar conformes con el acuerdo que han suscrito. Hay convenios, en trabajo temporal, en hostelería, que están firmando los 14.000 euros de salario mínimo de convenio y que están cumpliendo. Pero es verdad que hay otros sectores (están en negociación muchos, de diverso tipo) con dificultad para avanzar y con el argumento de que no se sienten vinculados por ese acuerdo. Claro, si los negociadores empresariales no se sienten vinculados con el acuerdo, son solo los negociadores sindicales los que tienen que hacer valer un acuerdo interconfederal, bueno, eso sí es atacar el marco del diálogo social.

Según los cálculos de CCOO la subida del SMI a 900 euros afectará a 1.300.000 personas y aportará 684 millones de cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Concuerda con los cálculos del Gobierno?

El Gobierno da un impacto de trescientos y pico millones del SMI que debe salir del impacto sobre salarios que soportan las administraciones públicas. En términos de cotizaciones, la estimación que tenemos es que un incremento del SMI como el acordado afectará a 1.200.000 personas y el salario mínimo de convenio de 14.000 afecta a a 2.200.000 personas. Lo acordado por PSOE y Podemos se sitúa más cerca de la primera cifra, a lo sumo, entre 1.300.000 o 1.400.000.

¿Qué opinas sobre lo anunciado por el presidente del Gobierno para los autónomos?

No tendría sentido que la base mínima de autónomos estuviera por debajo de la del régimen general

La subida del SMI significa una subida de bases mínimas de cotización, hasta ahora también de las bases mínimas de cotización del régimen de autónomos que eran más altas que las del régimen general. Sorprendentemente, el presidente del Gobierno dijo en el Congreso que esto no se iba a aplicar a los autónomos porque iba a haber una cotización por ingresos reales a partir del 1 de enero de 2019. A nosotros esto nos genera cierta incertidumbre. Hay poco tiempo para ponerlo en marcha. Los PGE tampoco van a estar aprobados para el 31 de diciembre y no sería razonable que la base de cotización mínima de autónomos estuviera por debajo de la del régimen general. También aquí ha habido una sobreactuación enorme por parte de las organizaciones de autónomos y de los partidos más conservadores hablando de que esto era una catástrofe para el mundo del trabajo autónomo que no es cierto, pero en CCOO intentamos ser prudentes. No tendría sentido que la base mínima de autónomos estuviera por debajo de la del régimen general, pero es verdad que llevamos muchos años demandando que se cotice por ingresos. Lo que esperamos es a conocer la propuesta del Gobierno. No hay que olvidar que el hecho de que la base mínima de los autónomos estuviera por encima de la del régimen general era una consecuencia directa de que podían elegir libremente la base y no cotizar por sus ingresos reales lo cual era beneficioso para quien ganaba más y perjudicial para quien ganaba menos. Y que eso se corrija y coticen los ingresos reales sería un paso adelante, pero, insisto, no es un asunto sencillo y estamos esperando la propuesta del Gobierno.

CCOO también ha aplaudido la reforma del subsidio por desempleo a los mayores de 52 años, aunque ha instado al Gobierno a acelerar su implementación por la vía del decreto ley. ¿Hay cierta urgencia, entiendo?

La reforma del subsidio por desempleo a los mayores de 52 años tiene que concretarse cuanto antes

Eso está ya acordado en el seno del diálogo social. El acuerdo PSOE-Podemos sitúa las cuatro piezas más conocidas del subsidio que se tocaron entre 2012 y 2013: se retrasó la edad de acceso a 55 años; se estableció una duración más corta porque te obligaban a jubilarte a la primera edad posible de acceso a la jubilación; se reducía la cotización a la Seguridad Social que tiene ese subsidio del 125% de la base mínima que pactamos en 2006 al 100%; y se sometía a pruebas de renta de unidad familiar en lugar de personales, lo que excluía a un 20% de beneficiarios. Pero nosotros ya tenemos un acuerdo más amplio en el seno del diálogo social. Además, hemos acordado con el Gobierno que todos los subsidios a tiempo parcial se recalculen para que puedan cobrarse los 430 euros íntegros. Por otra parte, para acceder al subsidio lo que se pide es tener 52 años cumplidos, y el haber agotado (después de haber cumplido los 52 años) una prestación contributiva o asistencial por desempleo. Si no es así, tienes que pasar tres meses por un puesto de trabajo para poder acceder al subsidio, y ese requisito también desaparece. Esas seis piezas estaban ya pactadas y aún estamos discutiendo un fleco que el Gobierno ha dicho aceptar pero que han pedido analizarlo para que la cotización del subsidio tenga unos efectos más amplios para acceder a la jubilación anticipada y la ordinaria. Por tanto, este asunto está ya acordado de manera detallada y precisa como se hacen las cosas en el ámbito del diálogo social, y lo único que esperamos es que se apruebe de inmediato, a través de un real decreto ley, sí, que se concrete cuanto antes sin esperar a la aprobación de los PGE.

El Gobierno prevé elevar los ingresos en 5.678 millones. ¿A tu juicio van a ser suficientes las subidas de impuestos anunciadas?

No todas las medidas de incrementos de ingresos son evaluables y necesitaríamos que el Gobierno las detallara. A nosotros lo que nos sale es un incremento de ingresos de 3.400 millones. El Gobierno anuncia 5.600. Podemos creo que ha anunciado 7.400. Sobre el impuesto tecnológico al comercio digital, el Gobierno dice que va a recaudar 1.200 millones en esa partida. A nosotros, si el tipo es al 3%, nos sale la mitad. Pero, dicho esto, no creo que el Gobierno dé 1.200 millones inventándose la cifra, entiendo que está utilizando una base imponible o una definición del impuesto que le permitirá alcanzar esa recaudación, pero lo que tiene que hacer es explicarlo. Hay que ver el texto normativo que se está elaborando. De momento tenemos incertidumbres sobre la precisión de los ingresos que se derivan del acuerdo.

Se habla de un ‘plan B’ del Gobierno para cuadrar las cuentas. En concreto de destopar las cotizaciones sociales a los que más ganan. En las últimas reuniones que habéis mantenido, ¿se ha puesto este asunto encima de la mesa?

Sí, sí, lo hemos discutido mucho y con mucha intensidad las organizaciones sindicales. Aquí hay dos elementos clave. El primero es que un sistema de Seguridad Social requiere que todo el mundo tenga un tratamiento similar, es decir que no haya tratamientos distintos, y en España estamos ahora mismo con 19 millones de personas cotizando a la Seguridad Social y más de 5 millones que no cotizan por sus ingresos reales y eso hay que corregirlo. Por un lado, están los autónomos, de los que ya hemos hablado, que pueden elegir libremente su base y el 85% elige la mínima; y por otro lado, hay aproximadamente 1.200.000 personas con salarios superiores a 45.600 euros al año y por el exceso sobre esa cifra no cotizan a la Seguridad Social y que además se concentran en las grandes empresas (telecomunicaciones, energía, automoción, sector financiero). Esto, en términos de recaudación es muy importante, son más de 7.000 millones de euros de posible recaudación anual. De momento, la respuesta que tenemos por parte de los empresarios es reticente y vemos al Gobierno dubitativo al respecto. Lo entiende, lo ve, habla de subir la base máxima, pero lo que que necesitamos es completar todo el potencial que tiene eso y eso significa que cotice por sus ingresos reales todo el mundo; que las pensiones tengan relación con esos ingresos reales; que el saldo entre el incremento de los ingresos y de los gastos sea positivo ahora y en el futuro para la Seguridad Social, de manera que ayudemos a financiar mejor el sistema y que sea equitativo para todos. Por lo tanto, este asunto está encima de la mesa, con el gobierno anterior, con el actual y es una reivindicación sindical clara.

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A propósito de pensiones, el acuerdo tampoco entra en detalle sobre fórmulas para garantizar la sostenibilidad del sistema.

No entendemos porqué el acuerdo PSOE-Podemos no recoge la derogación del factor de sostenibilidad de las pensiones

Sí. El acuerdo establece recuperar la revalorización con el IPC, algo que es un clamor para recuperar el poder adquisitivo de las pensiones. Y recoge también un incremento de las pensiones mínima del 3% que nos parece adecuado y que afecta fundamentalmente a las mujeres, principales receptoras de pensiones de viudedad. Y poco más. En lo demás lo que hace es una declaración diciendo que ‘habrá que establecer el equilibrio financiero entre ingresos y gastos y pensiones contributivas y contribuciones a la Seguridad Social’, lo cual nos parece bien, pero no dice cómo y nosotros creemos que es el momento de concretar. Tan importante como recuperar derechos es reforzar la estructura de ingresos para acabar con todas las polémicas, algunas más artificiales que otras, en relación con la sostenibilidad del sistema. Por otro lado, no menciona en modo alguno el factor de sostenibilidad, que creemos que se tiene que derogar y no entendemos por qué no está en el acuerdo. Luego, en el marco del Pacto de Toledo, será la forma de abordar cómo se financia el incremento de gasto que se deriva del aumento de esperanza de vida, que es real, que existe pero que no tiene porqué asumirse mediante una reducción de las pensiones futuras, se puede asumir mediante un actuación equilibrada sobre ingresos y gastos, en todo caso actuando sobre el conjunto de posibilidades sobre las que se puede actuar, que es lo que se acordó en 2011 y desde luego nada que ver con lo que hizo el PP en 2013.

¿Crees que está siendo efectivo el plan de choque contra la temporalidad y la precariedad que puso en marcha el Gobierno este verano?

El plan de choque contra la temporalidad debe contar con más medios

La información que tenemos es de un impacto de casi 50.000 altas, de conversiones a trabajo indefinido, porque es una campaña muy dirigida a las empresas que utilizan abusivamente la contratación temporal. Creo que debemos cambiar el foco de persecución del fraude laboral. El gobierno anterior se caracterizaba por estar continuamente hablando de las empresas ficticias, que es una realidad y hay que combatir, pero que es la parte más pequeña del fraude laboral que tenemos. El Gobierno del PSOE ha puesto el foco en el uso abusivo de la temporalidad y eso es positivo. Pero si queremos hacer una persecución clara del fraude laboral, necesitamos que la platilla de inspectores de trabajo aumente de una manera clara, que el plan se ejecute con más medios. No hay inversión más rentable en este país que dotar de medios a través de inspectores de Hacienda y de Trabajo para combatir el fraude. Por cada puesto de trabajo que se crea en esos cuerpos, la recaudación que se obtiene multiplica varias veces el coste de ese puesto de trabajo.

Trabajo también ha anunciado un plan para reforzar los controles de las bajas laborales en los procesos de incapacidad temporal. Tanto CCOO como UGT han pedido que se regule la actuación de las Mutuas. ¿Cómo habéis recibido este anuncio?

No se puede poner el foco en la criminalización de la persona que está en incapacidad temporal

Nos preocupa que se vuelva a poner el foco en la criminalización de la persona que está en incapacidad temporal y que se utilice a los médicos de la Seguridad Social para ejercer controles. Es mucho más prioritario abordar asuntos como que en España la enfermedad profesional no existe, todo se deriva a la enfermedad común. O vigilar a las mutuas que están realizando controles por enfermedad común incluso antes de que se produzca el tiempo de recuperación previsible. Si una persona tiene un brazo roto y tiene un tiempo de recuperación de un mes y medio no es razonable que esté recibiendo llamadas de control a los 15-20 días. Con demasiada frecuencia este problema se produce. El Gobierno dice que pone en marcha esta campaña porque se ha incrementado mucho el gasto en incapacidad temporal. Eso tampoco es exactamente verdad. Se ha incrementado, pero estamos en los niveles que teníamos con niveles de empleo comparables a los actuales de antes de la crisis. La prestación por incapacidad temporal, históricamente, evoluciona siempre de una manera muy similar. Con crisis hay gente que va a trabajar enferma porque tiene miedo a perder el empleo, y entonces baja el gasto en incapacidad temporal. Cuando salimos de las crisis, se incrementa el gasto, pero entre otras cosas, porque la gente si tiene una baja médica la cumple y no tiene ese temor a la pérdida del empleo. Cuidado también cuando se utiliza el término abusivo, porque generalmente si alguien está de baja es porque algún médico se la está dando. Si hay un comportamiento abusivo, ‘oiga, corríjase’, pero usted no puede poner el foco en que alguien puede estar prolongando la baja más de lo debido. Hay otros problemas que nos parecen más importantes que ese.

El acuerdo PSOE-Podemos va más allá del pacto de presupuestos. ¿Qué destacarías en cuanto a las reformas legales en materia laboral?

La música del acuerdo suena bien pero no le vemos la letra. Es más, en algunos temas clave de la reforma laboral de 2012 el acuerdo es muy tibio. En materia de ultractividad, de la prevalencia del convenio sectorial, en materia de subcontratación, nos ha parecido muy inconcreta y tibia y nos gustaría que se concretara más. De todas formas, es cierto también que es un aspecto de materia propia de dialogo social y nosotros estamos hablando con el Gobierno y avanzando en relación con la corrección de las reformas laborales precedentes. Esperamos que esa formulación genérica y menos concreta de lo que nos hubiera gustado en el acuerdo PSOE-Podemos vaya acompañada de un apoyo cuando se consiga acabar los resultados que esperamos tenga la mesa del diálogo social.