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martes. 16.08.2022
HISTORIA DE LAS OBRAS PÚBLICAS

La política hidráulica en el primer tercio del siglo XX

Este periodo de desarrollo de la política hidráulica comprende el reinado de Alfonso XII y la Segunda República
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Joaquín Costa
  1. Plan General de 1902
  2. Ley de 1911
  3. 1923: organismos autónomos
  4. Nueva política hidráulica de 1926
  5. El Plan de Lorenzo Pardo (1933)
  6. Principales obras realizadas

El regeneracionismo estaba formado por políticos destacados de la época, siendo su principal figura Joaquín Costa. Éste concebía el riego como el medio para despertar al país del letargo y sacarlo de la profunda crisis política, económica y social en que se encontraba.

Se identifica la política hidráulica con política agraria, siendo ésta la destinataria fundamental de las obras hidráulicas, para ello, es preciso la intervención estatal, puesto que la iniciativa privada no ha sido capaz de generar la actividad en este campo.

Este es el siglo del nacimiento de un tejido industrial aun muy incipiente y como consecuencia de ello, del crecimiento de la demanda de los núcleos de población, requiriéndoles de nuevas fuentes de suministros que complementaran a las tradicionales, en general, en la segunda mitad del siglo.

El Primer Plan de Obras Hidráulicas marca el fin del periodo de la Restauración. En su articulado, el Plan atribuía la ejecución de las obras de riego a particulares o empresas de riego mediante el sistema de concesiones.

Plan General de 1902

Este sistema reafirma la tendencia intervencionista del Estado iniciada en el periodo anterior. Gracias a esta Ley de Aguas se elabora el Plan General de Canales de Riego y Pantanos del año 1902, fecha en que también se crean las Confederaciones Sindicales Hidrográficas [1].

El Plan es elaborado en el año 1902, con los planteamientos regeneracionistas de la época, dominado por el pensamiento del aragonés Joaquín Costa. El gobierno presidido por Raimundo Fernández Villaverde, siendo ministro de Fomento, Rafael Gasset que impulsa el plan de 1902, siendo la respuesta del liberalismo político a la grave situación agraria en que está inmerso el país en aquellos momentos históricos. Sin embargo, este proyecto es duramente descalificado por Manuel Lorenzo Pardo [2].

Los planes del año 1902 aportan los elementos que conducen a un incremento de la regulación y de los aprovechamientos tanto para riegos, como para abastecimientos e incluso producción hidroeléctrica. Ello demanda unos planteamientos que tengan una gran racionalidad e integración en las actuaciones incluidas en el Plan del año 1902 y los resultados son muy lentos.

Esto provoca la aprobación de planes parciales en los años 1909. 1916, 1919 y 1921 más reducidos, si bien inscritos dentro de lo contemplado en el año 1902, que pretende concentrar todos los esfuerzos y mejorar la situación.

Este objetivo no fue totalmente alcanzado, siendo lo beneficios muy escasos hasta mediados de los años veinte. Se pone de manifiesto igualmente la incapacidad de la iniciativa privada para sumir la ejecución de las obras, por lo que a lo largo de este periodo el marco legal va evolucionando hacia un intervencionismo estatal creciente.

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Manuel Lorenzo Pardo.

El Plan del año 1902, opta por un planteamiento uniforme y considera beneficioso cualquier regadío y no utiliza como criterio la transformación del mismo, el coste económico por ha. Esto hace que las medidas tomadas no sean consecuencia de un estudio serio, y no disponen de la información necesaria para la realización de un plan de semejante envergadura.

La consecuencia de este hecho es que se hacen muchos regadíos interiores de dudosa rentabilidad, en detrimento de los regadíos mediterráneos, a pesar de ser aquellos poco flexibles y rentables por sus largos y rigurosos inviernos. Se puede decir, que este plan obtiene unos resultados poco satisfactorios, si miramos la gran inversión económica realizada.

Ley de 1911

La ley del año 1911, supone la alteración del régimen de concesiones, permitiendo que las obras de transformación en regadío fuesen construidas por el Estado con el auxilio económico de los propietarios de las tierras regables, solo en casos excepcionales la obra puede correr por cuenta exclusiva del Estado.

En el periodo comprendido entre los años 1911 y 1931 es el Estado quien realiza directamente las obras hidráulicas. La dictadura de Primo de Rivera supone la consolidación de la función del Estado en materia de regadío y se dan los primeros pasos hacia una política hidráulica coordinada y efectiva. El costismo supone una influencia fundamental para ello, en una línea de continuidad que llegó a su máxima expresión con la dictadura del general Franco.

La política hidráulica de Primo de Rivera se enmarca dentro de una política económica que pretende el aumento y mejor distribución de la renta nacional a través de la mejora de la agricultura, el fomento de la industria y el desarrollo del comercio exterior, y con una especial dedicación a los servicios y obras públicas.

1923: organismos autónomos

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Con la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera en el año 1923, se modifica radicalmente la política hidráulica. Siendo ministro de Fomento, el conde de Guadalhorce se plantea la descentralización de sus actuaciones mediante organismos autónomos de nueva creación, como las llamadas Confederaciones Sindicales Hidrográficas, siendo la del Ebro la primera en ser creada en el año 1926.

La finalidad de la creación de la Confederación del Ebro es “la formación de un plan de aprovechamiento general coordinado y metódico de las aguas que discurren por el cauce de los ríos comprendidos en la cuenca”.

Nueva política hidráulica de 1926

Se articula una nueva política hidráulica de la Dictadura en el año 1926, donde se determinan dos líneas principales de actuación con objetivos complementarios. De una parte se trata de conseguir la efectividad de las obras ya realizadas, así como de las realizables en el futuro.

El Real Decreto-Ley del año 1926 establece la obligatoriedad de transformar en regadíos las tierras afectadas por obras de riego, dando para ello un plazo máximo de veinte años. En caso contrario, será posible proceder a su expropiación.

La función de las Confederaciones Sindicales fue la elaboración y puesta en marcha de los planes de aprovechamiento coordinados de las aguas de cada una de ellas. El Real Decreto las definía como organismos públicos dependientes del Ministerio de Fomento. Disponían de amplias facultades y se beneficiaban de los incentivos económicos previstos por la legislación de las obras públicas.

En apoyo de las Confederaciones se creó el Consejo de Energía para la coordinación de las Confederaciones y en el año 1929, el Comité Central de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas, para ayudar a éstas a aunar normas y bases de actuación.

La política hidráulica española adquiere un carácter decididamente regional, pero sus logros fueron desiguales, dependiendo de las actuaciones de cada cuenca hidrográfica. Sin embargo, obtiene grandes éxitos la Confederación Sindical del Ebro.

Los logros de estas Confederaciones son muy desiguales, en contraste, por ejemplo, con el éxito espectacular en el río Ebro, donde se transforman más de 100.000 ha de regadío.

En otros ríos alóctonos, como el río Júcar,, apenas hay actuaciones. Dichas carencias las intenta solucionar el I Plan Nacional de Obras Hidráulicas del año 1933, con una perspectiva unitaria, que representa la supeditación de cualquier interés particular ya sea privado o regional, al horizonte nacional.

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Este Plan Nacional tiene un marcado sesgo mediterráneo. Las iniciativas tienen por finalidad primordial en canal de Murcia, la acequia Real del Júcar y los pantanos de Puentes y Valdeinfierno. Se plantea en esta zona un proyecto de redotación y expansión del regadío como el del canal de Murcia con 84.000 ha, y la ampliación de los riegos del Levante con 338.000 ha.

El Plan de Lorenzo Pardo (1933)

El Plan del año 1933 es obra de Lorenzo Pardo. Dicho Plan es aceptado con gran entusiasmo en la zona del Levante mediterráneo, pues significa su resurgir económico y una compensación al Plan del año 1902, que lo marginó.

Se afirma que la zona verdaderamente apta para el cultivo del regadío es la mediterránea: “donde se conservan los usos más antiguos, las tradiciones más vivas, las instituciones de riego más firmes, las prácticas más sabias, la mayor y más generalizada experiencia”.

Como directriz básica del Plan tenía la corrección de dos desequilibrios, el hidrológico entre las vertientes atlántica y mediterránea, y, junto a él, la marginación de la zona mediterránea resultante del Plan del año 1902.

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El instrumento para conseguir este doble objetivo era, primordialmente, el denominado Plan de Mejora y Ampliación de Riegos del Levante, que preveía la transformación de 338.000 ha en las provincias de Murcia, Valencia, Alicante, Almería, Albacete y Cuenca.

Para completar los regadíos inseguros y dotar los ocasionales y los nuevos en todo el Levante se precisaba el impresionante volumen de agua de 2.297 hm3, y para ello, además de los sobrantes de los ríos valencianos y murcianos se requerían caudales foráneos procedentes de las cabeceras del río Guadiana y, sobre todo, del río Tajo.

Sin embargo, este Plan levanta una fuerte contestación social en la zona de Castilla. Destaca en este sentido, la línea editorial del periódico El Norte de Castilla que es el más leído de la zona, donde acusa a Lorenzo Pardo de marginar a Catilla y favorecer descaradamente al arco mediterráneo.

José Gallarza que era ingeniero de Caminos y representante de la Diputación de Toledo en el Congreso Nacional de Riegos de Valladolid en el año 1934 expone su oposición a dicho Plan diciendo:

“Por qué había que favorecerá las zonas ricas, donde el Estado solo y espléndido ha realizado multitud de obras a costa de todos los pobres, donde el Estado no ha realizado nada pidiéndose emplear en ello todas las disponibilidades de la cuenca y todo el agua del trasvase…. No es ni plan ni nacional”.

Manuel Lorenzo Pardo dice, en el año 1934, que los resultados de la política hídrica hasta ahora realizada, obedecen a estímulos locales y esfuerzos personales que a razones de alcance nacional. Estos problemas son los que intentan solucionar con el I Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Dicho Plan tiene una perspectiva unitaria, supeditada a cualquier interés particular privado o regional al bien nacional.

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En estos años se trazan los planes y los proyectos hidráulicos que fueron bautizados veinte años después con el nombre de Plan de Badajoz. Se plantea llevar las aguas del río Guadiana, reguladas con el embalse del Cíjara, hasta la tierra de Barros.

Esto requería la construcción de un largo canal con un tramo intermedio de más de cien kilómetros de longitud y sin aprovechamientos posibles, lo que resultaría demasiado costoso. El riego de la Tierra de Barros, famosa por su fertilidad en toda España, primaba sobre cualquier consideración desfavorable.

Los primeros trabajos para localizar el canal mostraron que éste sería mucho más largo y costoso que lo imaginado. Los estudios para proyectar el canal de Montijo, realizados en la primavera del año 1933, demostraron que era mucho más sencillo y económico que regar la Tierra de Barros. Como consecuencia, proceder al riego de las que desde entonces se han llamado Vegas Altas y Vegas Bajas del río Guadiana, y finalmente fue la aprobada

La formación por cuencas hidrográficas queda condicionada a que la Administración lo declarase conveniente o por la solicitud de un mínimo de la riqueza agrícola o industrial afectada por el aprovechamiento de sus aguas corrientes.

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Se argumenta como motivo de su creación, que la economía nacional, afectada en gran medida por la ejecución y desarrollo de las obras hidráulicas, no es función exclusiva del Estado, sino que debe ir acompañado de la cooperación ciudadana, en combinación con los organismos, entidades e individuos interesados para lograr su máximo rendimiento y eficacia.

La representación en las Confederaciones la ostenta la Asamblea, la Junta de Gobierno y dos Comités ejecutivos, uno de reconstrucción y otro de explotación. La Asamblea está presidida por un Delegado Regio y formada por representantes del Estado, de los aprovechamientos, siendo nombrados sus representantes entre los agricultores e industriales interesados, Cámaras de Comercio, Agricultura Industria, Banca y Junta Central de Colonización.

Principales obras realizadas

En el valle del Ebro

Destaca el Plan Nacional de Obras Hidráulicas del año 1902, que sirvió para establecer la política de construcción de canales y embalses para el desarrollo del regadío. La rentabilidad de este esfuerzo planificador no se vio en la inmediatez.

Después de la Guerra Civil, fue cuando se percibió en los años cuarenta y cincuenta más nítidamente el aumento de las extensiones regadas de la Cuenca del río Ebro, como consecuencia de este proceso.

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Con la creación en el año 1926, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en plena Dictadura de Primo de Rivera favoreció la finalización de muchos de los proyectos de construcción de presas, pantanos y canalizaciones.

En el valle del Tajo

Se contempla la construcción de los pantanos de Entrepeñas, Peña Caballera y Retozones en la cuenca del río Tajo.

Se acometió la finalización de la Real Acequia del Jarama en el año 1910 y la reanudación de aquel tramo que llegaba hasta Toledo, que se terminó en la década de 1970.

En la cuenca del Henares se constituyó la Comunidad de Regantes de este río en el año 1926, que con la ayuda del Estado adquirió la propiedad del Canal con la finalidad de explotar todas sus posibilidades.

Con este objetivo se creó una Junta Administrativa encargada de acometer la finalización de las obras y la construcción de la presa de Palmaces, en el río Cañamares que se terminó en el año 1954.

En Cáceres se construyeron dos nuevos embalses, el pantano de la Maside en el año 1919 y la presa de Ribera de la Mula en el año 1920. En la década del año 1930, fue una de las zonas más importantes de regadío de la cuenca del Tajo por la gran cantidad de pantanos.

Se construyó en Madrid el pantano de Santillana sobre el río Manzanares en el año 1920.

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Por otro lado, los sistemas de riego del Real Sitio de Aranjuez pasaron en el año 1931 al Patrimonio de la República, quien dos años después los entregó al Ministerio de Obras Públicas, procediendo éste a la reparación de las obras de revestimiento de los canales y prolongación del canal de las Aves.

Estas obras fueron finalizadas en el año 1936. La actuación del poder central marco un proceso acusado de favorecer el margen derecho del Tajo. Madrid se vio favorecida por la política de riegos seguida por éste.

En el valle del Duero

A comienzos del siglo XX, se retoma la idea de transformar el canal de Castilla para el regadío y en el Plan de Obras Hidráulicas, así como la construcción de los pantanos de los Oteros y la Hoz de Alba.

Se creó la jefatura del canal de Castilla en el año 1909, que se encargó de estudiar el proyecto, y ese mismo año las Cortes Generales autorizaron la construcción del canal de regadío. Las medidas adoptadas no dieron los resultados apetecidos y las obras apenas se realizaron.

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Durante la Dictadura del general Primo de Rivera, al crearse las Confederaciones Hidrográficas de cada cuenca, se dio un impulso a la extensión del regadío y a las obras del Canal de Castilla. El riego directo del canal seguía siendo escaso en el año 1929.

Sin embargo, ya por entonces se pretendía derivar del mismo importantes canales y acequias. Esto se puso de manifiesto en el IV Congreso Nacional de Riegos, donde se enumeraron las siguientes infraestructuras: canal de Pisuerga, la acequia de Palencia, el pantano del Príncipe Alfonso y el pantano de la Requejada. Las obras se realizaron pero con mucha lentitud.

Otras cuencas

Se creó la Real Compañía de los Riegos del Levante que se encargó de la realización del trasvase de aguas del río Segura al Vinalopó, bajo la fórmula empresarial de venta de aguas.

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Las concesiones otorgadas para la margen izquierda permitían captar sobrantes del río Segura y sus azarbes [3] y transportarlos hasta los secanos campos de Elche. Esta obra ha seguido funcionando hasta ahora pero transformada en una comunidad de regantes.

Dentro del Plan Nacional de Obras Hidráulicas del año 1933, presenta la idea novedosa de la ejecución de un trasvase que con origen en la cabecera del río Tajo finalice en la cuenca del río Segura. Esta propuesta va acompañada de un incremento de la regulación muy significativo tanto de la cuenca del río Tajo, como de las cuencas receptoras.

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Se proyectan hasta doce embalses en la cabecera del río Tajo para regular el volumen de agua a transferir y se prevé también la posible captación de caudales de los ríos Záncara y Cigüela en la cabecera del río Guadiana. Se trata de la primera idea del trasvase del Tajo-Segura como elemento esencial para resolver el desarrollo agrícola del Levante y del Sureste peninsular.

Las aguas procedentes de las cabeceras del río Tajo, Guadiana y del propio Júcar van a parar al embalse de Alarcón. Desde allí, a través de una nueva conducción llegarían al embalse de Talave, desde el que se distribuirían por la cuenca del río Segura a través de dos canales.

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El primero, por la margen derecha, incorporaría aguas del río Segura en el embalse del río Cenajo y se bifurcaría al llegar al valle del Guadalentín en dos ramales, uno que concluiría en Cartagena y otro en el valle del río Almanzora. El segundo, por la margen izquierda llegaría hasta Alicante la Marina Alta. Entre los embalses de Alarcón y Talave se preveía la ejecución de un ramal a Albacete.

La corrección del desequilibrio hídrico se hacía a nivel peninsular mediante la aportación del río Tajo fundamentalmente, no exclusivamente, a través del trasvase Tajo-Segura, que con un esquema muy similar a éste, se desarrollara finalmente cuarenta años más tarde, como veremos en otro artículo.

Se estima insuficiente la disponibilidad de recursos existentes en la zona de Valencia y Castellón con las aportaciones del río Turia y el Palancia, aún incrementando la regulación del río Turia al máximo, por lo que propone la conexión con el río Júcar a través de la acequia Real y el de la Moncada.


NOTAS:

[1] Las Confederaciones Sindicales Hidrográficas tenían como finalidad la formación de un plan de aprovechamiento general coordinado y metódico de las aguas que discurren por el cauce de los ríos comprendidos en la cuenca, incluyendo entre sus competencias, el conocimiento e informe de todas las solicitudes de concesión de aguas públicas de la cuenca sobre el punto concreto de su compatibilidad con las obras incluidas en el plan de aprovechamientos y la propuesta de concesión o caducidad de ls que afecten a dicho plan.

[2] Era un ingeniero de Caminos que diseña el gran pantano del Ebro además del Plan de Riegos del Levante. Funda la Confederación Hidrográfica del Ebro y fue una de las voces más importantes en el tema del agua en la primera mitad del siglo XX

[3] Es la acequia que transporta las aguas sobrantes del regadío. Es un elemento tradicional de los países de huerta. Tras los riegos, las aguas sobrantes, bien directamente o bien por filtración son canalizadas en este tipo de construcción para evitar encharcamientos, así como para facilitar su reutilización. Las canalizaciones más pequeñas que aportan agua a los azarbes son conocidas como azarbetas.

La política hidráulica en el primer tercio del siglo XX