Este juicio fue el más importante en la historia argentina, tanto por el número de personas sometidas a proceso, como por el número de víctimas y hechos juzgados
@jgonzalezok | Cinco años después de que comenzara el juicio, 29 represores argentinos fueron condenados a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la antigua Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), el más terrible de los centros clandestinos de detención que hubo en la Argentina durante la pasada dictadura (1976-1983).
Entre los condenados a la máxima pena prevista en la legislación argentina, están Jorge El Tigre Acosta, jefe del Grupo de Tareas que secuestraba y torturaba a opositores del régimen y su mano derecha, Alfredo Astiz. La misma pena recibieron dos de los pilotos de los “vuelos de la muerte”, que lanzaron al vacío, sobre el mar o el río de la Plata, los cuerpos dopados de decenas de detenidos-desaparecidos. Entre las personas que conocieron tan trágico fin están dos monjas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet, y algunas Madres de la Plaza de Mayo, como su fundadora, Azucena Villaflor. Otro de los pilotos, Julio Poch, que había sido detenido en Valencia (España) en septiembre de 2009, fue absuelto.
Otros 19 represores fueron condenados a penas de entre 8 y 25 años de prisión y entre los 6 absueltos está Juan Alemann, un civil que fue secretario de Hacienda de la dictadura, que habría sido reconocido en una visita a los secuestrados en la ESMA. La lectura de la sentencia duró casi cuatro horas y hubo algunas escenas de tensión, ya que había familiares de víctimas y victimarios. Entre los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos hubo general satisfacción, ya que temían sentencias más benignas.
Este juicio fue el más importante en la historia argentina, tanto por el número de personas sometidas a proceso, como por el número de víctimas y hechos juzgados. Por la ESMA pasaron más de 5.000 personas, muy pocas de las cuales sobrevivieron. En dicho centro clandestino de detención hubo una maternidad clandestina, donde nacieron bebés de mujeres detenidas, niños que fueron entregados a represores para su crianza, caso por ejemplo de Victoria Donda, hoy diputada. El almirante Massera, que integró con Videla y Agosti la primera Junta Militar, trató de utilizar a algunos de los detenidos allí para sus fines políticos. La novela Recuerdos de la Muerte, del escritor y periodista Miguel Bonasso, ex militante montonero, cuenta magistralmente la trama de los planes de Massera y ayuda a comprender qué pasó en la ESMA.
Entre las personas más conocidas que fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada -situada en la elegante avenida del Libertador, de la capital argentina- estuvo el escritor Rodolfo Walsh, militante de los Montoneros, que después del golpe militar montó la agencia ANCLA, Agencia Clandestina, que hacía llegar información confidencial a los medios argentinos y extranjeros. Muy poco antes de caer publicó una Carta Abierta a la Junta Militar, un estremecedor y muy documentado informe en el que denunciaba la masacre que estaban llevando a cabo los militares.
El más conocido de los represores condenados es el excapitán de fragata Alfredo Astiz (en la imagen), también conocido como el Ángel de la Muerte, que acaba de recibir su tercera condena a cadena perpetua. Poco después del golpe militar se infiltró en los grupos de familiares de desaparecidos. Se presentó allí con el alias de Gustavo Niño, decía ser familiar de un desaparecido y fue el entregador de las primeras madres de desaparecidos que también fueron secuestradas. Las marcó con un beso tras una reunión en una iglesia. Durante un tiempo trató también de infiltrarse entre los exiliados argentinos en París. En 1990 fue sentenciado en ausencia por la justicia francesa, que lo juzgó por el secuestro y asesinato de las dos monjas con dicha nacionalidad. Y fue quien secuestró a la joven sueca Dagmar Hagelin, hecho que tuvo gran repercusión internacional.
Este era el tercer juicio relativo a los delitos cometidos en la ESMA. El primero, en 2007, tenía un solo acusado, Héctor Febrés, y terminó cuando el acusado murió antes de finalizar el mismo. El segundo, que comenzó a finales del 2009, terminó con 16 condenados.
Para llegar a estas sentencias tuvieron que pasar los juicios contra las cúpulas militares al comienzo del primer gobierno de la democracia, de Raúl Alfonsín. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que dictó el mismo gobierno, presionado por los propios militares. El indulto del ex presidente Carlos Menem, que parecía clausurar definitivamente la vía para castigar estos crímenes. Y la reapertura de los juicios, previa anulación de las leyes que beneficiaron a los represores, al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner.
