- El golpe y la Dictadura
- La reforma de la organización territorial de la Dictadura de Primo de Rivera
- El modelo corporativo parlamentario de Primo de Rivera
- El modelo sindical corporativo de la Dictadura de Primo de Rivera
- La UGT y los Comités Paritarios en 1926
- Los socialistas y la censura de la Dictadura de Primo de Rivera
- Una visión sobre los socialistas y la Dictadura de Primo de Rivera
- El análisis socialista sobre la caída de Primo de Rivera
- Los socialistas argentinos y la Dictadura de Primo de Rivera
Se cumple un siglo del golpe que terminó con el régimen constitucional, iniciado en la Restauración, para inaugurar una nueva época, conocida como la Dictadura de Primo de Rivera, cuyo fracaso precipitaría el fin de la Monarquía de Alfonso XIII. En este reportaje intentamos ofrecer algunas claves.
El golpe y la Dictadura
"Al país y al ejército españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la Patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso [...]. No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone [...]. En virtud de la confianza y mandato que en mi han depositado, se constituirá en Madrid un Directorio Militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público [...]. Para esto, y cuando el ejército haya cumplido las órdenes recibidas [...] buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, digna y sensata [...]. La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionaremos con este apartamiento total a que los condenamos [...].
Miguel Primo de Rivera. Capitán General de la IV Región. La Vanguardia, Barcelona, 13 de septiembre de 1923.
El día 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, mandó ocupar los servicios telefónicos de Barcelona y leyó un comunicado o manifiesto ante los periodistas dando un golpe de estado incruento. A los dos días el rey, de vacaciones en San Sebastián, regresó a Madrid. Ante la pretensión del gobierno de destituir a los sublevados, Alfonso XIII dilató su respuesta. Al final, decidió mandar formar gobierno a Primo de Rivera, convertido ya en dictador militar único, una figura nueva equivalente a presidente de gobierno y ministro universal. Para gobernar formó un Directorio Militar compuesto por generales.
La Dictadura se convirtió en la salida autoritaria ante la quiebra del sistema político de la Restauración
Entre la historiografía existe un debate sobre la supuesta complicidad del monarca en el golpe. No hay pruebas de una implicación directa del rey, pero es evidente su pasividad inicial y el nulo apoyo que prestó al gobierno legítimo. Se trataría de la culminación de su tendencia favorable hacia la participación de los militares en la política.
La Dictadura se convirtió en la salida autoritaria ante la quiebra del sistema político de la Restauración. Las causas de dicha crisis tienen que ver con la incapacidad del sistema político liberal de renovarse desde dentro, como quedó probado con los fracasos de los distintos proyectos de regeneración desde arriba, tanto desde la perspectiva conservadora, como de la liberal, así como de los gobiernos de concentración nacional. Otro factor que incidió en dicha crisis se refiere a la fuerte inestabilidad social, acentuada desde 1917. Por fin, la guerra de Marruecos se convirtió en otra causa clave, llegando al clímax con el Desastre de Annual.
El golpe triunfó porque contó con apoyos fundamentales. El rey consideraba que la crisis política y social amenazaba la existencia de la propia institución monárquica. El ejército era partidario del restablecimiento del orden público. Y, por fin, el empresariado, con evidente protagonismo del catalán, veía con mucha preocupación la fuerza del anarquismo, especialmente en Barcelona. Pero, no cabe duda, que, además, el golpe triunfó ante la pasividad del movimiento obrero, indiferente hacia la caída de un sistema político considerado caduco y perjudicial. La única oposición activa fue la de los comunistas en Bilbao.
Aunque es evidente la coincidencia en el tiempo con el triunfo del fascismo italiano, la Dictadura que se implantó en España no se pareció mucho a dicho movimiento político. Primo de Rivera no era una figura con el carisma de Mussolini, carecía de una ideología más o menos articulada, y no encabezó ningún partido o movimiento, aunque luego sí creó un partido propio.
La Dictadura suspendió la Constitución de 1876, aunque no la derogó. En principio, parecía que se pretendía implantar una solución transitoria y autoritaria ante el evidente desmoronamiento del sistema político.
La Dictadura implantó el estado de guerra durante casi dos años. La represión se concretó en una evidente merma de las libertades públicas
Los objetivos del régimen se pueden ilustrar con la frase: “menos política y más administración”. La actuación gubernamental no fue planteada desde un programa político bien definido ni previo, sino más bien como el resultado de la improvisación. En todo caso, la Dictadura pervivió seis años y gracias a una serie de éxitos iniciales: mantenimiento del orden público, aunque a través de una evidente represión, y la resolución de la guerra de Marruecos. Tampoco debe olvidarse que la Dictadura se desenvolvió en un contexto económico internacional de expansión económica. España se benefició del auge general.
La Dictadura implantó el estado de guerra durante casi dos años. La represión se concretó en una evidente merma de las libertades públicas, la prohibición de las reuniones y asociaciones políticas y la censura de la prensa. Los anarcosindicalistas se llevaron la peor parte en esta represión. Sus locales y órganos de prensa fueron clausurados. Los anarquistas fueron condenados a la clandestinidad y su organización fue desarticulada. A los socialistas se les respetó y se intentó que colaborasen, generando un intenso debate interno tanto en la UGT como en el PSOE.
Sobre la Dictadura de Primo de Rivera:
Barrio, Ángeles (2004). La modernización de España (1917-1939). Política y sociedad. Madrid.
Ben-Ami, Shlomo (1977). «The Dictatorship of Primo de Rivera: A Political Reassessment». Journal of Contemporary History 12 (1): 65-84.
Casassas Ymbert, Jordi. La dictadura de Primo de Rivera: 1923–1930. Textos. Ideas y Textos; no. 2. Barcelona. 1983.
González Calleja, Eduardo (2005). La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930. Madrid. Juliá, Santos (1999). Un siglo de España. Política y sociedad. Madrid.
García Queipo de Llano, Genoveva (1997). El reinado de Alfonso XIII. La modernización fallida. Madrid.
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La reforma de la organización territorial de la Dictadura de Primo de Rivera
En la Dictadura de Miguel Primo de Rivera se planteó una serie de reformas en la administración territorial de España que pretendía modernizarla, terminar con el caciquismo y acercar más la administración a los ciudadanos. Intentaremos dar unas claves de lo planteado y de sus limitaciones.
En la reforma de la administración de Primo de Rivera se pueden observar algunos de los rasgos del regeneracionismo, un movimiento intelectual un tanto ambiguo y que pudo ser interpretado desde distintos posicionamientos políticos. En este caso se pretendía superar la anquilosada estructura de poder de la Restauración y plantear una alternativa no democrática pero sí más moderna sin la lacra del caciquismo. La figura política clave de los cambios legislativos en la organización administrativa fue José Calvo Sotelo desde su puesto al frente de la Dirección General de la Administración.
Las primeras medidas iban encaminadas a controlar los resortes del poder en las provincias y los municipios después del golpe de estado. Así pues, se sustituyeron los gobernadores civiles por otros militares, y en los ayuntamientos se instalaron los delegados gubernativos, también militares. Los Consistorios fueron disueltos y sustituidos por las denominadas juntas de vocales asociados, que eran elegidos por los mayores contribuyentes que, en realidad, eran los antiguos caciques. Esta medida en el ámbito municipal nos permite comprobar ya desde el principio las limitaciones de la supuesta modernidad de los cambios. Al ser elegidos estos vocales por los propietarios se volvía, realmente, al sufragio censitario previo a la reforma de principios de los años noventa del siglo XIX.
Posteriormente, se aprobaron las reformas que perseguían tener un mayor calado. En 1924 salió el Estatuto Municipal. Se pretendía crear una nueva administración local. En este sentido se plantearon innovaciones importantes, como el aumento de competencias con autorización para que se hicieran municipales algunos servicios, además de diversos aspectos sobre el régimen jurídico de los ayuntamientos. Pero, realmente lo que se buscaba era que esta administración fuera adicta al régimen y muy centralizada. La administración local, como la provincial, no iba ser cambiada en un sentido democrático, sino más bien, tecnocrático. La lucha contra el caciquismo no fue tal, ya que se quedó en lo epidérmico porque solamente se persiguió a aquellos personajes del poder local que no eran claramente adictos a la Dictadura. Por su parte, también fueron disueltas las Diputaciones Provinciales. Los nuevos diputados provinciales serían nombrados por los gobernadores, es decir, se acentuaba el centralismo y el autoritarismo. Precisamente, al año siguiente se aprobó el Estatuto Provincial, que consagraba definitivamente la provincia como una circunscripción territorial fundamental.
El centralismo de Primo de Rivera era más acentuado que el de la propia Restauración, como se demostraría en el caso catalán
El centralismo de Primo de Rivera era más acentuado que el de la propia Restauración, como se demostraría en el caso catalán. La Ley de Mancomunidades (1913) había supuesto un intento, no muy profundo, pero sí novedoso y que costó mucho sacar en las Cortes, de descentralización. Cataluña optó a esta ley y formó su Mancomunidad en 1914, un organismo con competencias administrativas que supuso la primera experiencia de cierto autogobierno, con éxitos importantes en lo educativo, cultural y en el campo de las infraestructuras. Al poco de producirse el cambio político fue destituido Puig i Cadafalch, el segundo presidente de la Mancomunidad, siendo sustituido por Alfons Sala, hombre adicto al nuevo régimen. Sala desnaturalizó la Mancomunidad catalana, paralizando toda la obra emprendida y las instituciones creadas. Primo de Rivera terminó con la Mancomunidad el 12 de marzo de 1925, con la entrada en vigor del Estatuto Provincial. Con esta decisión la Dictadura se granjeó la enemistad de todo el catalanismo político, incluido el conservador y que no había visto mal el golpe para mantener el orden en Barcelona frente al movimiento obrero. La recentralización de Primo de Rivera potenció el catalanismo de izquierdas y las tendencias independentistas del mismo.
Algunas referencias:
Enrique Orduña Rebollo, “Reformas de la administración pública durante la dictadura de Primo de Rivera”, en Estudios de historia: homenaje al profesor Jesús María Palomares / coord. por Elena Maza Zorrilla, María de la Concepción Marcos del Olmo, 2006, págs. 195-210.
Eduardo González Calleja, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930. Madrid, 2005.
Ángeles Barrio, La modernización de España (1917-1939). Política y sociedad. Madrid, 2004.
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El modelo corporativo parlamentario de Primo de Rivera
En esta pieza nos acercamos al estudio de una cámara legislativa distinta a las propias de regímenes liberales y democráticos, y en la Historia de España, y más cercana, aunque no igual, a las Cortes franquistas. Estamos hablando de la Asamblea Nacional Consultiva de la Dictadura de Primo de Rivera. Se trata de una experiencia del corporativismo que se inscribe en un contexto general sobre esta filosofía política, pero también concreta de la segunda etapa de este régimen político, caracterizada por el intento de institucionalización del mismo para superar la provisionalidad primigenia.
A la altura de 1926 el régimen de Primo de Rivera, que había nacido como algo provisional, comenzaba a ser cuestionado y a presentar un cierto agotamiento. Empezó a pensarse en la necesidad de crear una especie de órgano legislativo que pudiera sostener al régimen o, en su caso, conducirlo a una cierta normalidad parlamentaria futura de forma controlada.
La creación de este órgano legislativo podría contemplarse como un avance en la suavización de la Dictadura, pero, en realidad, no era un parlamento propio de un sistema político liberal y/o democrático, porque no nacía de ningún tipo de sufragio –censitario o universal- ni tenía las competencias propias de un legislativo clásico. Su anuncio y establecimiento no fueron especialmente bien acogidos. Para los enemigos de la Dictadura no sólo era una farsa de parlamento sino que, además, se veía como un medio más para apuntalar y consolidar un régimen que querían derribar. Si el dictador pretendía, además, usarlo para volver a la normalidad constitucional de 1923 tampoco era visto con agrado porque de ese modo estaría colocando a hombres nombrados por él para dirigir la transición.
La Asamblea Nacional Consultiva nació con un Decreto del 12 de septiembre de 1927. La primera función que tendría esta institución sería la de fiscalizar la labor del gobierno, algo propio de un parlamento moderno, pero el reglamento de la cámara impedía ejercer dicho control, por lo que quedó como algo puramente decorativo. También debía elaborar leyes.
La Asamblea se dividía en 18 secciones. La mayoría de estas secciones eran de carácter técnico, económico o jurídico. La única sección verdaderamente política era la denominada “Proyecto de Leyes Constituyentes”. A esta sección se le encargó la elaboración de un proyecto de Constitución, que debía ser la que crearía un nuevo sistema político nacido de la Dictadura.
Los miembros de la Asamblea tendrían diferentes orígenes. En primer lugar, cada provincia enviaría un representante municipal y otro de la propia provincia. En segundo lugar, cada organización provincial de la Unión Patriótica, es decir, el partido único creado por el dictador, enviaría otro representante. Por fin, habría miembros que representaban al Estado, otros lo eran por derecho propio y, por fin, existirían representantes de distintas actividades. En realidad, eran nombrados directa o indirectamente por el poder.
La creación de la Asamblea Nacional Consultiva generó un nuevo motivo de polémica en el seno del PSOE y de la UGT sobre la colaboración o no con el régimen
La creación de la Asamblea Nacional Consultiva generó un nuevo motivo de polémica en el seno del PSOE y de la UGT sobre la colaboración o no con el régimen. Largo Caballero defendía que se estudiara el proyecto de Primo. Indalecio Prieto se manifestó radicalmente en contra de participar. Por su parte, Julián Besteiro defendió acudir a la Asamblea si por medio de la misma se pudieran alcanzar puestos eficaces para profundizar en la lucha social. En el debate, Largo Caballero se inclinó por esta postura, aunque con cautela, ya que debía depender de cómo iban a ser elegidos sus miembros. Al final, los socialistas no entrarían en la Asamblea por el sistema de elección de sus miembros. A la UGT le convenía la elección corporativa porque, de ese modo, podría nombrar libremente representantes suyos, y no la individual, dependiente, en realidad, de la voluntad del dictador. En los Congresos de la UGT y del PSOE del año 1927 se ratificó la negativa a participar, a pesar de que el gobierno nombró representantes socialistas para la Asamblea.
La Asamblea tuvo una vida breve, desde septiembre de 1927 hasta finales del año 1929. No se hizo nada de cierta relevancia legislativa. Interesaría reseñar, al menos, los debates que se dieron en las secciones económicas porque reflejarían los intereses, en muchas ocasiones encontrados, entre los distintos sectores afines al régimen. Sí se elaboró el proyecto constitucional, pero nada más porque al poquísimo tiempo el régimen entró en franca crisis y se optó por otro tipo de transición que, como bien sabemos, fracasaría. En el proceso de elaboración de este proyecto se produjeron no pocas disputas entre los distintos sectores políticos de la Dictadura, que reflejarían posturas enfrentadas en el seno del universo de la derecha española sobre qué régimen político había que institucionalizar en el futuro.
Como en tantas otras cuestiones de la Dictadura de Primo de Rivera esta institución y este proyecto constitucional serían experiencias que interesarían al franquismo, tanto para imitarlas como para rechazarlas o modificarlas.
Bibliografía:
Barrio, Ángeles (2004). La modernización de España (1917-1939). Política y sociedad. Madrid. Síntesis.
Ben-Ami, Shlomo (1977). «The Dictatorship of Primo de Rivera: A Political Reassessment». Journal of Contemporary History 12 (1), pp. 65-84. Casassas Ymbert, Jordi. La dictadura de Primo de Rivera: 1923–1930. Textos. Ideas y Textos; no. 2. Barcelona. Anthropos, 1983.
González Calleja, Eduardo (2005). La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930. Madrid. Alianza Editorial.
Juliá, Santos (1999). Un siglo de España. Política y sociedad. Madrid. Marcial Pons.
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El modelo sindical corporativo de la Dictadura de Primo de Rivera
El modelo sindical de la Dictadura de Primo de Rivera se estableció a través de los denominados Comités Paritarios, organismos creados por un decreto-ley de 26 de noviembre de 1926, obra de Eduardo Aunós, ministro de Trabajo bajo la Dictadura de Primo de Rivera. Tenían como misión regular las relaciones laborales. Se encontraban dentro de la Organización Corporativa Nacional, y eran su principal pilar. Tenían funciones jurisdiccionales e inspectoras. Se encargaban de aprobar y elaborar leyes reguladoras sobre las condiciones laborales y de resolver los conflictos entre la patronal y los obreros.
Los Comités Paritarios estaban formados por vocales, en igual número, que eran representantes de los patronos y de los trabajadores. El presidente era un representante del gobierno. Los vocales eran nombrados de forma libre por los empresarios y por los sindicatos. De esta manera, la UGT consiguió copar casi todos los puestos, habida cuenta que el sindicalismo anarquista estaba prohibido. La participación de la familia socialista en el sistema laboral corporativo diseñado por la Dictadura generó un intenso debate interno.
Por encima de los Comités estaban los Consejos de Corporación y una Comisión Delegada de Consejos. También, había Comisiones Paritarias locales de trabajo y provinciales. Duraron hasta 1931 cuando fueron sustituidos por los Jurados Mixtos.
Los Comités Paritarios contribuyeron, además de la represión y la bonanza económica, que no deben olvidarse, a que la conflictividad social bajase considerablemente en relación con el período anterior. Pero la crisis económica que comenzó a afectar a España ya en 1928 terminaría con la relativa paz social. Precisamente, en este momento, la patronal y los sectores sociales y políticos más conservadores comenzaron a criticar a los Comités Paritarios. Pidieron su reforma para que solamente se dedicasen a las cuestiones de arbitraje laboral y no a legislar. El paternalismo de Primo de Rivera no era ya una opción que los empresarios considerasen positiva.
En conclusión, los Comités Paritarios se quedaron a medio camino entre dos modelos de sindicalismo. Por un lado, al estar integrados en la Organización Corporativa Nacional, parecían encuadrarse en el sindicalismo único y obligatorio de tendencia vertical y totalitaria. Pero, al permitir la existencia de la UGT, habría un componente de sindicalismo de clase evidente. No era, pues, igual al modelo italiano impuesto por el fascismo. Lo que se pretendía era evitar las huelgas y solucionar los conflictos sociales a través de la intervención. El franquismo, por su parte, aprenderá de la experiencia de la Dictadura y será más favorable al modelo fascista para establecer un claro sindicalismo vertical. Era impensable que se permitiesen los sindicatos de clase.
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La UGT y los Comités Paritarios en 1926
En esta aportación queremos reflejar una importante reunión que tuvo lugar en la UGT en diciembre de 1926 para tratar sobre el Real Decreto Ley de 26 de noviembre de ese mismo año que ponía en marcha los Comités Paritarios de la Organización Nacional Corporativa, obra de Eduardo Aunós en la Dictadura de Primo de Rivera.
La reunión, convocada por la Comisión Ejecutiva de la UGT, tuvo lugar el 29 de diciembre en la Casa del Pueblo de Madrid, entre Francisco Largo Caballero y los secretarios de las distintas Federaciones.
El objetivo de la reunión era cambiar impresiones sobre la mencionada disposición, y establecer qué rumbo tomar.
El secretario general explicó qué eran los Comités Paritarios, qué función tenían, y así como la importancia que para las organizaciones obreras de la UGT podía tener el acogerse a lo establecido.
Se decidió por unanimidad que las Federaciones aconsejasen a sus Secciones respectivas que solicitasen la constitución de Comités Paritarios en todas sus localidades.
Largo Caballero explicó los requisitos para poner en marcha los procesos. Las Sociedades debían figurar en el censo electoral social. Al parecer, en la reunión uno de los asistentes recordó que el plazo de inscripción en dicho censo había terminado ya, pero en el Real Decreto-Ley de los Comités Paritarios se establecía una disposición transitoria con un nuevo plazo.
Así pues, se publicó en El Socialista la nota de esta reunión y el aviso para que las Secciones que aún no hubiesen solicitado su inclusión en el censo electoral social podían, y estaban en el deber de hacerlo, cuestión ésta importante en el aviso, de solicitarlo lo más pronto que pudieran. La solicitud debía enviarse al director general de Trabajo y Acción Social.
En el anuncio se afirmaba que sería lamentable que por falta del requisito del censo no se pudieran constituir algunos Comités Paritarios en condiciones, y pudieran dictar normas de trabajo sin que los miembros de la UGT participasen en la toma de decisiones, cuestión fundamental para que el sindicato hubiera decidido participar en los Comités Paritarios dentro de la vía reformista.
El proceso administrativo de constitución de los Comités Paritarios puede ser consultado en el Real Decreto-Ley que publicamos en El Obrero, y en El Socialista en su número 5558. Sobre la reunión y el anuncio podemos acudir al número 5586 de El Socialista.
Por otro lado, para comprender las decisiones de la UGT es imprescindible trabajar con el volumen segundo de la Historia de la UGT: Entre el reformismo y la revolución, tomo escrito por José Luis Martín Ramos, que atiende al período entre 1914 y 1931, y que publicó Siglo XXI en 2008.
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Los socialistas y la censura de la Dictadura de Primo de Rivera
Con fecha de 14 de septiembre de 1923, es decir, al día siguiente del golpe de Miguel Primo de Rivera, la redacción de El Socialista recibió una nota de la Capitanía General de Madrid en la que se solicitaba la presencia de un redactor para que se le entregase un ejemplar del Bando de Guerra declarado en dicha región militar y para que recibiese instrucciones sobre la censura previa que se había establecido, y que comenzaba a tener vigor en las ediciones de la noche de los periódicos. Así hizo el órgano oficial del PSOE.
Las instrucciones de la censura previa establecían que había que enviar las pruebas de los originales para ser revisadas por un gabinete que se había montado en Capitanía para dicho cometido. Quedaba taxativamente prohibido tratar sobre la guerra de Marruecos y no se podían hacer críticas sobre la situación actual.
Las instrucciones fueron publicadas en el número del día 15, calificando el momento como uno de los “más gravísimos por que jamás pasó la historia de España”. Con mesura el diario quería manifestar su protesta.
El periódico expresaba que deseaba vivir en un régimen de libertad y democracia porque era el único modo de que la vida ciudadana fuera digna. La censura previa era considerada como la negación del derecho a escribir, y de ese modo se asfixiaba el pensamiento. Pero la organización obrera y el pueblo necesitaban que El Socialista se publicase, defendiendo la causa socialista. El periódico anunciaba que haría todo lo posible para no romper la relación constante con el proletariado.
Se reconocía que hacer el diario iba a convertirse en una tarea difícil. No se podía tratar nada relativo a la guerra, un asunto que, como sabemos, era una prioridad para los socialistas desde los tiempos del 98, y que tantas preocupaciones generaba en la opinión pública.
El Socialista esperaba que la clase obrera supiera apreciar la serie de obstáculos que se presentaban para su redacción, y entendiera que no se publicasen determinadas cuestiones.
En el número siguiente se insistió en esta cuestión, informando que no se iban a publicar comentarios que no pasarían la censura, por lo que era inútil hacerlo, esperando que los lectores comprendieran el momento en el que se estaba viviendo. Además se insertaba una proclama en la que se pedía el apoyo a los trabajadores para el diario no desapareciese porque sería muy perjudicial para el PSOE y la UGT.
Estas explicaciones y la mesura que manifestaba la redacción de El Socialista expresaban la postura templada del socialismo español ante el golpe a la espera de acontecimientos, y siempre en la línea política y sindical de mantener a ultranza las organizaciones, recomendando que no se emprendiesen acciones, ante el temor de que la nueva situación afectase a las mismas con el peligro de que fueran clausuradas, y que el Partido y el Sindicato defendieron públicamente en manifiestos y recomendaciones en las propias páginas del diario.
Conviene consultar los números 4555, 4556, 4557, 4558 y 4559 de El Socialista.
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Una visión sobre los socialistas y la Dictadura de Primo de Rivera
El socialismo español fue y ha sido acusado hasta hoy en día de colaborar con la Dictadura de Primo de Rivera, especialmente por la participación de los representantes de la UGT en los Comités Paritarios. En este artículo queremos recordar la opinión, sobre esta cuestión, del destacado socialista balear Lorenzo Bisbal. Publicó un artículo (“La Dictadura y los socialistas”) en El Obrero Balear, que El Socialista recogió en julio de 1928.
Bisbal afirmaba que había elementos liberales y que se decían próximos al socialismo que les acusaban de colaborar con la Dictadura. La colaboración se basaba en la aceptación de cargos de representación y por designación (elección) obrera en organismos “público-sociales”, algo que siempre había hecho el socialismo español en organismos donde pudiera tener influencia, siguiendo la táctica “intervencionista, reformista o evolucionista” propia del Partido Socialista. Cuando esa táctica se había desarrollado antes del golpe de septiembre se había elogiado, pero cuando se había continuado en la Dictadura se criticaba.
En este sentido, recordaba las intervenciones ante el Gobierno para reclamar “cosas legales y justas”, el trabajo en el Instituto Nacional de Previsión, en el Instituto y Juntas de Reformas locales, en los Tribunales de Industria, en otros organismos y hasta ante el Consejo de Estado. Esa labor, insistía, había sido elogiada por esos elementos que ahora afirmaban que, a partir del 13 de septiembre de 1923, los socialistas tenían que haberse abstenido de ocupar cualquier cargo (estaba refiriéndose a los representantes de los Comités Paritarios). La razón era que España estaba regida por un “Gobierno de fuerza”. Había pues, que renunciar a la táctica tradicional socialista y cruzarse de brazos.
Pero Bisbal consideraba que si hubiese optado por esta solución se hubiera echado por la borda la labor de cincuenta años de lucha, con el peligro de que la organización obrera, al verse desatendida por los socialistas, habría caído en “manos amarillas”, como había acontecido, en su opinión en Barcelona y otros lugares. Los socialistas se habrían anulado como lo estaban las demás fuerzas políticas, haciendo el juego a la burguesía y la reacción. Habría sido un suicidio.
El PSOE y la UGT habían seguido trabajando, y habían conseguido contar con una fuerte militancia disciplinada y cuyos ideales eran los necesarios para la democratización del país
Pero al haber continuado con los mismos principios y táctica se había conseguido que el socialismo español fuera la única fuerza “sana y positiva” en España, la única esperanza democratizadora. Bisbal aprovechaba para criticar a otras fuerzas, presumiblemente, pensamos, del republicanismo español, que se habían dedicado a “críticas y murmuraciones infantiles”, además de inventar la teoría de la colaboración socialista con la Dictadura. El PSOE y la UGT habían seguido trabajando, y habían conseguido contar con una fuerte militancia disciplinada y cuyos ideales eran los necesarios para la democratización del país. En conclusión, Bisbal defendía la tesis de que el socialismo español había mantenido su misma línea de trabajo y estrategia con el cambio de régimen. No especificaba que eso habría sido lo mejor para la clase trabajadora, aunque se puede deducir de lo que decía al hablar de que la labor desarrollada en el pasado se echaría a perder, además de que hubiera peligrado la propia organización obrera. Bisbal insistía mucho en que la táctica continuista había conseguido que el socialismo español fuera la única fuerza organizada, en su opinión.
El artículo ha sido consultado en el número 6068 de El Socialista, de 22 de julio de 1928. Sobre esta época tenemos algunos estudios, como el de Enrique Guerrero, “El socialismo en la dictadura de Primo de Rivera”, en Revista de Derecho Político, nº1 (1978), páginas 59-85, y que podemos leer en la red. Sobre Lorenzo Bisbal, además de consultar en la hemeroteca de este medio donde hemos publicado algunos trabajos, existe una reciente monografía de Antoni Vidal Nicolau, Llorenç Bisbal. El líder històric del socialisme mallorquí (1876-1935), 2022.
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El análisis socialista sobre la caída de Primo de Rivera
En este trabajo analizamos las primeras impresiones de los socialistas ante la caída de Primo de Rivera. El PSOE apostaba por una salida democrática. Pero, además, se hicieron interpretaciones sobre la propia Dictadura, el sistema corporativo y las alianzas políticas con los republicanos, que pueden ayudarnos a precisar algo más las posturas del PSOE en un momento clave de la Historia española, y que terminarían por generar un intenso debate interno.
El Socialista en su número 6545 comentó la dimisión de Miguel Primo de Rivera. Los socialistas eran conscientes de la importancia histórica del momento, creando grandes expectativas. Se detectaba un interés general en regresar a la normalidad constitucional, y que ellos compartían. Por su parte, siempre según el órgano socialista, los partidarios de las dictaduras estaban decepcionados porque creían que estos sistemas constituían el remedio para curar los males políticos de los países. La libertad y la democracia no servirían, o perturbaban la vida política y social. Ese había sido el espíritu que había imperado durante la Dictadura de Primo de Rivera. Pero se habían despertado de la “pesadilla”.
El periódico socialista señalaba que parecía, según los defensores de la Dictadura, que se habían solucionado algunos problemas: el sindicalismo, el saneamiento financiero, o el del regionalismo. Aunque se quería ser cauto, y creemos más que nada por la censura, los socialistas opinaban que las derechas habían tenido mucho éxito en intentar hacer creer a la opinión pública que no había más problemas que los generados por los sindicalistas (anarcosindicalistas).
Los socialistas recordaban que su objetivo no sólo era cambiar el régimen político, sino transformarlo también económicamente, frente al privilegio
En el siguiente número de El Socialista se realizaba un análisis más detallado. El final de la Dictadura de Primo de Rivera había producido un alivio general, como se había expresado anteriormente, pero, en realidad, los problemas seguían ahí. No bastaba con el fin del régimen. Los socialistas recordaban que su objetivo no sólo era cambiar el régimen político, sino transformarlo también económicamente, frente al privilegio. Pero, además, el socialismo para desarrollarse necesitaba un régimen de plena libertad y democrático. Por eso, no se estaba de acuerdo con la solución que se había arbitrado para arreglar el conflicto generado por la Dictadura, que solamente satisfacía a la burguesía y a las derechas. Recordemos que el rey había llamado a Dámaso Berenguer para hacerse cargo del poder, inaugurando lo que se ha conocido como la Dictablanda.
El régimen de libertad que se perseguía no debía ser por concesión sino conquistado con el esfuerzo de los trabajadores. El artículo de opinión hacía un ejercicio sobre la importancia de la conciencia de clase, y sobre la tarea socialista en favor de la democracia en un sistema sin privilegios de clase, políticos ni económicos.
En el número del primero de febrero se incluía otro análisis sobre el final de la Dictadura, que había terminado sin violencia después de seis años y medio, algo poco común en este tipo de regímenes políticos, que se sustentaban sobre la propia violencia por muy paternalistas que fueran. La Dictadura de Primo que había conseguido sobrevivir a conjuras y hasta a una rebelión militar, había terminado como lo habían hecho otros gobiernos de una forma antigua como en la época de Fernando VII o de su hija Isabel II.
Por ahora no se podía hacer balance del régimen porque seguía funcionando la censura, aunque llegaría el momento, pero lo que los socialistas querían demostrar era que no se podía gobernar dando la espalda a la democracia.
El Gobierno de Berenguer tenía que abolir la censura y restablecer la Constitución, y en un breve plazo, precisamente, porque la Dictadura había durado mucho y nunca había debido producirse. En este sentido, es más interesante el largo artículo de opinión, que se publicó en el número del domingo 2 de febrero, sobre lo que debía hacer el nuevo ejecutivo. Interesa porque trata uno de los temas que está relacionado con la polémica sobre la relación entre el socialismo y la Dictadura de Primo de Rivera en la cuestión laboral a través de los Comités Paritarios.
El Socialista se hacía eco de las opiniones vertidas por la Junta Directiva del Círculo de la Unión Mercantil y por El Debate pidiendo al nuevo gobierno que eliminara rápidamente la Organización Corporativa, especialmente el diario católico que, por otro lado, no deseaba unas elecciones en un breve plazo de tiempo. Los socialistas no querían que se aboliese esta organización, aunque podía ser reformada, porque, como bien sabemos, fue un instrumento apreciado por el sindicalismo socialista para conseguir mejoras concretas para los trabajadores, en línea con la filosofía de este tipo de sindicalismo frente a la revolucionaria del anarcosindicalismo. A lo sumo, se pedía que los presidentes de estos organismos paritarios fueran elegidos por los miembros de los mismos, ampliación de sus competencias, y obligado respeto a sus fallos. En todo caso, estos cambios debían ser aprobados por el Parlamento desde el momento que se había puesto fin a la Dictadura. Los socialistas insistirían en la defensa de los Comités Paritarios en otro artículo de opinión de El Socialista del 6 de febrero, como una conquista de la organización obrera.
Pero los socialistas planteaban también otros deseos fundamentales: la convocatoria inmediata de Cortes Constituyentes, para abril o mayo, y elegidas por sufragio universal de hombres y mujeres mayores de 23 años, aspecto a destacar en relación con la futura polémica sobre el voto femenino, en grandes circunscripciones, y por sistema proporcional para evitar el fraude electoral de base caciquil.
El PSOE pensaba que el poder legislativo era el órgano soberano para disponer lo que estimase oportuno sobre la obra legislativa de la Dictadura
El argumento sobre la necesidad de dar un tiempo para que los partidos se reorganicen no valía para el PSOE. Los partidos con base ideológica, como el monárquico, el republicano o el socialista siempre estaban formados. Los que realmente necesitaban tiempo eran los caciques, por lo que no había que demorarse con el fin de impedir que el viejo sistema o tinglado electoral previo al golpe de septiembre de 1923 se recompusiese. En todo caso, en otro artículo -8 de febrero- se pedía que todos debían definir bien su ideología en el nuevo momento histórico, constatando que las derechas se estaban movilizando más rápidamente que las izquierdas no obreras.
Los socialistas también pedían que se dejasen sin efecto las sanciones anticonstitucionales que impuso la Dictadura, y todas las multas, devolviéndose las cantidades a los sancionados. También debían anularse la disolución ilegal de la Academia de Jurisprudencia, así como tenían que disolverse la Junta del Ateneo nombrada por el Gobierno frente a la elegida por los socios, así como el Centro de Dependientes del Comercio de Barcelona que detentaban ilegalmente los Sindicatos Libres. Por fin, tenían que dejar de tener efecto cualquier disposición tomada de forma dictatorial y que supusiese abusos de poder en perjuicio de colectividades o particulares. Por fin, tenía que decretarse un indulto general para los delitos políticos y sociales, que en su día el Parlamento debía convertir en una ley de amnistía.
Por otro lado, el PSOE pensaba, en la misma línea garantista, que el poder legislativo era el órgano soberano para disponer lo que estimase oportuno sobre la obra legislativa de la Dictadura. Por fin, se volvía a solicitar el levantamiento de la censura, y la restauración de las garantías constitucionales.
En el número del 4 de febrero, El Socialista planteaba, qué debía hacer el PSOE en la nueva etapa que se abría en España. Aunque los socialistas siempre habían dejado claro su programa político creían que debían reafirmar varios principios bien claros frente a la opinión pública.
En primer lugar, se apelaba a la prudencia a la hora de definir alianzas políticas, por supuesto ninguna con fuerzas monárquicas, ni con los liberales, a los que se les acusaba de haberles faltado una verdadera conciencia liberal y resolución para defender las libertades en su día. Habría practicado muchas claudicaciones y traiciones a la causa de la libertad fortaleciendo a la reacción. En este aspecto, el Partido seguía su línea clásica contra los liberales, como se puso de manifiesto en algunos momentos claves de la época constitucional o frente a Canalejas.
En relación con los republicanos, el artículo era muy cauto, reflejando, a nuestro entender, la división interna socialista en este tema, ya que no se negaba la posibilidad de llegar a acuerdos con los mismos, pero siempre que sus fuerzas se reorganizaran, se disciplinaran y dieran una sensación de seriedad, sin caudillismos antidemocráticos. Los socialistas eran muy críticos con uno de los males de las fuerzas republicanas, donde había muchos personalismos enfrentados. El camino para que los socialistas convergiesen con los republicanos era todavía muy largo, y no llegaría hasta el otoño.
Sobre estas cuestiones podemos consultar a Santos Juliá, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, 1997. Nuestra fuente, como hemos indicado en el artículo, procede del archivo de El Socialista, que podemos consultar en la red gracias a la Fundación Pablo Iglesias.
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Los socialistas argentinos y la Dictadura de Primo de Rivera
El diario socialista argentino La Vanguardia dedicó gran parte de su sección de Internacional a los sucesos que acontecieron en España a partir del 13 de septiembre de 1923 con el golpe de Miguel Primo de Rivera, incluyendo el manifiesto que publicaron el PSOE y la UGT. En este artículo queremos hacernos eco del primer análisis que realizó el socialismo argentino en su periódico sobre lo que ocurría en España, y que se publicó en el número del jueves, 20 de septiembre (nº 5845).
Los socialistas argentinos querían que la clase trabajadora del país fuera consciente de los peligros que le acechaban, especialmente donde estaba menos organizada, porque en el mundo se detectaba una “conspiración reaccionaria”. Había, por lo tanto, que analizar aquellas tomas del poder que habían tenido éxito, es decir, en Italia y en España, aludiendo implícitamente a la Marcha de Roma en el otoño anterior de 1922, y al recién golpe de Estado de Primo en Barcelona. Ambas tomas de poder tenían, a juicio de los socialistas argentinos, características comunes: dictaduras con carácter social, antiproletario, antes que político, “en el sentido vulgar del concepto”. Este artículo trata de la interpretación del socialismo argentino sobre lo que estaba ocurriendo en España.
En el caso concreto español se era consciente de que se había producido un golpe y que se estaba instituyendo una dictadura militar. Se comentaba para el público lector argentino que la misma se intentaba justificar por la supuesta incapacidad y los vicios de los políticos, es decir, de los propios gobernantes monárquicos. Pero, insistimos, por la “supuesta” incapacidad, ya que las razones del golpe estarían en otro lugar.
Dicha dictadura militar había resuelto prohibir las huelgas en lo sucesivo, ordenando que las que había cesasen inmediatamente, es decir, el periódico quería reafirmar el carácter "social” del golpe, reforzando esta tesis con la constatación de que la patronal organizada había apoyado el golpe, así como de los obreros católicos organizados.
El artículo de opinión interpretaba que los problemas del separatismo, de la campaña marroquí y aún de las responsabilidades militares por el desastre en la misma, no eran los más difíciles por sí mismos. Es llamativo que el socialismo argentino considerara que el gobierno destituido hubiera hecho suya cualquier indicación seria para poner coto al nacionalismo catalán, y hubiera cedido a la presión militar en relación con toda la cuestión de Marruecos. Eso sí, para los militares todo este asunto se había vuelto muy preocupante especialmente por la presión del socialismo español a través de sus representantes parlamentarios (una alusión implícita al protagonismo de Indalecio Prieto, sin lugar a dudas) y de la agitación de la opinión pública contra la guerra durante muchos años, es decir, estamos viendo cómo el socialismo argentino desarrollaba su tesis social sobre lo que había ocurrido en España. El golpe no se había hecho por cuestiones políticas.
Tres componentes habían formado una alianza: los militares, los patronos y la Iglesia, y cada uno había aportado sus “odios y sus temores”. Los primeros habían querido impedir que los poderes civiles los juzgasen y condenasen. Los segundos temían el control obrero en las fábricas y, por fin, la última no podía aceptar cambios constitucionales para que otras confesiones religiosas, toleradas simplemente, tuvieran el mismo rango que el catolicismo.
La dictadura militar española pretendía presentarse como purificadora del parlamento y de los gobernantes, es decir, de la política. Era muy sintomático que los elementos reaccionarios encontrasen detestable el parlamento desde el momento en el que había entrado la clase trabajadora. Se opinaba que esto estaba ocurriendo en todas partes. La burguesía se sentía asfixiada por la legalidad y la democracia, por lo que encontraba en las dictaduras la mejor salida.
Llamaba la atención de que los militares y los capitalistas hablasen de los políticos y del parlamento como si pudieran hacerlo los anarquistas. Como vemos, el socialismo argentino estaba analizando el golpe de Barcelona y la inaugurada dictadura española como un fenómeno del naciente populismo de extrema derecha, un asunto que hoy estamos conociendo mucho mejor gracias a la recientísima biografía de Miguel Primo de Rivera de Alejandro Quiroga, publicada en España por Crítica. El periódico insistía que hasta en la propia Argentina la propaganda de descrédito del parlamento era cada vez más continua y sistemática, siendo protagonistas de la misma los “más caracterizados órganos capitalistas”. Pero no se trataba, siempre según el juicio del periódico La Vanguardia, de la crisis o bancarrota del sistema parlamentario sino de la crisis de la burguesía, de las facciones, en el caso argentino, de la “política criolla”.
Por eso, el socialismo argentino aludía a que para la clase trabajadora la democracia y el parlamento eran un medio de defensa contra la dictadura militar capitalista. Interesaba fortalecer la institución, infundirle nueva vida. Esa era la lección de que se podía sacar de lo que estaba sucediendo en España.
